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Se cumplieron diez años desde la madrugada del 2 de marzo de 2016, cuando hombres armados ingresaron sigilosamente a la casa de Berta Cáceres en La Esperanza, Intibucá. Ella, reconocida defensora ambientalista y lideresa indígena lenca, fue asesinada en su ciudad natal.

Desde entonces, su familia y el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) no han descansado en la búsqueda de justicia. Ocho personas han sido condenadas, siete autores materiales con penas de 30 a 50 años, y David Castillo, exejecutivo de Desarrollos Energéticos (DESA), a 22 años y 6 meses como coautor.

Aún reclaman justicia contra los autores intelectuales. Tras siete años de presión, se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el feminicidio territorial de Berta Cáceres. Este 2026, su informe revela planificación, financiamiento y responsabilidades estatales, empresariales e internacionales.

“La creación de este grupo fue una petición del COPINH pocos días después del crimen de nuestra compañera Berta”, dijo Berta Zúniga, hija de Cáceres.

En el décimo aniversario, Zúniga confesó que no fue fácil lograr que el Estado aceptara el GIEI con acceso irrestricto a información clave, como datos financieros, información militar y testimonios.

“Este ejercicio permitió claridades sobre la responsabilidad del Estado, DESA y bancos internacionales en el asesinato de mi madre”, comentó.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes obtuvo la desclasificación de inteligencia militar relacionada con el caso. El informe exige su cumplimiento institucional; “solo así mostrarán voluntad política”, afirmó la actual coordinadora del COPINH.

Entre las recomendaciones que enumera Berta Zúniga está la necesidad urgente de titular las tierras en la comunidad indígena lenca de Río Blanco, donde se represó el río para la construcción de la hidroeléctrica; esa labor le corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA) y al Instituto de la Propiedad. Otra recomendación está orientada a la liquidación de la empresa DESA, responsable del proyecto Aguazarca, propiedad de la familia Atala Zablah. “Lamentamos que tantos años después esa estructura criminal no ha sido desmantelada”, dijo.

Otra de las recomendaciones que se hace es la creación de un fondo de reparación para las víctimas directas e indirectas; esos fondos deben ser proveídos por esas instituciones financieras internacionales que dieron fondos para el mantenimiento del proyecto, y finalmente que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada en reconocimiento de los territorios indígenas.

Berta Zúniga hizo énfasis en la necesidad de que el Ministerio Público continúe las investigaciones sobre la responsabilidad de los empresarios Daniel Atala y Jacobo Atala, para poder deducir responsabilidad a las personas que tuvieron mayor control de la empresa y que fueron piezas clave en la toma de decisiones para ejecutar el crimen de la ambientalista.

El jesuita Ismael Moreno, padre Melo, aseguró que luego de diez años del crimen de la lideresa hondureña, ha quedado demostrado que la justicia en Honduras está organizada a partir de la impunidad y para producir impunidades. “Es lamentable que la actual justicia en este país sea la propia enemiga de la justicia de los pueblos. En estos 10 años de lucha por la justicia es impensable que se logre arrancar respuesta por parte de los que son productores de impunidad; la poca justicia que ha llegado es por la presión de las comunidades y organizaciones, pero sabemos que aún falta por identificar a los Atala, y para lograr eso necesitamos de esa presión local, nacional e internacional”, dijo.

Para el padre Melo, el caso de Berta ha dejado claro que en su asesinato se estableció un patrón del crimen. “Así como la asesinaron a ella también pudo ocurrir el crimen de Juan López; ambos se sitúan en ese mismo patrón donde participan las estructuras oficiales del Estado, que a su vez responden a las estructuras de poder financiero, militar, poder policial, poder político, partidario y el poder de todas aquellas estructuras que están identificadas con la inversión internacional. Es un crimen político, debidamente organizado que nos conduce y nos debe animar hasta identificar a los asesinos intelectuales; así también se abren caminos para proseguir la lucha para identificar a los criminales y a las redes organizadas que asesinaron a Juan López y otros compañeros y compañeras han sido asesinados a partir del mismo patrón, que se sustenta en la impunidad”, dijo.

Yessica Trinidad, de la Red Nacional de Defensoras, en el marco de los 10 años de la siembra de Berta Cáceres, hizo el llamado a seguir comprometidas para que los que ordenaron el crimen paguen, ya que ha sido una década de ausencia y dolor para el movimiento social hondureño y las organizaciones de mujeres y feministas que reconocían en el liderazgo de Berta.

Por su parte, el abogado Eddy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, dice que en los 10 años del crimen de Berta Cáceres, Honduras y el propio movimiento social sienten la ausencia de su liderazgo, pero que pese al crimen su compromiso y legado se han multiplicado en los territorios.

Berta Zúniga cierra diciendo que el trabajo y la apuesta de su madre para fortalecer al movimiento social y popular debe impulsar a seguir organizando plataformas que logren apoyar a las comunidades en su lucha en defensa de los territorios y bienes comunes de la naturaleza.

Radio Progreso