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El balance de veinte años es elocuente. La protesta en Chile no es una anomalía ni un accidente, sino parte estructural de la vida democrática. Sus ciclos se activan cuando los canales institucionales no logran procesar las demandas acumuladas

¿Ha aprendido Chile a interpretar el sentido de sus protestas o seguimos viéndolas como irrupciones inesperadas? A seis años del estallido social de octubre de 2019, la actualización de la base de datos del Observatorio de Conflictos del COES ofrece una mirada inédita. Este registro, construido a partir de la codificación manual de información de prensa escrita nacional y regional, reúne 38.551 protestas entre 2005 y 2024 y permite observar tendencias, transformaciones y persistencias en la movilización social chilena.

El estallido de 2019 se confirma como el momento más intenso del período, con un 10,8% de todas las protestas registradas. El movimiento estudiantil de 2011 le sigue con un 7,1%. En el extremo opuesto, 2005 y 2024 muestran los niveles más bajos, con 3,3% y 2,3% respectivamente. La trayectoria no es lineal: se observan fases de alta conflictividad —como en 2008, 2013 y 2020— seguidas de períodos de retracción. La protesta en Chile no desaparece; se activa en momentos específicos y vuelve a emerger cuando las tensiones sociales se acumulan.

La distribución territorial refuerza esta idea. La Región Metropolitana concentra el 17% de las protestas a pesar de comprender casi la mitad de la población nacional. La Araucanía aparece en segundo lugar con un 11,2%, asociada al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Valparaíso, con un 9,8%, también ocupa un lugar relevante por su rol como sede del Congreso. En contraste, Aysén registra solo un 2,9%, lo que la convierte en la región con menor movilización en este período.

En las motivaciones, las demandas laborales encabezan con un 35% de las protestas, seguidas por las educacionales (19,5%) y las políticas o legales (11%). Estos tres ámbitos han estructurado buena parte del conflicto social chileno en los últimos veinte años. Su evolución refleja dinámicas distintas: las laborales fueron parte del 55% de los eventos de protesta en 2009, luego decayó su presencia entre 2010 y 2012, repuntaron con fuerza en el ciclo del movimiento No+AFP y volvieron a aparecer en la mitad de las protestas en 2024. Las educacionales dominaron los años 2006 y 2011, estando presentes en la mitad de las manifestaciones de esos periodos, para luego perder centralidad.

Otras temáticas marcaron momentos relevantes. Tanto las demandas medioambientales como territoriales tuvieron su mayor expresión en el periodo 2011-2012, respectivamente. Las demandas respecto del sistema político alcanzaron su punto más alto en 2015, en medio del destape de casos de corrupción y reformas institucionales. El feminismo se consolidó desde 2015 y alcanzó hitos en 2018 y 2020. Y aunque las protestas por migración representan solo un 0,5% del total en dos décadas, la mitad de ellas se concentró en 2022, ligadas a la crisis en el norte y a las movilizaciones de camioneros.

En cuanto a los repertorios de acción, predominan las formas pacíficas: marchas, concentraciones y cánticos son las más frecuentes. Acciones de carácter más disruptivo como bloqueos o paros también han sido parte de las tácticas de un 20% de las manifestaciones, mientras que en un 9% hubo tomas de edificios. A pesar de su carácter principalmente pacífico, una parte de las protestas incluyó enfrentamientos con la policía (8%) o destrucción de propiedad pública (5%), mientras que en un 7% de ellas hubo incendio de vehículos y predios, especialmente en la zona sur. La respuesta estatal también fue sistemática: en más de una cuarta parte de las protestas hubo presencia policial y los mayores niveles de intervención coincidieron con 2011-2012 y 2019-2020.

El balance de veinte años es elocuente. La protesta en Chile no es una anomalía ni un accidente, sino parte estructural de la vida democrática. Sus ciclos se activan cuando los canales institucionales no logran procesar las demandas acumuladas. El estallido de 2019 no surgió de la nada: fue la expresión más visible de un ciclo de movilizaciones que venía gestándose desde mediados de la década de 2000.

Hoy, aunque 2024 muestre un descenso en el número de protestas, la experiencia histórica advierte que la conflictividad permanece latente. Puede adoptar formas distintas y expresar nuevas agendas, pero no se extingue. A seis años del estallido, la base de datos del Observatorio de Conflictos del COES recuerda que la protesta es una expresión recurrente de las deudas sociales y políticas aún no resueltas, y no un episodio aislado del pasado reciente.

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