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En las últimas semanas se conocieron varios datos de la economía argentina que confirmaron que la situación socioeconómica se encuentra muy deteriorada. Por un lado, el dato de la pobreza del primer semestre, que mostró un incremento significativo respecto del semestre anterior (la proporción de personas pobres pasó del 28,2% en el segundo semestre de 2025 al 32,3% en el primero de 2026). Por otro, la confirmación de que el PBI se contrajo en el segundo trimestre (-0,6%), algo que no sucedía desde mediados del 2024.

Para peor, se conoció que en julio la actividad cayó de manera sumamente significativa, 2,9% respecto del mes anterior. Como referencia, es la cuarta caída más grande para un mes desde 2004 (quitando los meses de la pandemia). Lo llamativo es el contexto: es la única que no se dio en el medio de una crisis o de un salto del tipo de cambio. Las otras tres fueron diciembre de 2008 (crisis subprime y conflicto con el sector agropecuario), abril de 2018 (devaluación) y septiembre de 2019 (devaluación).

La caída tan fuerte de julio puso a la economía prácticamente en las puertas de una recesión. Recordemos que para hablar de una recesión se requieren dos trimestres consecutivos de caída. Para evitarlo, la actividad debería crecer 3% tanto en agosto como en septiembre, algo que, a priori, luce sumamente difícil (nunca en los últimos 25 años se observó algo así).

Al margen de si efectivamente la economía cae o no en una recesión, lo que seguro no se está viendo es que sean los «mejores meses que Argentina haya visto en las últimas décadas», como vaticinó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Ahora bien, lo más interesante es preguntarse por qué pasó esto. Como mencionamos antes, lo llamativo es que estemos viendo una caída de la actividad económica y un aumento de la pobreza sin que haya habido una devaluación o una aceleración inflacionaria. Por el contrario, el dólar está estable y la inflación viene bajando. Si esas son las dos variables que el Gobierno presenta como señales de que la economía está funcionando, ¿cómo se explica que al mismo tiempo empeore tanto la situación de los ingresos y la actividad?

Para responder, conviene apelar a la identidad básica de la macroeconomía. El nivel de producción (PBI) de una economía se expresa, desde el lado de la demanda, como la suma del consumo privado, el consumo público, la inversión y las exportaciones netas. Como veremos a continuación, para entender la caída de la actividad primero tenemos que identificar los elementos que generaron el fuerte repunte que había tenido entre mediados de 2024 y mediados de 2025, porque allí está la respuesta.

Para eso, tenemos que retrotraernos al inicio de la gestión de Javier Milei. Ni bien asumió, aplicó un programa de estabilización que, a grandes rasgos, implicó una fuerte devaluación y un drástico ajuste del gasto público. Ambos elementos llevaron a una fuerte caída de la actividad en los primeros meses de 2024 (el primero provocando una aceleración inflacionaria que redujo fuertemente el poder adquisitivo de la población y, por ende, el consumo; y el segundo porque, al ser uno de los componentes de la demanda agregada, impactó directamente en el PBI).

Ahora bien, esos dos factores no se siguieron profundizando en los meses siguientes (el gasto se mantuvo prácticamente congelado en ese nivel mucho más bajo y el tipo de cambio, si bien aumentó de manera paulatina, lo hizo muy por debajo de la inflación). Es decir, se disiparon los elementos que habían provocado la caída de la actividad y el aumento de los precios.

Luego tuvimos una baja muy marcada de la inflación, que permitió una recuperación del poder adquisitivo de los salarios y, por lo tanto, del consumo privado. Por otro lado, la reducción del déficit fiscal le dio un impulso al crédito privado a través de un «crowding out inverso». ¿Qué significa esto? Que el Estado dejó disponibles recursos que antes absorbía debido a su necesidad de financiamiento y que los bancos pudieron destinar a prestarles a las familias y a las empresas. La expansión del crédito fue muy fuerte y traccionó tanto el consumo como la inversión privada.

A eso se sumó una dinámica muy potente de las exportaciones. En 2024 hubo una recuperación importante, aunque en buena medida se explicaba porque en 2023 la sequía había reducido mucho la producción agropecuaria. Era, entonces, un rebote frente a una base de comparación muy baja. Lo relevante es que, una vez pasado ese efecto, las exportaciones siguieron creciendo, impulsadas por la baja de las retenciones y, posteriormente, por la eliminación del cepo cambiario.

