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El fiscal José Domingo Pérez, que lleva casos emblemáticos que incluyen a importantes políticos, fue suspendido por seis meses. Revelan las maniobras del fujimorismo para desplazar a Pérez.

Duro golpe a los juicios contra la corrupción política con la suspensión de un fiscal clave en estos procesos. El fiscal José Domingo Pérez, que lleva casos emblemáticos que incluyen a importantes políticos, ha sido suspendido por seis meses por una instancia de control interno del Ministerio Público por supuestas “faltas administrativas”. La principal beneficiada con esta decisión es Keiko Fujimori, procesada por organización criminal y lavado de más de 17 millones de dólares. Pérez es el fiscal que ha investigado desde 2018 los aportes clandestinos a las campañas fujimoristas y encargado de elaborar y sostener la acusación a la jefa del fujimorismo por este caso, para la que ha pedido 30 años de prisión. Ahora ha quedado apartado del proceso en un momento crucial. Sacarlo del caso era un objetivo principal de Keiko y su defensa, que maniobran para frustrar el juicio.

Esta suspensión del fiscal se produce unos días después que en una decisión sin precedentes se anuló el juicio oral en proceso a Keiko y otros 32 acusados, que se había iniciado en julio de 2024, y se dispuso que el proceso regrese a una etapa anterior para que la Fiscalía presente una nueva acusación y un juez la revise y decida si se abre un nuevo juicio oral. Con esta suspensión, Pérez ya no podrá presentar y sustentar esa nueva acusación contra Keiko. El fujimorismo celebra un segundo triunfo judicial en pocos días, decisiones muy cuestionadas que ven como importantes pasos para la impunidad de su jefa. Otros políticos acusados de corrupción también celebran.

El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández, ha suspendido a Pérez acusándolo de haber intervenido como fiscal en un caso en el que, señala, no debía hacerlo. Basa esta decisión en un fallo del Tribunal Constitucional (TC), nombrado con votos del fujimorismo y sus aliados en el Congreso, que dictaminó que Pérez no podía ser el fiscal en la acusación por obstrucción a la justicia al abogado Arsenio Oré, parte del juicio a Keiko, sindicado de pretender comprar testigos para que no acusen a la jefa del fujimorismo y a otros procesados, y anuló esta acusación y le ordenó a Pérez dejar el caso de obstrucción para que lo investigue otro fiscal.

El TC -el mismo tribunal que abrió la puerta para la anulación del juicio oral a Keiko- sustentó su fallo señalando que al ser Pérez el fiscal del caso era el afectado por esa obstrucción al proceso y, por lo tanto, era “parte interesada”, lo que le impedía ser fiscal en esa acusación. Pérez expresó su discrepancia con esa decisión, pero cumplió lo ordenado por el TC en agosto de 2024. Sin embargo, el jefe de control del Ministerio Público lo ha sancionado por haber visto el caso de obstrucción antes de la decisión del TC que le impidió hacerlo.

«Injusta y excesiva»

Pérez calificó su suspensión como “injusta y excesiva”. “He cumplido el fallo del TC que me impide actuar en el caso de obstrucción, pero la autoridad de control dice que antes de ese fallo yo debí ponerme en el escenario que eso iba a ocurrir y no actuar en este caso desde el inicio”, señaló el fiscal, que atribuyó su suspensión a una decisión de “autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales”.

Evidencias revelan maniobras ocultas del fujimorismo para sacar al fiscal Pérez, en las que está involucrado el magistrado que ha ordenado su suspensión. En la prensa se ha denunciado un intercambio de mensajes entre Juan Fernández, el jefe de la autoridad de control que lo ha suspendido, y el abogado del partido Fuerza Popular que encabeza Keiko Fujimori, Christian Salas, que revelan una conspiración para sacar a Pérez y otros dos fiscales. En esos mensajes, cuyo contenido ha sido divulgado por el diario La República, también se habla de deshacerse del fiscal Rafael Vela, coordinar del equipo de fiscales que integra Pérez y que ve los casos de corrupción contra importantes políticos y empresarios vinculados a la constructora brasileña Odebrecht, y a la fiscal Marita Barreto, que encabezaba el equipo de fiscales que investiga por corrupción al hermano de la presidenta Dina Boluarte. Esos mensajes son de septiembre de 2024.

Un mes después, Barreto fue suspendida de su cargo por orden de Fernández. La excusa fue una supuesta infidencia en un caso a su cargo. Al fiscal Vela, que en noviembre de 2023 fue suspendido por ocho meses también por orden de Fernández por declarar a los medio, le han abierto dos procesos internos que podrían llevar a una nueva suspensión.

El fiscal Pérez ha asegurado que un audio que confirma este complot ha sido entregado a la Fiscalía, pero a pesar de eso la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no ha tomado ninguna acción contra el jefe de control, Juan Fernández. “Lamentablemente –denunció Pérez- la fiscal de la Nación, que conoce que existe este audio en el cual Fernández y el abogado de Fuerza Popular negocian mi salida y la de otros fiscales, no ha tomado ninguna medida para proteger a los fiscales del riesgo que significa Fernández, que sigue actuando impunemente violando sus deberes funcionales afectando a fiscales que ven graves casos de corrupción. El complot que revela ese audio se viene ejecutando. En el Ministerio Púbico se vive un ambiente hostil, con autoridades que buscan obstruir nuestra labor contra la corrupción. Esperemos que el fiscal que me reemplace en el proceso a la señora Fujimori cautele el caso y presente una acusación”.

Además del proceso contra Keiko Fujimori, el suspendido Pérez es el fiscal que logró la condena por corrupción del expresidente Alejandro Toledo, investiga a los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, e investigó y pidió la detención del expresidente Alan García, que se suicidó para eludir enfrentar un proceso por corrupción. Esto le ha ganado poderosos enemigos.

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