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Organismos salvadoreños e internacionales advierten de los riesgos de la reforma constitucional que permite al popular mandatario perpetuarse en el poder

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado esta semana un paso más en su avance veloz hacia el poder absoluto. La Asamblea Legislativa, en manos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el jueves en un trámite exprés la reelección presidencial indefinida: un viejo sueño del popular líder salvadoreño y una imagen que en América Latina resulta familiar y que ha hecho revivir los fantasmas de quienes ven cómo el país centroamericano sigue el manual autoritario de Gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua.

“La experiencia latinoamericana muestra que la reelección indefinida es un riesgo para la democracia porque limita la alternancia de poder y facilita que caudillos coopten los otros poderes del estado y que hagan desiguales las reglas del juego para los otros partidos políticos. Es la experiencia que hemos visto en Venezuela y Nicaragua”, advierte en conversación con EL PAÍS el subdirector de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.

La medida se aprobó en una reforma de varios artículos de la Constitución, con los 57 votos a favor de todos los diputados oficialistas y los tres votos en contra de los únicos opositores, y contempla también ampliar el periodo presidencial de cinco a seis años, y anular la segunda vuelta electoral, como estipulaba la Constitución salvadoreña hasta ahora.

Pese a que el oficialismo lo justificó como una manera de devolverle el poder al pueblo salvadoreño, para Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos en El Salvador que este mes se vio obligada a abandonar El Salvador tras denunciar el asedio del Gobierno de Bukele, la medida es el “tiro de gracia” a la democracia del país centroamericano.

“Lo que ocurrió ayer es un golpe al sistema democrático que no devuelve el poder al pueblo, sino que se lo entrega sin límites a la familia Bukele”, le dice a EL PAÍS el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock. Para él, la reelección indefinida es la culminación de “un proceso sistemático de represión” que ha llevado al exilio a defensores de derechos humanos y periodistas. “Siguiendo el manual de dictador, se aprovecha ese contexto para perpetuarse en el poder”, asegura.

La medida también fue inmediatamente condenada por la organización salvadoreña Acción Ciudadana que, en un comunicado emitido en la noche del jueves, rechazó también la versión oficial de que tenga como objetivo ahorrar fondos públicos. “Con esta reforma, está prácticamente cerrada la vía electoral como mecanismo para la alternancia de poder”, lamenta Acción Ciudadana en el comunicado. “El Salvador tendrá a una persona que ejercerá la presidencia al menos 14 años de forma consecutiva, cuando lo máximo permitido —antes de las reformas a la Constitución hechas por los órganos del Estado en manos del bukelismo— eran 5 años”.

“Vía libre con Trump”
Acción Ciudadana también equipara el camino que su país está tomando con el de Venezuela o Nicaragua. En ese sentido, Pappier, de HRW, cree que, desde que Bukele asumió el poder en El Salvador se está viendo una concentración del poder y una cooptación de todos los poderes públicos a paso acelerado.

“Es el mismo camino que tomó Hugo Chávez en Venezuela, pero muchísimo más rápido, tomándose la Corte Suprema, los tribunales inferiores, la fiscalía general de la nación, y alterando las reglas de juego electorales para poder concentrar todo el poder público en el país”, advierte. “Es el mismo libreto que Chávez: aprovecharse de la popularidad para desmantelar la democracia”.

Según Pappier, si Bukele ha podido llevar a cabo ahora esta reforma constitucional con la que viene coqueteando desde hace años, tiene que ver con que sabe que, con Donald Trump en la Casa Blanca, tiene “vía libre”. “Hoy, él siente que no tiene diques de contención internacionales que impidan que lleve al país por el camino de Nicaragua. Él sabe que a Trump la democracia y la separación de poderes no le puede importar menos, que lo que le importa es tener gobiernos como el de El Salvador que le hagan la tarea y él está feliz de hacerle los deberes a Trump a costa de su proyecto autoritario”, añade en referencia al acuerdo por el que el salvadoreño acordó recibir a deportados de EE UU en su megaprisión del Cecot.

Esta situación se suma, además, al debilitamiento de los contrapesos de la sociedad civil que se han visto en los últimos meses con la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada también de manera exprés por la Asamblea oficialista, que permite silenciar a las voces críticas, y con el arresto de activistas y defensores de derechos humanos. El más prominente fue el de Ruth López, una reconocida abogada de derechos humanas y directiva de Cristosal, que había liderado investigaciones clave que expusieron irregularidades del Ejecutivo salvadoreño y los abusos de la guerra contra las pandillas de Bukele.

Estos episodios coincidieron con la salida preventiva del país de decenas de activistas, periodistas críticos con el Gobierno de Bukele y organizaciones como Cristosal, que optaron por salir de El Salvador para poder seguir desarrollando su trabajo ante el temor de ser capturados por motivos políticos.

“Lo que quedaba hasta hace poco era una sociedad civil bajo presiones y amenazas y un periodismo independiente que sobrevivía a las mismas condiciones”, reconoce Noah Bullock, de Cristosal. “Ahora, bajo la represión hacia estos sectores y con la claridad de que el sistema político y la democracia han desaparecido en El Salvador, lo que quedan son las personas que luchan por sus derechos. Ahora tienen menos espacios e instituciones para hacerlo, pero la historia nos indica que tarde o temprano esto terminará”.

EL PAÍS