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La Amazonia en la encrucijada: el voto de los brasileños decide el futuro de la selva

Brasil

La deforestación ha caído el 71% en el mandato de Lula. Bolsonaro niega el cambio climático y promete flexibilizar las leyes ambientales

Cuando el domingo casi 159 millones de brasileños acudan a votar para elegir presidente al teclear el número de su candidato en la urna electrónica también tendrán en sus manos el destino de la mayor selva tropical del mundo. La Amazonia, reguladora del clima y dique de contención clave frente al calentamiento global, con las mayores reservas de agua dulce del mundo y unas riquezas naturales que aún se desconocen en muchos casos, se enfrenta a dos modelos de futuro diametralmente opuestos en estas elecciones. No obstante, el asunto ha estado prácticamente ausente durante la campaña.

En los cuatro años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva la deforestación en la Amazonía ha caído un 71%, hasta llegar a los niveles más bajos desde 1988. Con Bolsonaro padre subió un 60%. Ahora, su hijo Flávio Bolsonaro promete volver a las andadas: flexibilizar las leyes para que el medio ambiente no sea un “obstáculo” para los propietarios rurales y el desarrollo económico.

El coordinador del Observatorio del Clima, que reúne a más de 170 entidades ambientales y científicas de Brasil, Marcio Astrini, lo resume en una frase: “Brasil decidirá si seguiremos en el camino de acabar con la deforestación o de acabar con la selva”, dice a este diario. Los científicos alertan desde hace tiempo que la Amazonía se acerca peligrosamente a un punto de no retorno. La degradación alcanza tal magnitud que buena parte de ella puede convertirse definitivamente en una sabana sin capacidad para regenerarse.

Cuando Lula regresó al Gobierno en 2023 Lula hizo de la política ambiental uno de sus buques insignia. Nombró como ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático a Marina Silva, que en su primer mandato, a principios de los años 2000, ya consiguió doblegar los índices de deforestación. Volvieron los planes serios de combate al crimen en la selva, las multas y las operaciones para expulsar a los invasores ilegales en reservas naturales y territorios indígenas, y los incentivos para que valga más la pena mantener la selva en pie que talarla. Lula convirtió la defensa de la selva y del clima en política de Estado y escaparate diplomático, con la COP30 del clima como colofón, celebrada en Belém, en pleno corazón de la Amazonía.

Bolsonaro hijo, en cambio, promete recuperar la fórmula de su padre: desmantelar las políticas medioambientales desde dentro, permitir la minería dentro de las tierras indígenas, acabar con la obligatoriedad de que los propietarios rurales mantengan parte de la vegetación nativa preservada y en general, relajar los controles.

Astrini, como la mayoría de especialistas y defensores del medio ambiente, advierte que esta vez, los ataques de la extrema derecha a la legislación ambiental pueden tener más éxito que en los años del patriarca del clan. Su hijo mayor, “un negacionista climático”, recuerda, tendrá, si gana, una mayoría inédita en el Congreso, con la fuerza suficiente incluso para hacerse con una mayoría de jueces afines en el Tribunal Supremo y modificar la Constitución.

Aunque hay regiones muy recónditas, la Amazonía está lejos de ser el santuario virgen que aún pervive en el imaginario popular fuera de Brasil. Tan solo la parte brasileña es más grande que toda la UE, y en ella viven más de 27 millones de almas. Para muchos, la ganadería extensiva y la agricultura (los dos principales factores de deforestación) son los únicos medios de subsistencia.

En un reciente mitin de campaña en la ciudad de Marabá, en el estado de Pará, Flávio Bolsonaro entregó a sus habitantes lo que querían escuchar: “Vas a poder plantar, criar ganado, hacer lo quieras en tu tierra, lo que explotes de la tierra es tuyo. Vamos a acabar con esos obstáculos ambientales que existen, sobre todo por razones ideológicas”, dijo. Éxtasis entre el público.

Lo que para unos es motivo de júbilo provoca escalofríos en otros. Alessandra Korap, más conocida como Alessandra Munduruku por la etnia a la que pertenece, es una de esas líderes indígenas en la línea de frente. Ha recibido prestigiosos premios internacionales, pero nada impide que sufra amenazas de forma cotidiana.

Asegura que el ambiente está más tenso con la posibilidad de un cambio de Gobierno: “La presión aumenta cuando [Bolsonaro hijo] dice que no demarcará ninguna tierra indígena. Los agresores están envalentonados. Ese discurso, que es el mismo de su padre, les empodera. Entre 2018 y 2022 aquí vivimos el terror. Mi casa la atacaron dos veces, quemaron la de una pariente. Tenemos mucho miedo con este escenario político, por el poder que puede acumular, porque tendrá la presidencia y el Congreso”, dice.

Munduruku atiende por teléfono en medio de una reunión sobre las amenazas de las empresas mineras. En las pasadas elecciones legislativas fue candidata a diputada federal con el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, pero no obtuvo los votos suficientes para llevar su lucha a Brasilia.

En cualquier caso, los indígenas brasileños han obtenido en la última legislatura una cuota de poder sin precedentes en la historia de Brasil, a pesar de en el gigante suramericano, a diferencia de lo que ocurre en los países andinos, por ejemplo, la población nativa es muy minoritaria: menos del 1% del censo.

Lula creó un Ministerio de los Pueblos Indígenas y puso al frente a una de las principales activistas del movimiento, Sônia Guajajara. Por primera vez, los indígenas pasaron a liderar las políticas públicas para los indígenas. Se está preparando incluso la primera universidad indígena de Brasil, para poner en valor los conocimientos tradicionales.

Para los nativos brasileños la principal reivindicación es, como decía Munduruku, la demarcación de tierras; cuando el Estado reconoce a un determinado pueblo indígena como dueño de un territorio, lo que implica que queda totalmente protegido. Lula ha regularizado una veintena de tierras, procesos siempre delicados rodeados de indemnizaciones, demandas judiciales y expulsiones de invasores. Bolsonaro ya ha avisado que paralizará todos los procesos en marcha (hay 286), y como dijo su padre en una de sus más célebres amenazas, no dedicará “ni un centímetro más” de tierra a los indígenas.

Todo apunta a que, en estos territorios, el próximo campo de batalla será el de la explotación de las tierras raras, en el punto de mira de Estados Unidos por las enormes reservas que atesora Brasil. Pero el riesgo de un eventual Gobierno de Flávio Bolsonaro no se limita a la Amazonía ni a la cuestión indígena. Todas las políticas de mitigación de emisiones o de incentivo a los biocombustibles y energías renovables podrían paralizarse. Como senador, Bolsonaro fue el único en votar contra la ley de adaptación al cambio climático. También ve con buenos ojos el fracking, ahora paralizado en Brasil, e incluso se sumó a una controvertida propuesta que podría abrir la puerta a la privatización de las playas. Hasta ahora, muchas de esas ideas no salieron adelante por falta de mayoría en el Congreso, pero eso dejará de ser un problema a partir de 2027.

EL PAÍS

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