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De los 15 adherentes, entre ellos la Argentina de Milei y El Salvador de Bukele, el país sudamericano es el único en el que el presidente encara un profundo debate político por los alcances del acuerdo

A una semana de que Chile adhiriera al Escudo de las Américas, la alianza regional impulsada por Donald Trump, las controversias y resistencias internas no han amainado. Al contrario, la adhesión suscrita por el Gobierno de José Antonio Kast en Nueva York el pasado 22 de septiembre, junto a otros 14 países liderados por Estados Unidos, ha abierto nuevos interrogantes sobre los alcances de la iniciativa. La Administración de extrema derecha ha insistido en que no se trata de un tratado —que genera obligaciones—, sino de “una declaración política” que no contiene firmas y destinado a combatir el crimen transnacional “en todas sus dimensiones”, explicó este lunes el canciller Francisco Pérez Mackenna durante una interpelación en el Congreso. Pero la declaración publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos revela que la iniciativa va más allá de la seguridad: contempla tres pilares, el económico, el de seguridad y el de coordinación multilateral.

Escudo de las Américas ha sido suscrito por los Gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago. De ellos, Chile es el único país donde la alianza ha generado un profundo debate, y ha sido cuestionado duramente por la oposición, entre ellos los expresidentes Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) y Gabriel Boric (2022-2026).

En unos sus párrafos, por ejemplo, la declaración menciona el “defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; explorando mecanismos de control de las inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable”.

En seguridad, el texto de la alianza señala que reconoce como “una amenaza inmediata y universalmente compartida” la que plantean “organizaciones narcoterroristas transnacionales, las cuales ponen en peligro la paz y la seguridad de nuestro hemisferio”. Luego, enumera a 24 grupos criminales, ninguno chileno, pero sí al Tren de Aragua, de origen venezolano y que opera el país sudamericano aproximadamente desde 2018 y 2019, y que cambió el panorama delictual en el país sudamericano. También agrega a Cartel Jalisco Nueva Generación (CJN) y Cartel de Sinaloa, que tienen incipientes incursiones.

Parte de las varias controversias que se han desatado en Chile tienen que ver con la manera en que la información ha sido entregada. El 22 de septiembre, poco antes de que ese mismo día se hiciera público el texto completo que emitió el Departamento de Estado, la Cancillería de Kast entregó un comunicado en el que dijo que Chile “ha decidido adherir a la iniciativa internacional Escudo de las Américas”, aunque acotó el acuerdo solo a “una coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional”. No hubo, sin embargo, mención a los otros dos pilares que detalla el texto oficial.

En cambio, quienes sí abordaron los otros dos aspectos, y con un tono de alerta, fueron Bachelet y Boric. De manera inédita, y en una declaración conjunta, intervinieron en el debate, el 24 de septiembre, dos días después de que se conoció por Estados Unidos el contenido de la declaración. Los exmandatarios llamaron al Gobierno de Kast a “reconsiderar la permanencia de Chile” al Escudo de las Américas pues “en el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando. Debe fortalecer sus alianzas y relaciones con distintos países y regiones, sin exclusiones impuestas desde fuera y preservando siempre su autonomía estratégica”. Y, agregaron, que del texto les preocupa que “conceptos como el de una ‘soberanía continental’ puedan terminar debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido”.

La declaración no cayó bien en el Gobierno de Kast. Este domingo, Claudio Alvarado, ministro del Interior y portavoz, dijo que los argumentos de los expresidentes de izquierdas “no tienen mucha lógica y sentido” pues piden el resguardo de la autonomía de Chile, cuando el acuerdo de la alianza apunta a “defender la soberanía y resguardar la autonomía”. Y señaló que la participación en el grupo regional no representa para Chile supeditación a Washington pues “cooperar no es subordinarse a nada”.

Un camino que empezó en marzo

El 7 marzo, cuando Kast era presidente electo y le faltaban apenas cuatro días para asumir oficialmente en La Moneda, viajó contrarreloj a Florida, Estados Unidos, invitado por Trump, a la inauguración de la cumbre de Escudo de las Américas, donde también concurrieron otros 12 mandatarios de América Latina. En adelante, Chile tenía solo la categoría de país observador de la alianza, pero seis meses después acabó adhiriendo al acuerdo, por lo que una de las varias preguntas que se han abierto es qué ocurrió en el intertanto para que diera un paso más.

