BLOG

Hay que desarrollar marcos jurídicos más robustos, asignaciones presupuestarias con perspectiva de género y políticas públicas que realmente apunten a transformar las condiciones estructurales de desigualdad.

Un informe publicado recientemente por la CEPAL y ONU-Mujeres arroja una radiografía clara —y preocupante— del estado actual de la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Bajo el título “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género a 2024”, este documento nos enfrenta con una realidad ineludible: el avance hacia la igualdad de género sigue siendo insuficiente, desigual y, en muchos casos, estancado.

La Agenda 2030, firmada en 2015 por 193 países miembros de la ONU, estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 5, dedicado a lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas. Este objetivo, lejos de ser un mero ideal, está profundamente anclado en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Alcanzarlo no solo significa cerrar brechas legales y culturales, sino también garantizar que la mitad de la población mundial pueda ejercer plenamente su potencial, contribuir al desarrollo económico, y vivir una vida libre de violencia y discriminación.

Sin embargo, según el informe, estamos lejos de lograrlo. La mayoría de los indicadores analizados muestran un progreso lento, y algunos en franco retroceso. Las acciones implementadas para reducir la violencia de género, erradicar el matrimonio infantil, incrementar la participación de mujeres en espacios de liderazgo y facilitar el acceso a tecnologías siguen siendo insuficientes. A este ritmo, el cumplimiento del ODS 5 para el 2030 parece una meta inalcanzable.

Especialmente alarmante es la situación relacionada con los marcos jurídicos. En varios países de América Latina, la legislación aún no ofrece garantías suficientes para proteger a las mujeres en su vida pública y privada. La falta de normas claras o la no aplicación de las existentes perpetúan un entorno en el que la violencia, la discriminación laboral y la desigualdad en el hogar siguen siendo moneda corriente.

Además, en ciertas áreas, los datos proporcionados por los países son insuficientes como para evaluar si se ha avanzado o no. Temas como la carga de cuidados no remunerados, los derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a la propiedad de la tierra siguen siendo invisibilizados en muchos países de la región, lo cual no solo dificulta el diagnóstico, sino también la acción efectiva.

El informe también destaca cuatro obstáculos estructurales que perpetúan la desigualdad de género: la persistente desigualdad socioeconómica, los patrones culturales patriarcales, la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder en manos de unos pocos. Estos factores no solo refuerzan la exclusión de las mujeres, sino que también limitan el progreso de nuestras sociedades en su conjunto.

La desigualdad de género no es un problema que afecte solo a las mujeres: es un obstáculo para el desarrollo sostenible. Cuando las mujeres no pueden acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones, cuando se ven obligadas a asumir desproporcionadamente las tareas de cuidado, cuando son excluidas de los espacios de decisión política o empresarial, las economías pierden talento, las democracias se debilitan y el tejido social se resiente.

Frente a este panorama, es urgente repensar nuestro modelo de desarrollo. Necesitamos transitar hacia lo que el informe llama “una sociedad del cuidado”, en la que las responsabilidades domésticas y de cuidado se distribuyan de forma justa entre hombres, mujeres, el Estado y el mercado. Una sociedad que además de reconozca el valor de estos trabajos, los incorpore como parte esencial del bienestar colectivo.

Además, es necesario desarrollar marcos jurídicos más robustos, asignaciones presupuestarias con perspectiva de género y políticas públicas que realmente apunten a transformar las condiciones estructurales de desigualdad. La igualdad de género no puede depender únicamente de la voluntad individual, sino que requiere de decisiones políticas firmes, recursos sostenidos y, sobre todo, de una transformación cultural profunda.

En medio de tantas cifras y diagnósticos, a veces corremos el riesgo de perder de vista lo esencial: la igualdad de género no es solo un objetivo técnico o un indicador que alcanzar. Es una apuesta ética que tiene como objetivo alcanzar sociedades más justas, inclusivas y humanas. En América Latina, aún tenemos un largo camino por recorrer. Pero si algo nos enseña este informe, es que no podemos darnos el lujo de seguir postergando ese viaje.

Marco T. Bustos Gutiérrez

Otros artículos del autor
Economista. Profesor asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Univ. Católica de Temuco (Chile). Doctor en Investigación en Ciencias Sociales por FLACSO-México.

LATINOAMERICA 21