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La oposición en el Senado cierra una semana legislativa negra para el Gobierno ultraderechista

Después de los límites que la Cámara de Diputados le había puesto al ajuste de Javier Milei un día antes, este jueves llegó el turno del Senado. Y el resultado fue más lapidario para el presidente ultraderechista. Con amplio respaldo, los partidos de oposición e incluso algunos habituales aliados del Gobierno dieron de baja cinco decretos del mandatario que desguazaban y desregulaban distintas áreas del Estado. También aprobaron una ley de financiamiento universitario que recompone el presupuesto de las casas de estudios y los salarios de los profesores, severamente recortados por Milei. Además, votaron otra norma que declara en emergencia al sistema de salud pediátrica y le asigna más recursos al sector.

El Gobierno se había pronunciado antes de la sesión en el Senado, donde daba por descontada una nueva derrota. Milei habló este jueves de “un Congreso secuestrado por el kirchnerismo” que solo busca «quebrar al Estado nacional“. Su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, promotor de los decretos desestimados, dio a entender que el Ejecutivo intentará sostener las medidas por la vía judicial.

La sesión de la Cámara de Senadores dejó sin amparo a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei: apenas contaron con apoyos aislados y circunstanciales. La gran mayoría del cuerpo se pronunció contra la voluntad del Ejecutivo, en un movimiento que reunió a las diferentes líneas internas del peronismo, como el kirchnerismo, a partidos provinciales, a la centrista Unión Cívica Radical e incluso al PRO, la fuerza conservadora del expresidente Mauricio Macri, socia electoral de LLA.

Algo parecido había ocurrido el miércoles, cuando la Cámara de Diputados había rechazado un veto del presidente y había insistido en aumentar los fondos para la atención de personas con discapacidades.

Los cinco decretos de Milei debatidos en el Senado ya habían sido rechazados por Diputados. Al cosechar ahora el voto negativo de ambas cámaras, quedaron definitivamente desechados. Cuatro de ellos habían sido dictados en el marco de las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso en manos del presidente. Tenían por objeto reformar y reducir organismos públicos como los institutos nacionales de tecnología agropecuaria (INTA), de tecnología industrial (INTI), del teatro, la comisión de bibliotecas populares (Conabip) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, utilizado por las Abuelas de Plaza de Mayo para la identificación de sus nietos, apropiados por la dictadura. También disponían la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. El quinto era un decreto de necesidad y urgencia que desregulaba a la marina mercante y limitaba el derecho a huelga de sus trabajadores.

“Bajo el argumento de ‘modernizar’, están avanzando sobre organismos que la Constitución protege”, dijo el senador Pablo Blanco (UCR), al argumentar su rechazo a los decretos. “La arquitectura institucional del Estado no se destruye solo con la derogación de sus leyes. A veces basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, retirando autonomía presupuestaria y resignando funciones hasta volverlos inexistentes”, detalló.

La mayoría opositora consideró que el Ejecutivo no respetó la delegación de facultades concedida el año pasado mediante la llamada Ley Bases y avanzó sobre terreno vedado. “Este Gobierno quiere suprimir el Congreso nacional, el presidente es autoritario, gobierna a puro veto y decretos. ¡Gobierna hace dos años sin ley de presupuesto!”, advirtió la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio.

Solo los dos últimos discursos del debate ensayaron una defensa de las medidas de Milei. “Los decretos fueron dictados bajo las facultades que le hemos delegado al Ejecutivo. Si hoy los rechazamos, estamos alegando nuestra propia torpeza”, planteó el senador Juan Carlos Pagotto (LLA). También desde el oficialismo, Ezequiel Atauche aseguró que las normas impulsaban “una reorganización legal” y “eliminar estructuras redundantes”. Y acusó al kirchnerismo de haber “llenado al Estado de militantes políticos”.

Hubo cinco votaciones para definir la suerte de cada decreto. La más disputada terminó con 55 votos de un lado y 13 del otro. La menos, 60 contra 9.

Universidad y pediatría
Mientras los legisladores debatían, en los alrededores del Congreso, en pleno centro de Buenos Aires, se realizaba una manifestación en rechazo a la disolución de Vialidad Nacional y en defensa de los derechos laborales. El Ministerio de Seguridad ordenó un amplio operativo policial y los sindicatos del transporte denunciaron una violenta represión.

En el recinto, los senadores ya discutían el financiamiento universitario. El Congreso argentino había sancionado el año pasado una ley para restituirle al sector los fondos recortados por Milei, después de masivas protestas de estudiantes y profesores que tuvieron amplio apoyo social. Pero en octubre el presidente la vetó. Los legisladores de distintas fuerzas opositoras volvieron a la carga: hace dos semanas consiguieron un respaldo mayoritario en Diputados (158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones) y este jueves el Senado la convirtió en ley, también con holgura: obtuvo 58 votos favorables, 10 negativos y 3 abstenciones.

La nueva norma fue elaborada originalmente por las propias universidades nacionales, con apoyo de los sindicatos de profesores y empleados. Desde fines de 2023, el presupuesto y los sueldos universitarios perdieron cerca de un 30% de su poder adquisitivo, ante la falta de actualización que resolvió Milei, pese al avance de la inflación. Los senadores opositores argumentaron que el presupuesto de las universidades alcanzaba al 0,72% del PBI en 2023, luego bajó 0,57% en 2024 y este año cayó al 0,43%. La ley aprobada establece que los recursos para el sector deben recomponerse según la inflación acumulada y, luego, instrumentar mejoras bimestrales que respetan el índice de precios oficial.

La tercera gran derrota del Gobierno en el Senado se debió a la situación de los centros públicos de salud pediátrica, en particular del Hospital Garrahan, el principal del país. Desde hace meses, frente a la intransigencia del Ejecutivo, los médicos denuncian que sufren “una situación salarial crítica e insostenible” y vienen realizando huelgas y protestas para exigir un aumento de sueldos para todo el personal. La ley aprobada declara la emergencia en salud pediátrica durante dos años y establece la reasignación de fondos y el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias para recomponer los salarios, incluyendo a los médicos residentes, el primer peldaño de la escala profesional y el corazón del conflicto.

El respaldo del Senado a esta ley también fue amplio: al término de una sesión que duró más de 12 horas, se aprobó con 62 votos a favor y 8 en contra. Si el presidente resuelve vetar las normas sancionadas este jueves, deberá torcer muchas voluntades para que el Congreso no insista con su defensa de las universidades y los hospitales para niños.

EL PAÍS