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El conservador ganó las elecciones de abril pasado con una propuesta para dinamizar la economía, pero su minoría legislativa ya vaticinaba el bloqueo

Antes de nombrar a sus ministros e incluso antes de estrenarse como presidente de Ecuador, Guillermo Lasso tomó una primera decisión de ruptura que hoy acecha a sus planes de Gobierno. Nada más ganar las elecciones de abril, se divorció de su socio de campaña, el Partido Social Cristiano, para evitar formar una mayoría tripartita en la Asamblea con su opositor frontal, el bloque afín al correísmo de Unión por la Esperanza. Esa maniobra, considerada como una traición por los socialcristianos, dejó al oficialismo en una minoría legislativa que ahora le hace imposible sacar adelante las reformas prometidas para animar la economía y recuperar el empleo.

El modelo liberal del presidente ecuatoriano ofreció bajar los impuestos y relanzar la creación de puestos de trabajo como receta para un país en letargo crónico desde la caída de precios del petróleo de 2014. Esas metas dan cuerpo, junto a reformas de índole energético, a una ley compendio que llegará a la Asamblea a finales de mes con preceptos dedicados también a las telecomunicaciones, a la inversión y a la obra pública. No se ha dado a conocer aún el contenido de la ensalada normativa, pero Guillermo Lasso ya tiene preparada una salida por la tangente por si su proyecto de ley se pierde en el trámite parlamentario.

“Si vemos un bloqueo, el mecanismo que nos queda a la mano es una consulta popular”, advirtió el presidente ecuatoriano. “No tengan la menor duda de que lo vamos a hacer si se posterga la reactivación de la economía por actitudes mezquinas o por situaciones personales o partidistas”. El mandatario conservador apela al sentido común de la oposición para que apoye una norma “en beneficio del país”, pero la fragmentación de la Asamblea se interpone en sus cálculos.

El movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO) inauguró la nueva Legislatura con solo 12 escaños aunque, a punta de transfuguismo, ya cuenta con 26 votos bajo unas siglas paraguas que incluyen a sus aliados. No obstante, el bloque mayoritario sigue siendo el de los leales al expresidente Rafael Correa, con 48 escaños, y otras cuatro fuerzas desdibujan cualquier intento de mayoría. La Asamblea tiene 137 curules y se requieren 70 votos para aprobar leyes.

“Una debilidad evidente del Gobierno nacional es la ausencia de operadores políticos”, diagnostica María Paz Jervis, exponente de la Red de Politólogas de Ecuador. “CREO no es un partido, es una improvisación. Existe desde hace años, sí, pero no tiene filas y eso se nota en los movimientos de gabinete de los últimos días. ¿Cuáles son las filas? ¿Cuál es su formación ideológica, sus discrepancias internas? Son un grupo, una élite específica”, cuestiona la también decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Internacional SEK. No se puede entonces, opina, achacar todo a la oposición pese a que ésta haya desplegado una postura del “no a todo”.

Dos comunicados a inicios de septiembre aterrizaron esas especulaciones. El Partido Social Cristiano y la coalición de Unión por la Esperanza rechazaron la propuesta presupuestaria para lo que queda de año, nublando la supervivencia de los proyectos de ley del Ejecutivo en la Asamblea y dejando clara su posición ideológica. UNES alegó que esa planificación daba “la espalda al pueblo” y retrataba a un Gobierno “sin sensibilidad social”. Los socialcristianos, que auparon a Lasso en campaña, vieron también un presupuesto “decepcionante” que no cumplía los “compromisos adquiridos con el pueblo ecuatoriano”.

La “disparidad ideológica entre el Ejecutivo y Legislativo” fertiliza, según Marcelo Espinel, una gobernabilidad imposible en Ecuador. “Más de 100 de los 137 asambleístas son de izquierda o de centro, frente a un Gobierno que es de derechas”, aclara el coordinador del Observatorio Legislativo de Ecuador. “Eso lo hace todo más difícil en un país que se ha caracterizado precisamente por no tener gobernabilidad o por fraguar esa gobernabilidad con una amplía mayoría del oficialismo o con actos de corrupción como el reparto de prebendas, de cargos…”.

Con esa realidad preconcebida, la búsqueda de consensos se ve como un horizonte difuso que podría despejarse con miras a las elecciones municipales de 2023, estima Espinel. Pero en lo inmediato, la salida de la democracia directa, vía consulta popular, tiene terreno abonado por la alta aceptación de la que goza Lasso en sus primeros meses de mandato. “Ese 70% tan positivo que tiene hasta ahora se debe a que cumplió su promesa de vacunar a nueve millones de personas en 100 días”, recuerda Jervis. “Pero esa aceptación está supeditada a que cumpla su palabra y ahora tiene que cumplirla frente a reformas fundamentales”, que medirán su capacidad de limar asperezas para aglutinar una mayoría suficiente en la Asamblea.

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