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La libertad que pregona Javier Milei no incluye la participación ciudadana en la toma de decisiones. Al menos eso se desprende de dos iniciativas recientes de su Gobierno. La última semana, el presidente ultra eliminó por decreto el escrutinio público que incluía el proceso de selección de los candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia. En simultáneo, impulsa la regulación de las interacciones entre funcionarios y actores privados con un proyecto que restringe el derecho de cualquier ciudadano a peticionar ante las autoridades, al equipararlo con el lobby de empresas y corporaciones. Un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil advierte que la eliminación o reducción de los espacios de participación pública debilita la democracia.

«El Gobierno no se lleva bien con los controles de las instituciones y de la sociedad civil. Tampoco con el control del periodismo», señala Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, una de las organizaciones que están alertando sobre los riesgosos avances de la Administración de Milei. «Me parece que el Gobierno tiene muchos inconvenientes con los engranajes institucionales que permiten tener una democracia sólida», dice.

La señal de alarma se encendió a principios de este mes, cuando el Ejecutivo presentó en el Congreso un proyecto de ley titulado Transparencia y publicidad de la gestión de intereses. De acuerdo con el Gobierno, el propósito es garantizar «la trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales», desde el dictado o la reforma de leyes hasta las contrataciones, las licencias o el manejo de fondos públicos, entre otras medidas.

La propuesta consiste en la creación de un registro público de gestores de intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente tanto los ciudadanos como las entidades de cualquier tipo que hagan gestiones ante miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No solo deberán consignar datos personales o jurídicos, también deberán detallar si actúan de manera gratuita o no, si representan intereses locales o foráneos. Además, tendrán que presentar un detallado informe trimestral sobre sus actuaciones. A su vez, en otro registro deberán anotarse los funcionarios o legisladores para comunicar sus contactos con actores del sector privado. El proyecto prevé multas económicas, penas de prisión e inhabilitaciones para quienes falseen datos o no presenten los reportes exigidos.

Aunque el Gobierno ultra presentó su propuesta como un aporte para construir «una democracia más deliberativa, transparente y liberal», casi 200 asociaciones, fundaciones, foros y organismos de derechos humanos consideran que el proyecto «amenaza la labor de la sociedad civil», «restringe la participación y la autonomía» de sus organizaciones, «concentra los controles en una autoridad sin independencia y criminaliza errores formales». En una declaración conjunta, concluyen que «no fortalece la democracia», sino que «la erosiona precisamente donde más importa».

La principal crítica de las ONG radica en que el Gobierno asume como equivalentes a «las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil». Argumentan que «el contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder. Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias».

«Estamos a favor de que se regule el lobby como actividad que busca contactar funcionarios para perseguir un beneficio económico, pero,tal como está redactado el proyecto,es tan amplio que involucra acciones de naturaleza muy distinta», explica Eduardo Ferreyra, codirector de la Asociación civil por la igualdad y la justicia (ACIJ). «Si, por ejemplo, los familiares de víctimas de algún hecho presentan sus reclamos a las autoridades, estarían alcanzados por este proyecto», destaca.

Otra herida a la participación ciudadana fue infligida por Milei mediante un decreto firmado el martes pasado. El presidente reformó las normas que regían el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, del procurador general y el defensor general de la Nación. Desde 2003, el Ejecutivo estaba obligado a organizar una instancia de evaluación ciudadana de sus eventuales postulantes para esos cargos, antes de enviar sus candidaturas al Senado. En esa etapa, los ciudadanos, las organizaciones civiles, las asociaciones profesionales, las instituciones académicas y otras entidades podían presentar «las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar» sobre los precandidatos. Milei suprimió esa instancia alegando que el escrutinio público ya está garantizado cuando el asunto se debate en el Congreso. De paso, en el mismo decreto también eliminó la recomendación de respetar la paridad de género al conformar el máximo tribunal.

Una decena de organizaciones no gubernamentales manifestó su rechazo al decreto presidencial. «La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia», entienden el CELS, Amnistía Internacional, ACIJ, Poder Ciudadano, Inecip y otras ONG. «Restringir los espacios de intervención de la ciudadanía y abandonar criterios orientados a promover una integración plural del máximo tribunal» son medidas que incrementan la desconfianza en las instituciones públicas,»debilitando la democracia». Y añaden que «la designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia y, como tal, requiere de mayores controles, no de menos».

La ausencia, la escasez o el debilitamiento de canales y mecanismos de participación pública son algunos de los factores por los que la ciencia política viene advirtiendo, desde hace tiempo y en diversos países, sobre un proceso de erosión democrática. Con matices según los casos, el fenómeno suele asociarse a mandatarios que acceden al Gobierno por la vía electoral, establecen una relación directa con sus votantes y «ejercen el poder sin ningún tipo de voluntad de admitir contrapesos o incluso tratando de ir contra esos contrapesos, contra el Congreso o el Poder Judicial», explica el politólogo Miguel De Luca.

¿Cómo convive ese modo de gobernar con un discurso como el de Milei, cuyo principal eslogan es «viva la libertad»? «Hay al menos tres variantes sobre lo que se entiende por liberalismo», dice De Luca. El libertarismo al que dice adscribir Milei propone a la libertad individual, la propiedad privada y la no intervención del Estado como valores supremos. «Otra variante, para la que no tenemos una expresión en castellano, es lo que los italianos llaman ser liberista y consiste en ser partidario de la libertad solo en el terreno económico. Y la tercera es la variante más progresista, donde el liberalismo se refiere a un conjunto de derechos en todas las esferas de la vida social: libertad religiosa, libertad de participar, libertad sexual… Eso en la concepción de Milei no está, para nada. Milei navega entre ser libertario y liberista».