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Por Carlos Noriega

Frente al aumento del delito, con niveles de asesinatos nunca antes vistos, el gobierno cuestionado de Dina Boluarte Apuesta por la mano dura y lleva a los militares a la calle. Ha declarado El estado de emergencia en Lima y su provincia vecina de Callaodonde viven más de un tercio del país. Una decisión tomada después del asesinato el fin de semana de un cantante popular de Cumbia, una más en el ola de crímenes Producto de extorsión a pequeños y medianos empresarios, transportadores, artistas, escuelas y otros, para pagar a cambio de protección. También ha propuesto restaurar la pena de muerte. La declaración del estado de emergencia ocurre en medio de una grave crisis del gobierno y el creciente Preguntas al ministro del interior, Juan José Santiváñez, cuya continuidad se vuelve insostenible.

Jefe de un gobierno de restauración conservador y autoritario, con un importante apoyo e influencia de los defensores de la dictadura fujimorista de la década de 1990, Boluarte tiene la única respuesta para apostar por la mano dura. Tocando la carta de populismo de la mano dura Espera calmar la indignación ciudadana por la creciente inseguridad y las menores críticas por su incapacidad para enfrentar la ola criminal. Es una receta que ya ha ensayado antes, sin éxito para controlar el crecimiento del delito. La falta de una estrategia seria del gobierno para enfrentar el progreso del crimen es notoria.

Luz verde para prohibir la protesta social

El estado de emergencia implica empoderar Las fuerzas armadas para asumir funciones policialesy el suspensión de los derechos y garantías ciudadanas fundamentales. Con esta medida, las fuerzas militares y policiales pueden detener a cualquier ciudadano y ingresar a un hogar para una búsqueda sin una orden judicial. Las libertades de tráfico y reunión también están restringidas. Mide que, con la excusa de combatir el crimen, Las armas dan al gobierno para prohibir las protestas sociales y la luz verde para reprimirlas Violentamente si pudieron dar, algo que el gobierno ya hizo con un equilibrio de medio cien muertos debido a la represión de las movilizaciones sociales de finales de 2022 y principios de 2023.

La propuesta de restablecer la pena de muerteAdemás del populismo autoritario para buscar apoyo entre una población desesperada por la creciente inseguridad ciudadana, es parte de Una campaña gubernamental y sus aliados sobre el derecho de retirar Perú del sistema interamericano de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la restauración de la pena de muerte. Reponerlo implicaría que el país sale de este pacto y eso es lo que el gobierno y sus aliados a la derecha están buscando. Combatir el crimen es la excusa. Boluarte ha sido acusado por el Coordinador de Derechos Humanos Interamericanos (IACHR) por la represión de las protestas sociales Eso dejó a medio cien muertos y busca evitar la justicia internacional dejando el sistema interamericano de derechos humanos. El derecho, con Fujimorismo en frente, defiende a los represores acusados ​​de violaciones de los derechos humanos y repudia el IACHR y la corte interamericana.

La extorsión y el sicario han alcanzado niveles sin precedentes en el país bajo el régimen de Boluarte. Según los datos oficiales, Entre el 1 de enero y el 13 de marzo de este año ha habido 444 asesinatos. Esto implica un aumento del diez por ciento en comparación con el mismo período en 2024, hasta ahora el año más sangriento para la acción del crimen, con asesinatos de 2011. En 2024, en el que el gobierno ya declaró durante varios meses el estado de emergencia con el argumento de combatir el crimen, los asesinatos aumentaron en un 34 por ciento en comparación con 2023. Bajo el régimen de Boluarte y sus propuestas de manos duras, hay un aumento sostenido en el crimen y el índice de asesinatos.

La última víctima de las bandas de extorsión y sicariables ha sido el popular cantante Paul Flores, Líder del grupo musical Harmony 10. La popularidad de este grupo ha dado un impacto especial en este nuevo asesinato. Flores fue asesinado entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana cuando, junto con unos veinte músicos y técnicos, fue al grupo de autobuses a tocar en una fiesta. Un asesino a sueldo de motocicleta disparó en el autobús, impactando al cantante. Los asesinatos de este tipo se han hecho comunes contra aquellos que no pagan cuotas por la protección de las pandillas criminales.

Con la muerte del popular cantante, todos los ojos señalaron al gobierno y a su ministro del interior. Boluarte, abrumado por repetidas quejas de corrupción y un rechazo ciudadano que excede el 90 por ciento, respondió con su antigua y fallida receta de la mano dura. De una estrategia seria, nada. El ministro Santiváñez, quien en diez meses de gestión carece de 1800 muertos por el crimen, todo un registro de incompetencia, salió a decir que vive en una realidad paralela, que su trabajo fue exitosoque hubo avances en la lucha contra el crimen.

Las preguntas para la gestión de Santiváñez vienen desde hace tiempo, hasta la incompetencia para combatir el creciente crimen, Las quejas de corrupción y sus acciones se agregan a las investigaciones fiscales de boicot al presidente Boluarte, Cómo desactivar el equipo de policía que apoyó estas investigaciones, pero se ha mantenido en la posición de la protección que han vendido dando en el Congreso los aliados de Boluarte, una mayoría parlamentaria formada por grupos de derecho y ultra derecha, con Fujimorismo como la fuerza principal. Debido al impacto en la opinión pública del asesinato del cantante popular, estos grupos han decidido liberar la mano del ministro.

Fujimorismo, ahora contra el ministro

Semanas la minoría de la oposición busca al ministro de censura Santiváñez, pero no pudo obtener las firmas necesarias para presentar La moción de censura. Carecían de una empresa, no para aprobar la censura, sino para discutirla. Después del asesinato del músico, lograron esa firma y el lunes presentaron la moción de censura. De repente, la renovación popular ultra derecho anunció una segunda moción de censura. El Partido Popular Fujimorista Fuerza, hasta ahora el sólido defensor del ministro Santiváñez y el principal apoyo del régimen de Boluarte, también ha visto su oportunismo solicitando la renuncia del ministro que ha defendido tanto y anunciando que si no apoya una censura.

Con este cambio y sus malabares verbales para presentarse como críticos del ministro que defendieron hasta ayer, El derecho aliado del gobierno busca evitar o disminuir el costo electoral -Elo miran las elecciones generales de 2026- continuar protegiendo a un ministro repudiado e insostenible. La censura se verá en los próximos días. Las horas del ministro parecen contadas.

El mundo

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