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El principal afectado por el retiro de visados es el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, acusado de aceptar sobornos y “favorecer el narcotráfico”

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este lunes que restringirá los visados a todos los ciudadanos del hemisferio occidental que “debilitan gobiernos elegidos democráticamente”. El estreno ha sido inmediato, con la revocación de las visas de 18 ciudadanos sudamericanos y de sus familias. La mayoría son de Bolivia, 13 personas, casi todas ligadas al sistema de justicia.

El nombre más destacado es el del fiscal general boliviano, Roger Mariaca, quien dirige la investigación judicial contra un asesor de la ultraderecha regional, Fernando Cerimedo, por supuesto enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio. Entre los sancionados hay también un empresario y una senadora colombiana, cercanos al expresidente de izquierdas Gustavo Petro; dos ecuatorianos cuyos nombres no se revelan; y un juez peruano que recientemente fue foco de atención al fallar a favor de una empresa China que opera el puerto de Chancay.

El Departamento de Estado no da detalles o evidencia sobre las acciones de cada uno de los ciudadanos a los que ha retirado el visado. En el comunicado de prensa en el que ha hecho pública la decisión, solo menciona que han “debilitado a gobiernos elegidos democráticamente a través de corrupción o acciones ligadas al narcotráfico en nuestra región”.

El único caso en el que se detiene es en el del fiscal Mariaca, a quien acusa de abusar de su posición de poder y aceptar sobornos para “favorecer el narcotráfico y ayudar a que criminales violentos evadan la justicia”. Antes de ejercer su cargo en el Ministerio Público, Mariaca, de 38 años, fue abogado particular especializado en materia penal, docente universitario y fiscal en Santa Cruz de la Sierra. Como ocurre con los cargos estratégicos en Bolivia, fue elegido por dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa.

La Administración de Donald Trump dice que “abusó de sus cargos públicos” para extorsionar y aceptar coimas. “Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo de las Américas, está trabajando para fortalecer”, describe el texto.

Injerencia extranjera

Mariaca salió a defenderse y denunció injerencia extranjera y presión política por el caso Cerimedo que lleva adelante el Ministerio Público. “Sabemos que el trabajo que venimos haciendo no ha sido del agrado de determinados sectores políticos tanto dentro como fuera del país. Sabemos que algunas investigaciones tienen implicaciones que trascienden las fronteras nacionales. El caso Cerimedo, por ejemplo “, dijo el fiscal general del Estado en un video transmitido desde la sede de la Fiscalía General del Estado, acompañado de su equipo. “Si cumplir mi deber significa afrontar presiones y represalias, asumiré mi responsabilidad “, sentenció. El Gobierno, por su parte, anunció el inicio de una investigación por la que se solicitó información y pruebas a Washington sobre sus acusaciones. El impacto llegó también a la Asamblea, cuyos presidentes de ambas cámaras pidieron en una conferencia de prensa conjunta que Mariaca se aparte del cargo hasta que se aclaren las acusaciones en su contra.

Mariaca ya estuvo en la discusión pública cuando, en 2023, fue acusado de realizar depósitos por más de 400.000 bolivianos (alrededor de 34.000 dólares) a la hija de un funcionario municipal de Santa Cruz de la Sierra, ciudad donde ejercía como fiscal antes de ocupar el cargo a nivel nacional. El caso se diluyó cuando se descubrió que meses después devolvió el dinero, aunque en un monto ligeramente menor. También fue cuestionado por presunta negligencia en 2021 por la investigación del caso Las Londras, una propiedad rural en la que periodistas que cubrían un conflicto por tierras fueron secuestrados por personas encapuchadas y armadas.

En la lista de ciudadanos bolivianos afectados está también Ramiro Campero, miembro del Tribunal Constitucional de Bolivia; el exministro de Justicia que fungió durante la gestión de Arce, Iván Lima; el policía coronel William Cabrera; o la jueza Ximena Flores. Esta última emitió en agosto una orden de libertad para Hebert Zeballos, uno de los principales involucrados en la desaparición de más de 30 maletas que no cumplieron los controles aduaneros y se presume que llevaban droga.

La decisión del Departamento de Estado se toma después de que delegados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieran con Donald Trump en Nueva York para reafirmar su apoyo al Escudo de las Américas, la coalición que fundó el presidente de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la región. El boliviano Rodrigo Paz, el ecuatoriano Daniel Noboa, el colombiano Abelardo de la Espriella y la peruana Keiko Fujimori hacen parte de dicha coalición.

Guiño a De la Espriella

En el caso de Colombia, entre los señalados por Estados Unidos como enemigos de la democracia están dos personas que son cercanas a la izquierda. Por un lado, Euclides Torres, poderoso empresario de Barranquilla que financió buena parte de la campaña presidencial del expresidente Gustavo Petro, y cuyos cercanos han militado en el partido de izquierdas Pacto Histórico. Por otro lado, está Martha Peralta, senadora del petrismo y que, como Torres, es oriunda del Caribe colombiano, en su caso del departamento de la Guajira.

Desde que Abelardo de la Espriella ganó las presidenciales a mitad de junio, ha construido una estrecha relación con Washington. El nuevo presidente colombiano había acusado a Torres, a Peralta y a otra veintena de políticos del Caribe de comprar votos a favor del senador de izquierdas Iván Cepeda. Hace tres meses envió una carta al Departamento de Estado pidiendo que les revocaran las visas. No ocurrió para la veintena de políticos denunciados, pero sí para el empresario Torres y la senadora Peralta.

Megapuerto chino en Perú

A diferencia de los otros países, la Administración Trump apuntó contra un solo blanco en Perú: el juez Juan Carlos Núñez Matos y su familia. A inicios de año, este juez del Primer Juzgado Constitucional de Lima falló a favor de Cosco Shipping, la empresa china que financia y opera el megapuerto de Chancay, en el norte de Lima, que se ha convertido en un foco de tensión entre China y Estados Unidos.

Núñez Matos dictaminó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no tiene competencia para fiscalizar dicha obra, inaugurada en noviembre del 2024. Construido con una inversión de 1.300 millones de dólares, Cosco Shipping sostiene que es un puerto privado y, por tanto, debe ser excluido de la supervisión y el control de tarifas del Estado peruano. Para Estados Unidos, el megapuerto de Chancay representa un riesgo estratégico y geopolítico.

Antes de la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, se produjo un intercambio de dardos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la embajada de China en Perú. Rubio sostuvo que “los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”.

El juez Juan Carlos Núñez Matos ha tenido visibilidad también en el último tiempo por fallar a favor de políticos cuestionados como José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú, a quien el año pasado le anuló tres carpetas por lavado de activos, organización criminal y pago de sobornos. En 2024, concedió una medida cautelar a favor de un empresario investigado por tráfico ilícito de drogas.

Antecedentes en Brasil, Colombia y Chile

No es la primera vez que la Administración Trump pone en la mira a empresarios, políticos o jueces que vayan en contra de la agenda de la Casa Blanca. Hace un año, revocó la visa de jueces que investigaban por golpismo al expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, aliado de Trump. También revocó la visa del entonces presidente Gustavo Petro, cuando este se unió a una protesta propalestina en Nueva York y pidió a los soldados de Estados Unidos no acatar órdenes.

Este año, en Chile, Washington revocó la visa del ministro de Transporte y Telecomunicaciones del expresidente Gabriel Boric, quien aprobó una propuesta de dos empresas chinas para construir un cable de fibra óptica submarino de Valparaíso a Hong Kong. Y más recientemente, en México, revocó la visa de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés López Obrador y político del partido de izquierdas Morena.

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