Algunas pistas las entregó la semana pasada Mariano Fernández, exministro de Relaciones Exteriores del primer Gobierno de Bachelet (2006-2010). Según relató, Pérez Mackenna reconoció en una reunión privada con otros excancilleres, realizada a mediados de septiembre, en la víspera de la Asamblea de la ONU —viaje en el que se concretó el acuerdo— que Estados Unidos había presionado a Chile para sumarse al Escudo de las Américas.

Según Fernández, el canciller de Kast admitió en esa cita que “era muy difícil” para el Gobierno no adherirse a la alianza.

La controversia en torno al acuerdo también lo abordó este domingo el escritor, analista político y Premio Nacional de Periodismo, Ascanio Cavallo. En una columna en La Tercera, titulada El escudo envenenado, dijo que, “igual que la política comercial abusadora de los aranceles, el Escudo de las Américas ha ido cambiando de formas, reglas y alcances”. “Al principio pareció que era posible adherirse retóricamente, sin compromiso, casi como señal para que los carteles del crimen huyeran de puro susto”, pero luego las cosas fueron cambiando. Destacó la ausencia de Trump el día es que se concretó el acuerdo, aunque sí estaban presentes “sus principales ejecutores”: su secretario de Estado, Marco Rubio y el jefe de Comercio de la Casa Blanca, es decir, dice Cavallo, “la pistola sobre la mesa”. Luego, continuó, se hizo lectura a la declaración “que es presentada como suscrita por todos: desde ese punto, todos son signatarios, todos son miembros del Escudo de las Américas. Ninguno queda embarazado a medias”, señaló respecto de los 14 países, sin contar a Estados Unidos.

Ese fin de semana, el Gobierno de Kast intentó contener las críticas, al instalar que Chile fue el único país que pidió modificar parte del texto de la declaración conjunta que redactó Estados Unidos para el acuerdo de Escudo de las Américas. Fue una versión de la Cancillería que fue publicada tanto por La Tercera como por El Mercurio.

Según El Mercurio, para ser parte de lo que la Cancillería denominó “negociación” —mientras Mariano Fernández habló de presiones—, Pérez Mackenna hizo dos peticiones que fueron aceptadas por Estados Unidos y los demás países. Una de ellas, señala el diario, quedó incorporada en el quinto párrafo de la declaración, donde se establece que una de las tareas de la alianza es “defender y promover el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación a través de foros multilaterales para coordinar e impulsar objetivos comunes (…)”. La segunda, añade el periódico, aparece en el séptimo párrafo y también alude a la soberanía.

Este lunes por la mañana, cinco diputados opositores, los comunistas Luis Cuello, Daniela Serrano e Irací Hassler; el frenteamplista Jaime Bassa y el socialista Juan Santana, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República, que fiscaliza las actuaciones de los funcionarios del Estado, para que revise la legalidad de la incorporación de Chile al Escudo de las Américas. Según Cuello, la alianza es “un tratado internacional encubierto” que “se quiere hacer pasar como un acuerdo de buenas intenciones” pero que “establece obligaciones para los estados y que, además, significa un peligro, una amenaza, para la soberanía de Chile”.

Por la tarde, el canciller Pérez Mackenna, durante la interpelación en la Cámara de Diputados, fue consultado por el parlamentario socialista Nelson Venegas si había revisado la declaración antes de que Chile la firmara. Pérez Mackenna le contestó que en este caso “no hubo firma”. Luego, el diputado le recordó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que el Escudo de las Américas también busca que sus miembros voten juntos en foros internacionales y coordinen asuntos económicos y diplomáticos.

Pérez reiteró que se trata de una declaración política que no es vinculante: “Estamos perfectamente libres de que esto sea un tratado. No lo es”, dijo. “Chile coopera y cooperará con todo aquel que nos ayude a combatir conjuntamente la delincuencia organizada transnacional (…) Por lo tanto, puedo decir que todas aquellas iniciativas que nos permitan mejorar la eficacia en el combate al crimen organizado van a ser bienvenidas en nuestro país”, agregó el canciller.

El próximo 7 de octubre, el Senado citó a una sesión especial para analizar la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

EL PAÍS