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La ley promulgada por la presidenta impactará en unas 150 sentencias y 600 juicios en curso

A pesar de las objeciones de la fiscalía, el Poder Judicial y la Corte IDH, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una ley de amnistía que beneficia a militares y policías acusados, procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la violencia que azotó Perú entre 1980 y 2000. Flanqueada por congresistas de Fuerza Popular —agrupación de tinte fujimorista— y militares en retiro, la mandataria calificó el día de “histórico”.

“El Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la nación que juraron proteger”, enfatizó la jefa de Estado, desde Palacio.

Aprobada por el Congreso el 9 de julio, la ley favorece a aquellos efectivos y altos mandos que no cuenten con una sentencia firme, así como a los sentenciados mayores de 70 años. Se estima que la norma afectará un promedio de 150 sentencias y 600 juicios en curso. El Ejecutivo tenía hasta este 15 de agosto para promulgarla o devolverla al Parlamento con observaciones.

El 24 de julio, la Corte IDH le ordenó a Perú que suspendiera inmediatamente el trámite del proyecto de ley a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas en las matanzas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Pero Boluarte hizo caso omiso.

No es la primera vez que el gobierno no acata pedidos de la Corte. A fines de 2023, le concedió la liberación al expresidente Alberto Fujimori en un proceso irregular. A mediados de 2024, el Congreso aprobó un proyecto de ley para establecer la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2003. Boluarte evitó pronunciarse sobre el tema, pero no vetó el proyecto y, finalmente, se convirtió en ley. También se recuerda con nitidez como le concedió la liberación a Alberto Fujimori a fines de 2023.

“El Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana”, subrayó Boluarte hace algunas semanas.

Una escena que ha despertado el rechazo de la población es el saludo entre la presidenta Boluarte y Juan Rivero Lazo, uno de los fundadores del Grupo paramilitar Colina, culpable de diversas ejecuciones extrajudiciales. Rivero Lazo fue condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, pero fue puesto en libertad en diciembre. Este miércoles, estuvo presente en la ceremonia de promulgación como un invitado de honor.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a 74 organizaciones, ha alzado su voz de protesta y ha convocado a un plantón frente a Palacio de Justicia para esta tarde. “Se ha dejado sin justicia a miles de familias que llevan más de 40 años luchando por verdad y reparación”, dice el comunicado, avalado por los deudos que se han declarado en duelo nacional ante la impunidad y marcharán vestidos de negro.

La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, ha subrayado que la ley de Amnistía “socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho”. Con esta decisión, ha dicho, “Perú se une a Nicaragua, Venezuela y otros países que desafían al sistema interamericano, despreciando los derechos de las víctimas”.

De acuerdo a la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y desaparecieron más de 20.000 a causa de grupos guerrilleros y de las fuerzas armadas.

EL PAÍS