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A lo largo de los años, el crimen organizado ha demostrado una asombrosa capacidad de adaptación y evolución. Ahora, la llamada “quinta ola” amenaza con llevarlo a un nivel aún más sofisticado, influyente y global.

Henry M. Rodríguez

La quinta ola del crimen organizado promete ser un verdadero tsunami para las sociedades de América Latina. La combinación de avances tecnológicos, crisis climática, fragilidad institucional y rivalidad geopolítica está generando el cóctel perfecto para un ecosistema criminal más ágil, descentralizado y, seguramente, mucho más difícil de combatir.

Phil Williams, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, proyecta que en 2040 las redes delictivas transnacionales tendrían la capacidad de integrar la inteligencia artificial, las criptomonedas y los drones en sus operaciones, mientras se aprovechan de la corrupción y la inestabilidad política para expandir su influencia.

Según su informe, el tráfico de personas se convertirá en una de las actividades criminales más rentables, aprovechando las migraciones masivas de poblaciones vulnerables afectadas por la guerra y los desastres naturales. Millones de personas serán explotadas en trabajos forzados y redes de prostitución, alimentando un mercado ilícito en constante expansión. ¿Cómo podemos prepararnos?

Un desafío estructural en Latinoamérica

Para entender de dónde proviene esta quinta ola es esencial reconocer que el crimen organizado ha evolucionado en distintas fases: inicialmente, surgieron mafias tradicionales en Italia, China y Japón, con estructuras jerárquicas y control territorial. Posteriormente, el tráfico de narcóticos, especialmente heroína y cocaína, consolidó rutas internacionales y sofisticó las redes de distribución. Con la globalización y políticas neoliberales se facilitó el contrabando y tráfico de mercancías ilícitas a través de fronteras más permeables. Actualmente, el cibercrimen explota internet para actividades ilícitas, ampliando su alcance global, y, recientemente, se han desmantelado redes de lavado de dinero que utilizaban criptomonedas, lo que evidencia la adaptación de estas organizaciones a las nuevas tecnologías.

Al mismo tiempo, el crimen organizado en América Latina ha evolucionado en ciclos definidos por cambios en el entorno geopolítico, avances tecnológicos y dinámicas económicas complejas. Desde las mafias tradicionales hasta el cibercrimen, cada transformación ha impuesto nuevos retos a los sistemas de seguridad y la gobernanza. En una región tan vulnerable como la nuestra, la quinta ola podría representar un punto de inflexión, donde la convergencia de factores globales redefiniría la naturaleza de las economías ilícitas y su impacto en la estabilidad regional.

Uno de los principales impulsores de esta nueva fase ha sido la competencia geopolítica, especialmente en estados con regímenes autoritarios que han facilitado, de manera deliberada o por omisión, la expansión de redes criminales transnacionales. La corrupción estructural y la falta de capacidades institucionales han permitido la consolidación de estas organizaciones, replicando dinámicas históricas en la región, donde la relación entre el crimen organizado y el poder político ha evolucionado con distintos gobiernos en distintos países.

Paralelamente, el cambio climático está creando un entorno propicio para la expansión de economías ilegales. La creciente escasez de recursos esenciales, como agua y minerales estratégicos, ha convertido a estos insumos en activos de alto valor dentro de los mercados ilícitos. A ello se suma el incremento de la migración forzada debido a desastres naturales, lo que ha potenciado el tráfico de personas y el trabajo forzado como industrias criminales en auge.

Otro elemento determinante es el avance tecnológico. Herramientas como la inteligencia artificial han venido siendo incorporadas por las organizaciones criminales para optimizar sus operaciones, desde la automatización de estafas hasta la generación de identidades falsas con deep fakes. En el ámbito financiero, los criptoactivos se han consolidado como una vía para el lavado de dinero, eludiendo los marcos regulatorios tradicionales y dificultando la trazabilidad de transacciones ilícitas.

Finalmente, la crisis de gobernanza en América Latina ha debilitado la capacidad de respuesta estatal. La convergencia de instituciones democráticas debilitadas, la corrupción endémica y la desigualdad extrema han convertido a América Latina en un terreno propicio para el crimen organizado. Desde la década de 1980, la región ha experimentado una evolución en las estructuras delictivas: de jerarquías centralizadas, como los cárteles de Medellín y Cali en Colombia, a organizaciones más fragmentadas y adaptables como los grupos criminales mexicanos. Como señala International Crisis Group, esta fragmentación ha permitido a estas entidades diversificar sus actividades ilícitas, aprovechando vacíos institucionales y mercados emergentes, lo que representa serios desafíos para la seguridad y el desarrollo en la región.

Urgen acciones preventivas

A pesar de que la quinta ola se proyecta para 2040, las acciones preventivas no dan espera. Las organizaciones criminales en América Latina ya están incorporando tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para optimizar actividades ilícitas, incluyendo el lavado de dinero, el reclutamiento y radicalización de menores, la optimización de rutas de tráfico ilícito, ingeniería social para sacar provecho de múltiples datos, la creación automática de malware o la suplantación de identidad, entre otros. Al mismo tiempo, la flexibilidad y adaptabilidad de estas redes les permiten infiltrarse en mercados legales mediante empresas fachada, dificultando así su detección y desmantelamiento.

Si bien es cierto que la globalización ha facilitado la conexión entre centros de actividad criminal a nivel mundial, creando hubs y superhubs que permiten el tráfico de drogas, armas y personas a escala global, es ante la ausencia de estados fuertes que estas organizaciones a menudo proporcionan formas paralelas de gobernanza, ofreciendo servicios básicos e imponiendo su propia justicia, lo que les permite ganar legitimidad y apoyo en comunidades locales.

Por tanto, un primer paso para mitigar el avance sistemático del crimen organizado en América Latina es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Esto implica mejorar la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad, así como promover la cooperación internacional para compartir información y coordinar esfuerzos, tal como lo recomienda la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Por ende, no hay que desestimar todos los esfuerzos estatales que sean necesarios. Desde implementar regulaciones que dificulten el uso de tecnologías avanzadas por parte de organizaciones criminales, sin obstaculizar la innovación y el desarrollo tecnológico, hasta abordar las causas subyacentes del crimen organizado a través de políticas de inclusión social y desarrollo económico que reduzcan la pobreza y la desigualdad. La promoción de la educación y la concienciación sobre los riesgos del crimen organizado, junto con la participación activa de la sociedad civil, son igualmente fundamentales en esta estrategia.

En síntesis, las acciones integrales son esenciales para contrarrestar eficazmente el impacto del crimen organizado en la región y de la llegada de esta quinta ola, que plantea desafíos sin precedentes para América Latina. Para abordar el inminente tsunami, es fundamental que los gobiernos e instituciones de la región adopten ya medidas preventivas y proactivas que les permitan fortalecer sus capacidades.

Sin embargo, hay que poner la lupa en la corrupción y en la subestimación del problema, dos factores que podrían facilitar el crecimiento y expansión de una amenaza potencialmente devastadora para nuestra región. Es imperativo actuar, ahora, con determinación y coordinación. Estamos avisados.

Henry M. Rodríguez
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Doctor en Políticas Públicas por la Universidad IEXE (México). Magister en Seguridad Pública, Investigador académico. Asesor organizacional de corporaciones policiales de México y consultor en seguridad pública y privada.

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