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Una coalición de 60 entidades pide la condena del presidente de Brasil por su manejo de la pandemia

Una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales —la mayoría de profesionales de la salud, liderados por la Red Sindical UniSaúde— ha pedido ante la Corte Penal Internacional que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sea condenado por genocidio. En la denuncia, presentada el domingo en La Haya, se argumenta que Bolsonaro ha cometido un crimen de lesa humanidad, tanto por alentar acciones que aumentaron el riesgo de proliferación de la covid-19 como por negarse a implementar políticas de protección para las minorías. Un documento de 64 páginas, que representa a más de un millón de profesionales de la salud, señala “fallos graves y mortales” en la respuesta brasileña a la crisis sanitaria. Hasta este lunes, el país registra más de 87.000 muertes y casi 2,5 millones de casos confirmados de la covid-19.

Según el documento, Bolsonaro nunca ha seguido las recomendaciones técnicas de su propio Ministerio de Sanidad para frenar el contagio en Brasil. Desde el comienzo de la crisis, varias veces ha provocado aglomeraciones y ha aparecido sin mascarilla, además de hacer declaraciones que minimizaban la gravedad de la covid-19, a la que llamó “gripecita”. “Esta actitud de desprecio, negligencia y negacionismo ha tenido consecuencias desastrosas, con el consiguiente aumento de la diseminación y el colapso total de los servicios sanitarios, que se encontraron sin las condiciones mínimas para asistir a la población, lo que derivó en muertes sin más controles”, afirma el documento.

La denuncia también cita la insistencia del presidente en defender el uso de cloroquina como tratamiento para la covid-19 —aunque no haya pruebas científicas de su efectividad— y los vetos a leyes aprobadas por el Congreso para contener la epidemia (como el uso obligatorio mascarillas en lugares cerrados, comercios y templos religiosos) y proteger a las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas y los quilombolas (como se llama a los descendientes de esclavos). A principios de julio, Bolsonaro vetó la obligación del Gobierno federal de garantizar incluso el agua potable a estas poblaciones durante la pandemia. “[Los vetos] muestran una política de exclusión de las minorías, poniéndolas al margen de todas y cada una de las políticas públicas”, considera la denuncia.

El presidente Jair Bolsonaro ya había sido denunciado anteriormente por intento de genocidio de los pueblos indígenas. Hay al menos tres demandas en La Haya que exigen que se investigue su actuación ante la pandemia de coronavirus. En una entrevista a EL PAÍS, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, estimó que, para que el presidente de Brasil sea investigado y juzgado, es necesario demostrar que hay un plan para utilizar el coronavirus como herramienta para exterminar a toda o parte de la población. La jurista Deisy Ventura, especialista en la relación entre pandemias y derecho internacional, afirmó al periódico que existen todos los elementos necesarios para clasificar como crimen de lesa humanidad la actuación del Gobierno brasileño ante la covid-19: intención, planificación y ataque sistemático. En cualquier caso, la CPI puede tardar meses en analizar las denuncias y decidir si abre o no una investigación formal contra Bolsonaro.

“Ya se han hecho tres denuncias al tribunal. Entendemos que son importantes y no estamos compitiendo. Estamos intentando aportar evidencias técnicas. Representamos a sindicatos de diferentes sectores, la mayoría de ellos de profesionales de la salud, y aportamos información que demuestra que existe un delito, ya sea por acción u omisión”, explica Márcio Monzane, secretario regional de UNI Américas, una de las entidades que ha organizado la denuncia. Monzane comenta que quienes trabajan en primera línea se quejan de que faltan equipos de protección y pruebas. Y que unos 500 profesionales ya han muerto de covid-19 en Brasil.

El documento intenta rastrear la historia de la pandemia en el país. Cita las acciones del Congreso para reducir la burocracia de las reglas del gasto público para facilitar que el Gobierno tomara medidas de emergencia efectivas en la lucha contra la covid-19. También aborda toda la crisis política que ha tenido lugar en el Ministerio de Sanidad durante la pandemia, con la destitución de dos ministros por diferencias de estrategia con el presidente. También destaca que el país enfrenta la peor crisis sanitaria del siglo sin un titular en la cartera y que los cargos estratégicos los han ocupado militares sin experiencia en sanidad. “Con la interinidad del Ministerio de Sanidad, el control de la lucha contra el avance de la pandemia parece totalmente abandonado, lo que requiere que gobernadores y alcaldes tomen medidas que debería tomar el Poder Ejecutivo”, afirma.

Las entidades también citan la reciente declaración del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que asoció directamente la palabra “genocidio” a la pandemia en Brasil. “Esto es muy malo para la imagen de las Fuerzas Armadas. Hay que dejarlo muy claro: el Ejército se está asociando con este genocidio, no es razonable. Hay que poner fin a esto”, dijo el magistrado.

Para los sindicatos de profesionales de la salud que firman el documento, las acciones del presidente Bolsonaro durante la pandemia de coronavirus “exponen la vida de la población a un alto riesgo para su salud y a la muerte”. Todavía consideran que hay “dolo” e “intención en la postura del presidente, cuando adopta medidas que vulneran los derechos humanos y desprotegen a la población, poniéndola en riesgo a gran escala, especialmente a los grupos étnicos vulnerables”.

EL PAÍS