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El 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ordenó la detención domiciliaria del Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión fue tomada en el marco de las investigaciones en un proceso judicial, por la utilización de falsos testigos, mismos que el ex mandatario sobornó para obstruir investigaciones que lo vinculan con la conformación de grupos paramilitares, desaparición de personas y narcotráfico.

Álvaro Uribe Vélez es investigado en 270 procesos judiciales. Pero hasta la actualidad, no había sido sentenciado por ninguno de esos procesos, ya que la Corte Suprema de Justicia ha estado cooptada por el Partido de Gobierno el “Centro Democrático”, que fue fundado por Uribe tras la ruptura con el Ex Presidente Juan Manuel Santos.

Ahora bien, la detención de Uribe pese a que significa un avance en materia de justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado, sigue sin ser una victoria total, debido a que el ex mandatario no ha recibido condena por los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron durante su mandato. En el Gobierno de Uribe (2002-2010), 2.248 personas fueron asesinadas o fueron víctimas mortales del conflicto directo contra las FARC-EP, patrocinado por el Estado, donde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fueron actores directos en los asesinatos y masacres a ciudadanos de la población civil. Miles de personas de la población civil que no estaban involucradas activamente en el conflicto entre las FARC-EP y el Ejército colombiano, sufrieron secuestros, asesinatos y presentados como falsos positivos al gobierno.

En el año 2008 en el Municipio de Soacha y en Ciudad Bolívar, aparecieron 190 cadáveres de jóvenes entre 17 y 25 años, que habían sido reportados como “desaparecidos” de sus casas y luego aparecieron en morgues estatales, vestidos con ropa de guerrilleros y con armamento, lo que se conoció como “falsos positivos”. Las madres de los jóvenes asesinados, denunciaron ante el Estado que sus hijos no pertenecían a ninguna agrupación armada o movimiento guerrillero, presentaron pruebas de que sus hijos eran estudiantes o desempleados, mismos que fueron engañados por propuestas de trabajo por los militares, para después disfrazarlos de guerrilleros, asesinarlos y recibir medallas y condecoraciones por el Gobierno de Álvaro Uribe. Ante dichas denuncias el Estado colombiano hizo caso omiso y archivó los expedientes. Hasta la actualidad los crímenes estatales por miembros de la fuerza pública siguen en la impunidad.

Por la política genocida impulsada del Gobierno de Uribe, 5’673.000 personas abandonaron Colombia. Algunos casos de manera indirecta al conflicto, pero impulsados por la precarización y la pobreza que ocasionó el modelo neoliberal de Uribe. En otros casos de manera directa, relacionados con el conflicto armado, a través de desplazamiento forzado a campesinos a mando de las AUC.

Las matanzas ocasionadas a miembros de la población civil por parte de las AUC, fueron olvidadas por la justicia colombiana. En el año 2003, en Tierra Alta Córdoba, se reunieron miembros del Estado colombiano, delegados de la Iglesia Católica y representantes de las AUC, firmaron un tratado de paz, en donde supuestamente dicho grupo paramilitar se iba a desmovilizar. En ese periodo, 31.671 personas dejaron el paramilitarismo y el Gobierno de Uribe les otorgó indulgencias judiciales e incluso les dio a la agrupación paramilitar la suma de 30’345.112 pesos, para su reinserción a la sociedad; elemento curioso si se considera que las AUC fueron creadas y financiadas por los grupos oligárquicos y terratenientes más poderosos y acaudalados de Colombia.

Muchos paramilitares desmovilizados y premiados por el uribismo, invadieron las ciudades grandes de Colombia como Bogotá, Medellín y Cali, en donde se instalaban en barrios periféricos y empobrecidos, y obligaban a expender droga a las personas de escasos recursos, por medio de amenazas de muerte. Antes del tratado de paz entre el Gobierno y las AUC, el 16 y el 17 de octubre de 2002, se llevó a cabo la “Operación Orión” en la Comuna 13 de Medellín. El gobierno de Uribe ordenó a miembros del Ejército, operación a la que se sumaron paramilitares de las AUC; tomarse la comuna, en busca de combatientes urbanos de las FARC-EP y el ELN. El resultado, fue ningún “guerrillero encontrado” y 70 desapariciones extrajudiciales de personas de la sociedad civil, mismas que en la actualidad se desconoce su paradero. La “Operación Orión” fue una de las pruebas tácitas de la convivencia entre grupos paramilitares con el Estado colombiano; sin reglas, sin leyes y sin ningún tipo de respeto hacia los derechos humanos.

Este y más, es Álvaro Uribe Vélez y sus demonios, para quienes no lo sabían, o para quienes no vivieron la guerra. Miles de muertos, desaparecidos, torturados y perseguidos políticos. El uribismo ha sido la evidencia de que el Estado burgués es en esencia corrupto, violento e inhumano; no le importa violentar sus propias instituciones y normas, en busca de sus beneficios y el mantenimiento de su Estado de las cosas, en donde los privilegios de las élites impera por sobre los derechos elementales y básicos.

Aunque recibir casa por cárcel es un castigo mínimo para un delincuente de la naturaleza de Uribe, devuelve un poco la esperanza a quienes fuimos desplazados por la violencia, a las y los campesinos expropiados de sus tierras, a las madres de los falsos positivos, a los millones de migrantes obligados a salir del país por la pobreza y violencia generada por un Estado sometido al imperialismo norteamericano y al neoliberalismo, a los niños que mueren de hambre en la Guajira.

Se sienta un precedente para que Álvaro Uribe, uno de los criminales políticos más aterradores de Colombia, sepa que aunque controla la política y la justicia, también puede ser juzgado por esa justicia burguesa. El pueblo que sufrió por la violencia del uribismo, ahora se regocija cuando la justicia por fin sonríe un poco en contra de alías “Matarife”.

REVISTA CRISIS