En resumen, durante la segunda parte de 2024 y el primer semestre de 2025 la actividad creció de manera significativa impulsada por la recuperación del poder adquisitivo, el crédito y las exportaciones.

El problema apareció en la segunda mitad de 2025, en particular durante la previa a las elecciones de medio término, momento donde se gestó una corrida cambiaria que llevó al dólar hasta el techo de la banda y la inflación volvió a acelerarse. Esto se agravó por una mala decisión del Gobierno: eliminar el corredor de pases que ordenaba las tasas de interés. Al liberarlas, las tasas alcanzaron niveles récord (unos meses después volvería a restablecer el corredor). La combinación de esos dos elementos golpeó al poder adquisitivo y encareció el crédito, mientras la morosidad comenzó a aumentar de manera sostenida.

¿Qué pasó entonces? Se fueron apagando los motores que venían impulsando la recuperación. Los salarios empezaron a perder poder adquisitivo de manera sostenida desde los últimos meses de 2025, lo que afectó al consumo. El crédito dejó de crecer con la fuerza que había mostrado antes y pasó a estar condicionado por las dificultades para pagar las deudas. La inversión, que ya había comenzado a contraerse algunos trimestres antes, tampoco encontró en el financiamiento un impulso que permitiera revertir esa caída.

El único motor que quedó encendido fue el de las exportaciones. Pero acá aparece otro problema: esos sectores exportadores (el sector agropecuario, el petrolero y el minero) representan, en conjunto, alrededor del 15% de la actividad y del empleo. Su crecimiento es importante, pero claramente insuficiente para compensar lo que ocurre con el resto de la economía.

Así llegamos a la situación actual, con una actividad que, en el mejor de los casos, está estancada por el freno del consumo, la inversión y el gasto público, con unas exportaciones que crecen de manera sostenida (aportando dólares y siendo clave para la estabilidad cambiaria), pero sin traccionar la producción y el empleo. El tema es que, al mirar para adelante, cuesta ver cuál de estos componentes podría revertirse en el futuro cercano.

Por el lado del consumo, no parece probable que la inflación baje de manera tan abrupta en los próximos meses ni que los salarios muestren aumentos importantes como para que se observe una mejora significativa del poder adquisitivo. El crédito, por su parte, sigue frenado frente a una morosidad que, si bien parece haber dejado de crecer, se mantiene en niveles récord. Por el lado de la inversión, esa misma restricción financiera se combina con una actividad que cae, lo cual tampoco ofrece demasiados incentivos para ampliar la capacidad productiva.

Queda la política fiscal. Un aumento del gasto público está prácticamente descartado por la propia orientación del Gobierno. Lo que sí podría hacer, y sería consistente con su programa, es bajar impuestos. El tema es que ahí se encuentra con otro límite: no tiene demasiado margen fiscal para hacerlo, porque la recaudación se viene contrayendo de manera sostenida en lo que va del año (-4,2% anual), precisamente porque la contracción de la actividad también afecta los ingresos del Estado.

Esto genera una dificultad adicional. Para sostener el equilibrio fiscal con una recaudación que cae, el Gobierno tiene menos espacio para reducir impuestos. Y, si responde a esa pérdida de ingresos con nuevos recortes del gasto, vuelve a afectar una actividad que ya está debilitada. Es decir, la propia caída de la economía limita las herramientas con las que podría intentar reactivarla.

En definitiva, lo que estamos viendo es un deterioro de la actividad y de los ingresos sin que aparezca, al menos en los próximos meses, un motor capaz de revertirlo. La estabilidad del dólar y la baja de la inflación no están alcanzando para sostener la recuperación, y el dinamismo exportador tampoco puede compensar por sí solo la debilidad del mercado interno. Por eso es probable que este proceso termine en una recesión. Y que eso ocurra con el próximo ciclo electoral en el horizonte agrega un problema para el Gobierno: la falta de respuestas económicas también pone en duda las perspectivas de reelección de Milei.