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Nicolás Maduro durante su programa semanal de televisión en Caracas (Venezuela).

Las elecciones parlamentarias y de gobernadores celebradas este domingo en Venezuela no resuelven el problema de fondo se arrastra desde hace años. Más que un mecanismo democrático para canalizar la voluntad popular, los comicios se han convertido en una escenificación sin garantías que perpetúa el régimen y mantiene vivo un conflicto político, económico y social que tiene al país estancado en una crisis interminable.

Las elecciones presidenciales del pasado julio, en las que Maduro se proclamó de nuevo presidente entre múltiples acusaciones y evidencias de fraude, dejaron claro que la cuestión ya no es si concurrir o no, sino si es posible hablar de elecciones reales, legítimas, cuando estas se celebran bajo condiciones tan desiguales, con la oposición perseguida, sin observación internacional contrastada y con los ciudadanos sometidos a un ambiente de miedo, manipulación y desconfianza.

El proceso que culminó este 25 de mayo ha estado marcado por una abstención altísima y una represión sostenida contra la mayoría de los líderes opositores y los sectores de la sociedad que respaldaron a María Corina Machado tras el 28 de julio y en su campaña por la abstención. La decisión de una parte de la oposición democrática de participar el domingo, pese a las condiciones adversas, merece reconocimiento, pero solo una estrategia unitaria permitirá enfrentarse con eficacia a un régimen que ha hecho del ventajismo su principal herramienta. En lugar de competir en condiciones justas, el chavismo se ha asegurado de reducir al mínimo cualquier amenaza a su continuidad.

En este contexto, el resultado electoral, en el que el régimen se ha adjudicado el 82% de los votos y el control de todas las gobernaciones del país, no solo carece de legitimidad, sino que consolida la percepción de que Maduro ha vaciado de contenido las instituciones para convertirlas en instrumento de su permanencia en el poder. La estrategia del oficialismo ha sido clara: aparentar apertura, convocar a las unas y permitir la inscripción de algunos candidatos para dar una imagen de pluralismo, pero mantener todos los resortes de control para que nada cambie. La consecuencia es una ciudadanía cada vez más desconectada del sistema político, desilusionada con la vía electoral y atrapada entre la represión y la desesperanza.

La comunidad internacional debe entender que no se trata simplemente de evaluar si hubo o no irregularidades el día de la votación. El problema es estructural: empieza mucho antes y tiene que ver con el cierre del espacio democrático en Venezuela. Cualquier intento de mediación o presión debe partir de ese diagnóstico: no hay condiciones para unas elecciones libres mientras no se restituyan los derechos políticos, se libere a los presos de conciencia, se garantice la participación de todos los actores y se respete la voluntad popular.

Mientras tanto, Venezuela sigue atrapada. La crisis humanitaria, la migración forzada, la descomposición institucional y el colapso económico son síntomas de un país que no encuentra salida. La solución pasa, inevitablemente, por reconstruir una ruta hacia la democracia, pero eso solo será posible si se crea un marco de garantías reales. Las elecciones, tal y como se plantean ahora, no son parte de la solución. Son, en sí mismas, parte del problema.

EL PAÍS