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Fernando Ayala
Economista, ex embajador.

En los inicios de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzó en el país del norte lo que se conoció como el “red scare” o “miedo rojo” al comunismo que rápidamente se extendió por el país con la amenaza de un ataque nuclear soviético. En febrero de 1950, el senador Joseph McCarthy (1908-1957) pronunció un discurso señalando que tenía una lista de nombres de funcionarios comunistas infiltrados en el servicio exterior estadounidense, trabajando en embajadas o como analistas en el Departamento de Estado. Ello dio inicio al período conocido entre 1950-1954 como “Macartismo”, donde se levantaron listados con nombres de artistas, intelectuales y políticos a quienes se les cerraron puestos de trabajo, bajo acusaciones de trabajar para el comunismo.

Una nueva sombra de temor, esta vez a la presencia de China en la región, parece extenderse desde Washington al sur del continente con características diferentes obviamente, pero atemorizando para impedir que los gobiernos acepten la presencia de inversiones en áreas consideradas vitales para la nueva definición del interés nacional de Estados Unidos. La implementación se ha materializado castigando en los últimos meses con la revocación de visas de ingreso por parte del Departamento de Estado a altos funcionarios públicos de países de América Latina. Entre ellos se encuentra el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, junto a 14 otros funcionarios costarricenses. En el caso de Brasil, el presidente Trump exigió la liberación del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por la justicia brasilera por su intento de golpe de Estado. Ante la negativa de someterse a un dictamen extranjero, Trump aplicó aranceles del 50% a las principales exportaciones brasileras, junto con revocar las visas a varios jueces del Tribunal Supremo Federal y al propio ministro de Justicia de Brasil. Todos quedaron con prohibición de ingreso a los Estados Unidos. Similares sanciones bajo diversos argumentos han recibido funcionarios de México, Panamá, Nicaragua o Venezuela entre otros.

El que causó conmoción en Chile fue el reciente castigo al ex ministro de Transporte junto a dos funcionarios del gobierno del expresidente Gabriel Boric, que concluyó el 11 de marzo. Fue el propio Secretario de Estado, Marco Rubio, quien el 20 de febrero entregó la siguiente declaración: “El Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del Gobierno de Chile quienes, con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio.” Los hechos son que en 2025 el gobierno chileno inició una negociación con la empresa China Mobile para la instalación de un cable submarino digital que uniría a Hong Kong con el puerto de Valparaíso, que permitiría la conexión digital por primera vez entre Asia Pacífico y Sudamérica, beneficiando a toda la región. Las negociaciones estaban recién en una etapa inicial, de evaluación y deberán seguir un largo camino para su eventual aprobación, lo que probablemente no ocurrirá con el actual gobierno recientemente asumido por el temor a las represalias. El embajador estadounidense en Santiago advirtió que, de aprobarse, su país podría entrar a revisar todos los acuerdos de intercambio de información existentes, debido a que Washington considera que representa un riesgo para la infraestructura regional de seguridad. Uno similar está en ejecución con la empresa Google, el proyecto Humboldt, que unirá con un cable digital de casi 15 mil kilómetros a Valparaíso con la ciudad de Sidney en Australia. Sin embargo, continuará pendiente la conexión con Asia Pacífico que beneficiaría a toda Sudamérica. China es el principal socio comercial de varios países de la región, comenzando con Chile, el cual fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas en 1970. Además, el año 2000 lo reconoció como economía de mercado lo que facilitó su ingreso posterior a la Organización Mundial de Comercio (OMC). También vale la pena recordar que el primer tratado de libre comercio (TLC) firmado por Beijín, fue con Chile en el año 2005. China es hoy el país donde se destinan casi el 40% de las exportaciones chilenas, por lo que intentar prohibir un cable digital que una Sudamérica con la segunda economía del mundo afecta a toda la región.

Estados Unidos cuenta en la actualidad con alrededor de 30 cables submarinos que lo unen a Asia, por donde circulan los datos a través de la fibra óptica a una velocidad medida en milisegundos que lo acercan a la de la luz. Con China fue inaugurado en el año 1999 el llamado China-US Cable Network que conectaba a la ciudad de Shanghái con California, pero que quedó obsoleto con el desarrollo de nuevas tecnologías. Posteriormente, junto con la expansión de la globalización, apertura financiera y comercio, llevaron a planificar la instalación de nuevos cables por consorcios chino-estadounidenses como el Pacific Light Cable Network, operado por Google y que conectaría Hong Kong con la ciudad de Los Ángeles. En 2020 el proyecto fue modificado por motivos de seguridad desviando la transmisión a Japón o Corea. Otros cables operan con Taiwán y Filipinas. Indirectamente hay redes multinacionales que luego de China pasan por Japón, Corea, Taiwán y Guam, sitio considerado estratégico para la seguridad de Estados Unidos en Asia Pacífico. La cancelación de los proyectos de cables se evalúan hoy por las condiciones de seguridad, a partir de los temores de la administración del presidente Trump de que los cables submarinos sean instrumentalizados por el gobierno chino con el aprovechamiento de los millones de datos que circulan y que podrían afectar la seguridad nacional.

En general, se sabe que los cables submarinos digitales contienen información crítica para la seguridad nacional debido a que son la base principal del tráfico mundial de internet por donde transitan comunicaciones oficiales de gobiernos y del sistema financiero global. Las posibilidades de intervenirlos existen y de ahí el temor a que sean utilizados con fines de inteligencia. La principal fuente de poder hoy son los datos, nuestros datos que navegan libremente en las redes y que alimentan a las grandes corporaciones que modelan ya el futuro, intervienen en la política y con la ayuda de la Inteligencia Artificial pretenden construir, en algunos casos, un mundo diferente.

De ahí que el mensaje del gobierno del presidente Trump parece ser claro para los países de América Latina: el interés nacional de Estados Unidos debe ser asumido como propio por cada uno de los países de la región, de lo contrario deberán atenerse a las consecuencias. Es decir, en lenguaje de los inicios de la guerra fría, alineamiento total. Ello ha provocado a muchas personas, especialmente políticos, periodistas, científicos o académicos, entre otros, a cuidar sus declaraciones por temor a ser denunciados o sancionados. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile y un país culturalmente atractivo, donde gran parte de los profesionales de la región viajan a especializarse. En el caso del ex ministro de Transporte de Chile, ingeniero civil de profesión, su doctorado lo obtuvo en Berkeley y hoy por intentar mejorar la conectividad de Chile ha sido sancionado junto a sus familiares directos, prohibiéndoles su ingreso a los Estados Unidos donde reside su hija. El mensaje ha sido claro para los gobiernos latinoamericanos: nada que afecte el interés nacional de Estados Unidos, puede ser ejecutado sin el consentimiento de Washington.