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Un total de 972 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos entre 2016 y 2025 documentó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, según un informe presentado este jueves.

La cifra equivale a un promedio cercano a 100 muertes anuales, lo que mantiene al país dentro de los contextos con mayores niveles de riesgo para esta población.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que “es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos”. La declaración se produce en un contexto en el que el informe identifica persistencia de patrones de violencia que no han sido revertidos.

El documento reconoce medidas adoptadas por el actual Gobierno, entre ellas el reconocimiento público de la situación, la apertura de espacios de diálogo con organizaciones sociales, la adopción de acciones preventivas en casos urgentes y el desarrollo de una política nacional. También se señala la cooperación con la Oficina de la ONU en el país.

Sin embargo, el informe advierte que “las instituciones estatales en general no han podido revertir las tendencias y patrones de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos, ni superar los desafíos estructurales”.

Esta evaluación ubica la respuesta institucional dentro de un escenario en el que persisten limitaciones para garantizar protección integral.

El informe ubica al país en un punto de inflexión, al señalar que “el país se encuentra en un punto de inflexión” y que, sin una agenda estatal clara en prevención, protección, investigación y atención de causas estructurales, la violencia continuará.

Este análisis se articula con la evolución posterior a la firma del Acuerdo de Paz de 2016, tras la cual se registró un aumento gradual de los asesinatos.

De acuerdo con el documento, esta tendencia se relaciona con conflictos armados en zonas previamente controladas por las FARC-EP, donde el Estado ha tenido dificultades para consolidar presencia. A ello se suman dinámicas asociadas a economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas.

Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 fueron asesinadas 410 personas defensoras, según el informe. En este periodo también se registraron 2.018 casos de amenazas y ataques, aunque se advierte que esta cifra corresponde solo a una fracción de la magnitud real debido a la ausencia de un sistema unificado de información.

El documento identifica además un impacto desproporcionado en comunidades indígenas, que representaron el 23% de las víctimas, pese a constituir el 4,7% de la población total del país.

También se mencionan afectaciones a comunidades afrodescendientes, campesinas, juntas de acción comunal, líderes ambientales, defensoras, personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género y líderes políticos.

En relación con los responsables, el informe indica que más del 70% de los perpetradores fueron identificados como actores armados no estatales, lo que refuerza la relación entre violencia contra defensores y disputas territoriales en zonas con presencia de economías ilegales.

El informe plantea recomendaciones orientadas a consolidar políticas públicas, implementar reformas institucionales e impulsar investigaciones penales, con el objetivo de desmantelar estructuras responsables y prevenir la impunidad. También se propone desarrollar mecanismos de protección ajustados a las condiciones territoriales.

En este sentido, Türk afirmó que “además de garantizar la rendición de cuentas por los asesinatos ocurridos, abordar las causas estructurales de esta tragedia humana con un enfoque integral debe ser la prioridad”. La declaración apunta a la necesidad de articular acciones estatales que permitan garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio de la defensa de derechos.

El documento también advierte sobre limitaciones operativas de la Oficina de la ONU en Colombia, derivadas de recortes presupuestales en 2025. Según el informe, esta situación ha reducido la capacidad de despliegue en zonas de alto riesgo, afectando el monitoreo de casos y la respuesta a solicitudes urgentes de comunidades.

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