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Un juzgado ha ordenado la tarde de este miércoles la suspensión del partido Movimiento Semilla, la opción elegida por un 12% de los votantes de Guatemala el pasado 25 de junio como salida al sistema autoritario que vive el país centroamericano. Fue la fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones en casos de corrupción, el organismo que emprendió una causa penal contra el partido que se conformó al calor de las protestas de 2015 contra la descomposición del sistema democrático.

El anuncio de la cancelación de la formación liderada por Bernardo Arévalo ocurrió mientras los guatemaltecos esperaban a que el Tribunal Supremo Electoral anunciara la oficialización de los resultados de las elecciones, que pese a ser cuestionados por varios partidos fueron confirmados por un segundo escrutinio. La segunda vuelta presidencial se disputará el próximo 20 de agosto.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Curruchiche, ha informado de que un juzgado ordenó la cancelación a partir de una denuncia recibida en mayo de 2022 por parte de un ciudadano que protestó por haber sido afiliado al partido sin su consentimiento. Después de estudios grafológicos se concluyó que «la firma y letra fueron falsificados», dijo Curruchiche en una grabación que se difundió mientras se esperaba la oficialización de resultados en el tribunal electoral. A las puertas del tribunal se estaba celebrando una protesta que demandaba la convocatoria formal de la segunda vuelta, pero que se fue nutriendo de voces en rechazo de la acción judicial contra Semilla.

Antes de que la fiscalía anunciara las acciones contra el partido, los dirigentes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa en la que repudiaron cualquier acción que pudiera poner en riesgo las candidaturas o al partido. «Los señalamientos no han llegado a instancias judiciales. Las denuncias se han desestimado porque no tienen validez y esta vez será igual. No se afectará ni el partido ni las candidaturas de Bernardo y Karin» explicó el diputado Samuel Pérez, secretario del movimiento. El candidato a la presidencia por Semilla, Bernardo Arévalo, es un sociólogo de 64 años y Karin Herrera es la química-bióloga de 55 años que se postula para la vicepresidencia.

Minutos antes del anuncio, el exconstituyente Roberto Alejos, dijo a ELPAÍS que toda acción contra un partido que va a segunda vuelta es «claramente malintencionada». Y esta acción de la fiscalía se enmarca además en un proceso electoral especialmente viciado. Tres candidatos a la presidencia con potencial de llegar a segunda vuelta, han sido excluidos de la actual contienda electoral.

El Movimiento Semilla escaló desde los últimos lugares de las encuestas y se colocó como la segunda opción más votada. El 26 de junio fue un día de alegría para el partido que se conformó por un grupo de académicos que se plantea reformas profundas de un país en el que más de la mitad de la población vive en pobreza. Ganar la elección puso a Semilla en la mira de un sistema que, de forma legal, fue excluyendo a candidatos que no fueran afines al partido en el Gobierno y sus aliados. Días después de la primera vuelta, Arévalo señaló en una entrevista con ELPAÍS que la persecución penal «es un recurso que tienen a la mano y que no han dudado en usar en veces anteriores». Entonces, el aspirante se refirió precisamente a este caso. «Se trata de un caso espurio que sabemos que están montando. Nosotros lo salimos denunciando públicamente alrededor de un tema de problema de firmas en la fundación del partido hace seis años y que se han dedicado a tratar de buscar algún tipo de cuestión».

El partido se enteró de los problemas en la afiliación de militantes e inició una investigación interna. Al detectar las inconsistencias presentó «una denuncia ante el Ministerio Público de la persona que había estado involucrada en ese caso». «El sistema no se va a quedar tranquilo y va a aceptar mansamente que venga un partido al que sencillamente no habían visto venir este y que ahora estén a punto de perder el control del Ejecutivo, que es clave central para poder viabilizar toda la economía de la corrupción alrededor de la cual se tejen esas lealtades espurias. Sabemos que van a intentar todo y estamos listos para resolverlo», manifestó Arévalo anticipándose a las acciones que anuncia hoy un Ministerio Público bajo la jefatura de Consuelo Porras, la fiscal general nombrada por el presidente Alejandro Giammattei.

EL PAÍS