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Silvia Salgado Andrade
Partido Socialista de Ecuador
Parlamentaria andina, Copresidenta de la Comisión de Desarrollo Social – Parlamento Europa-Latinoamerica, fundadora de Mujeres, Género y Igualdad de la CSL

En los procesos políticos y luchas sociales de los últimos años en Latinoamérica, el movimiento de mujeres ha jugado un rol protagónico, avanzando en un empoderamiento, toma de conciencia y presencia política en la consecución de sus derechos, logrando la consolidación de sus organizaciones y alcanzando incidencia en importantes reformas del Estado que visibilizan no sólo su acción política sino también su aporte en la generación de la riqueza social.

Cuando nuestros países han adherido a instrumentos internacionales que promueven y asumen la participación política de las mujeres como derecho humano al amparo de los principios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, es propicio entonces preguntarnos: ¿cuáles son las normativas y las políticas públicas desde los Estados garantes de estos derechos para lograr esa igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y cuales sus resultados?

En la región andina y en Suramérica sólo los países andinos Ecuador y Bolivia han constitucionalizado y legislado sobre la paridad política como un derecho de hombres y mujeres y se han planteado el reto y desafío de equilibrar entre ambos el campo de la política como el espacio de toma de decisiones en condiciones de igualdad – sin dejar de señalar y reconocer otros esfuerzos del resto de países en materia de derechos políticos de las mujeres. Se anota como cambios importantes en materia de derechos en estos países por los resultados alcanzados, tanto en incidencia en la construcción de políticas públicas con enfoque de género, como haber logrado presencia de las mujeres en la representación política entre el 40 % y 50% en los parlamentos nacionales, sin dejar de mencionar el considerable incremento de autoridades mujeres en gobiernos locales.

Sin embargo, no es menos cierto que alcanzar la paridad como un pleno derecho humano sigue siendo una tarea pendiente, ya que no sólo es la normativa que bien puede aportar a eliminar barreras legales para la igualdad, sino tan importante son los cambios en la cultura de la sociedad , en los estereotipos de género que aún persisten, en los sistemas educativos, en los que difunden medios de comunicación, en el sistema de partidos políticos, los que se mantienen en la familia, en general en las actitudes y acciones concretas de los individuos y de la institucionalidad pública, privada-doméstica.

La igualdad plena tiene que expresarse en igualdad de oportunidades para la toma de decisiones en los espacios de poder, en fortalecer los liderazgos públicos de las mujeres, en combatir y eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, en garantías de participación de las mujeres en todos los procesos de paz y de seguridad, en el empoderamiento económico de las mujeres para des-feminizar la pobreza, en el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo, en terminar con la división sexual del trabajo y el rol doméstico exclusivo de las mujeres, etc.

En definitiva me atrevo a plantear no sólo la participación política paritaria, sino el reto de debatir la DEMOCRACIA PARITARIA como el gran desafío de las nuevas generaciones, pensada en una sociedad integrada por hombres y mujeres con plenos derechos humanos, con una representación política equilibrada en el campo de las decisiones del poder, con corresponsabilidad compartida tanto en el ámbito público como en el privado, todo lo contrario una vez más justificará el grito sentido de millones de mujeres: sin las mujeres no hay democracia.