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Las detenciones se aceleran tras las excarcelaciones y los destierros de los últimos meses mientras el país centroamericano se hunde en una represión sin freno

Dos diputados y otro sacerdote han sido los últimos presos políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha metido entre rejas en Nicaragua. En un contexto de represión sin freno, y luego de excarcelar y desterrar a 222 prisioneros en febrero pasado, el aparato sandinista ha mantenido el efecto “puerta giratoria”: el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza 89 reos hasta el mes de agosto.

“Entre el 1 y el 31 de agosto 2023 se registraron 24 detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, de las cuales cinco fueron liberadas y al menos 15 personas continúan en cárcel”, detalla un informe presentado por el organismo opositor.

El Mecanismo denuncia una nueva modalidad de celebración de juicios que se realizan sin el traslado de la persona acusada al Complejo Judicial. Las audiencias se celebran a través de videoconferencias, sin la posibilidad que el detenido tenga comunicación con el abogado defensor de su elección. “Se continúan recibiendo denuncias de personas detenidas víctimas de las oleadas represivas de abril 2023″, agregan, en referencia a la persecución política que el régimen desató contra los católicos. “De esta manera queda en evidencia el estado de terror de la población que, por el miedo a las represalias, calla los casos de sus familiares injustamente detenidos hasta por más de dos meses”.

“Esta cacería está enmarcada en el objetivo de la dictadura de mantener un estado totalitario, desde la perspectiva de que ya llevan mucho tiempo violentando, por ejemplo, el derecho a profesar la fe libremente y las manifestaciones de resistencia política de los ciudadanos”, dice a EL PAÍS el abogado opositor Juan Diego Barbarena, miembro del consejo político de la Unidad Azul y Blanco. “Es un escenario de continuidad del totalitarismo pero también es una manifestación de debilidad del régimen, porque necesita mantener a los nicaragüenses en el marco de un estado de excepción de facto en las calles. Necesita continuar apresando a la disidencia política para posicionarse ante una eventual negociación política que por ahora no se vislumbra. Pero se trata de tener una posición muchísimo más asimétrica al momento de realizar concesiones”.

Los detenidos

La detención más sonada fue la del diputado de origen indígena Brooklyn Rivera, fundador del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, (Yatama o “Hijos de la Madre Tierra”, en lengua miskita). Ocurrió el pasado 29 de septiembre: el legislador estaba escondido en su vivienda ubicada en la ciudad caribeña de Bilwi, cuando un contingente policial irrumpió por todos los flancos.

Rivera permanecía en su vivienda desde mayo pasado, cuando regresó a Nicaragua de un viaje al extranjero a pesar de que el régimen le negó el ingreso legal a su país, después de participar en el Foro Permanente de Naciones Unidas (ONU) para las Cuestiones Indígenas, donde vertió críticas contra el Gobierno. De acuerdo con la hija de Rivera, el legislador estaba siendo vigilado desde su ingreso regular al país.

Rivera había sido desde 2007 aliado político del Frente Sandinista, el partido que comandan Daniel Ortega y Rosario Murillo. La alianza se rompe cuando lo destituyeron como diputado ante la Asamblea Nacional por presuntas acusaciones de tráfico ilegal de tierras en el año 2015. En 2016, Yatama participa como partido regional en las elecciones parlamentarias y Rivera es elegido nuevamente como diputado. Yatama es la fuerza política predominante en el Caribe de Nicaragua y luego de la detención de Rivera el Gobierno canceló la personería política del partido, al mismo tiempo que confiscó sus propiedades.

El primero de octubre la policía detuvo a la diputada suplente de Rivera y presidenta regional del partido indígena Yatama, Elizabeth Henríquez James. Ambos fueron eliminados de la lista de legisladores que aparece en el sitio web del Parlamento.

“La detención de Brooklyn Rivera también está encaminada a que el control totalitario se manifieste también en la Costa Caribe, sobre todo en el norte donde Yatama es el principal partido político. Hay que recordar que el próximo año, en 2024, habrán elecciones regionales en el Caribe”, sostuvo Barberena.

Este jueves cinco de octubre fue apresado el sacerdote Álvaro Toledo horas después que advirtiera en su homilía sobre los múltiples arrestos de sacerdotes de la diócesis de Estelí, misma que encabeza el obispo Rolando Álvarez, preso desde agosto de 2022. El párroco fue sacado a la fuerza de la casa cural en la ciudad de Ocotal.

“Nuestra diócesis se está quedando sin sacerdotes, no tenemos sacerdotes, pedimos a nuestro buen pastor abundantes vocaciones y a ellos estar en sus parroquias”, expresó el sacerdote en su homilía. El párroco dijo en la misa que hay seis sacerdotes de su diócesis arrestados por razones políticas. Además, días atrás hubo un rumor de que él también había sido arrestado. “La verdad es que ya sabemos que en cualquier momento nos puede tocar, pero tenemos la paz y la conciencia tranquila”.

EL PAÍS