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El destino de la acusación fiscal, y por lo tanto del gobierno, no dependerá tanto de su solidez o su legalidad como de la fuerza de los votos en un Parlamento que tiene más del 80 por ciento de rechazo ciudadano.

Carlos Noriega
Desde Lima

Un golpe de Estado en marcha, ha denunciado el presidente Pedro Castillo en respuesta a la acusación por corrupción que la fiscalía ha presentado en su contra ante el Congreso. Acusación que lo busca sacar de la presidencia, algo que la ultraderecha pretende desde el inicio del gobierno. En un voluminoso expediente de más de 300 páginas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusa al jefe de Estado y a su entorno político y familiar de haber formado una “organización criminal” para beneficiarse económicamente en licitaciones amañadas. El caso de la fiscalía se basa en testimonios que acusan al presidente, algunos de ellos excolaboradores del mandatario. Denunciados por corrupción han canjeado su testimonio acusador contra Castillo por su libertad y beneficios en los procesos en su contra. Desde el gobierno cuestionan su veracidad y exigen pruebas que corroboren esas afirmaciones. El presidente ha respondido que esas acusaciones son falsas.

«Persecución»

“Esto es una persecución. Se ha iniciado la ejecución de una modalidad de golpe de Estado. Se nos acusa de algo que jamás hemos hecho. Vamos a descartar todas las acusaciones, vamos a seguir defendiendo la democracia”, señaló Castillo en una conferencia con la prensa extranjera, en la que estuvo acompañado de sus ministros.

El gobierno demanda que esta denuncia fiscal sea rechazada por el Congreso por “no tener sustento en pruebas” y por ser una acusación que “viola la Constitución”. Según la Constitución, un presidente en ejercicio solo puede ser acusado por traición, impedir las elecciones, cerrar ilegalmente el Congreso o impedir su funcionamiento. Ninguno de esos delitos está incluido en la acusación fiscal, que es por organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La derecha hace malabares argumentativos para tratar de justificar que se incumpla el artículo constitucional que impide acusar a Castillo por los delitos que se le imputan.

La fiscal Benavides ha sido denunciada por el gobierno por ir contra la Constitución al presentar esta acusación. También está acusada de utilizar su cargo para proteger a su hermana jueza en una investigación por liberar narcotraficantes a cambio de sobornos, por obstruir una investigación fiscal a una organización del narco y otra investigación a una mafia judicial con nexos con el fujimorismo. Sin responder esos graves cargos, la fiscal de la Nación ha acusado a quienes recuerdan sus oscuros antecedentes de ser parte de la supuesta organización criminal que su despacho dice encabeza Castillo.

La acusación fiscal contra el presidente está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Si es aprobada en esta instancia pasa a la Comisión Permanente y después al pleno del Congreso para una decisión definitiva. En las tres instancias la aprobación es por mayoría simple. Es un procedimiento que de acuerdo a los congresistas podría demorar unos tres meses. Hay legisladores opositores que no se han sumado al bloque golpista y la correlación de fuerzas es ajustada, el resultado es imprevisible.

Plan B y plan C

Como alternativa a la aprobación de una acusación fiscal cuestionada en su legalidad, la derecha ha sacado de la manga un artículo constitucional nunca aplicado que habla en forma genérica de “suspensión temporal” del presidente. Se ha entendido que esa suspensión temporal tendría que ver con un problema de salud o de fuerza mayor que le impida al presidente ejercer el cargo, pero eso no está especificado y la oposición que quiere destituir a Castillo busca reglamentar este artículo a la carrera incluyendo razones que se puedan aplicar para suspender a Castillo. Y reglamentarían que para ello solo sería necesaria mayoría simple. Cínicamente se argumenta que la suspensión “solamente” duraría mientras se da tiempo a la fiscalía para profundizar las investigaciones y si Castillo resulta inocente sería restituido en el cargo, pero ese proceso tomaría varios años, por lo que en la práctica la suspensión temporal sería una destitución disfrazada.

Una tercera opción que se maneja en el Congreso para sacar a Castillo es volver a insistir con su destitución por la ambigua figura de “incapacidad moral permanente”. Es un proceso sumario, que se puede definir en diez días. El problema para sus promotores es que en este caso se debe aprobar por dos tercios del Congreso unicameral de 130 bancas, votos que ahora no tienen. La ultraderecha ya ha fracasado dos veces en una destitución por esta causa. Pero esperan que ahora la acusación de la fiscalía los refuerce y pueden sumar más votos.

También la vicepresidenta
Si Castillo es apartado de la presidencia lo sucedería la vicepresidenta Dina Boluarte. Pero la ultraderecha ya le ha iniciado un proceso para inhabilitarla. La acusan de haber firmado documentos como dirigente de un club social cuando, se argumenta, como ministra -Boluarte también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social- no podía ejercer un cargo en una institución privada por un posible conflicto de intereses, pero se trata de trámites formales necesarios para el traspaso del cargo, y no hay relación con el Estado ni conflicto de intereses con su cargo de ministra. Es la excusa encontrada para destituirla. Si caen Castillo y Boluarte, la presidencia la asumiría el titular del Congreso, José Williams, un general retirado acusado de violaciones a los derechos humanos. En ese caso, el golpe de la ultraderecha se habría consumado.

“La acusación fiscal contra Castillo no tiene fundamentos sólidos, todo se afirma en condicional, es parte de un escenario de golpe. La fiscalía forma parte de una conspiración golpista junto con la derecha”, le señaló a Página/12 el sociólogo y profesor universitario Sinesio López. Sobre los escenarios que se abren, López opina: “Acciones como las de la ultraderecha en el Congreso y de la fiscalía son irresponsables, pueden conducirnos a una coyuntura muy crítica. Si Castillo cae, puede darse una salida fascista. Otra opción es una gran movilización popular para que todos se vayan, es decir también el Congreso, y haya elecciones generales, lo que en ese escenario sería la mejor opción. Si no logra sacar a Castillo la ultraderecha seguirá permanentemente a la carga en su contra y tendríamos un gobierno acorralado, inmovilizado, con un Castillo que no tiene visión de país ni un programa claro, y lo más probable es que sigamos vegetando en el caos”.

El destino de esta acusación fiscal, y por lo tanto del gobierno, no dependerá tanto de su solidez o su legalidad como de la fuerza de los votos en un Parlamento que tiene más del 80 por ciento de rechazo ciudadano. La ultraderecha que desde el primer día ha querido terminar con el gobierno del profesor rural que los derrotó electoralmente se siente cerca de su objetivo. Este sábado organizó una movilización, poco concurrida, contra Castillo en el centro de Lima. Castillo está debilitado, contra las cuerdas, acorralado por el acoso del Congreso, la fiscalía y los medios, pero también por sus problemas de gestión, el abandono de sus principales propuestas de cambio y personajes de su entorno protagonistas de escándalos de corrupción. El descrédito de buena parte de sus acusadores, de una derecha muy ligada a la corrupción, como el fujimorismo, que ahora cínicamente se presentan como luchadores anticorrupción, pero sin convencer, lo favorece. El país vive tiempos decisivos.

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