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El paro del movimiento indígena ecuatoriano, que se prolongó durante un mes, no logró torcer el brazo del gobierno pero dejó ver las dificultades del gobierno de Daniel Noboa para consolidar su proyecto autoritario. La reciente propuesta presidencial de redactar una nueva Constitución puede dar lugar a sorpresas, al tiempo que su política de militarización no ha logrado debilitar el explosivo crecimiento del crimen organizado.

El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la principal organización indígena del país, iniciado con bloqueos de ruta el 22 de octubre, alcanzó a cumplir un mes antes de que Marlon Vargas, presidente de la agrupación, anunciara su finalización. Jamás en la historia una protesta nacional había durado tanto. Una reciente valoración calculó que se produjeron 373 cierres de vías en 51 municipios del país, con su epicentro en las provincias del norte de la Sierra, especialmente Imbabura, Pichincha (donde está Quito) y Carchi.

Esta vez, a diferencia de levantamientos anteriores, la participación de las provincias de la Amazonía y las de la Sierra central, como Cotopaxi y Chimborazo, contó menos. Tampoco se produjo una concentración de las comunidades en Quito, una estrategia de movilización que tiende a centralizar las energías descentralizadas de la protesta, pero que es muy desgastante para las comunidades participantes.

Estas lógicas de la movilización explican, en parte, la duración del paro, que implicó una dinámica de organización en la que los cierres viales duraban hasta que la policía y el ejército llegaban a despejar los obstáculos, para luego reagrupar a los comuneros y volver a cerrar la vía horas después. Una prueba de resistencia que, especialmente en Imbabura y el norte de Pichincha, mostró una persistencia notable.

La respuesta gubernamental fue esencialmente represiva. La policía y el ejército intervenían ante la más mínima concentración de personas con abundantes gases lacrimógenos, lo que mostraba el temor oficial al contagio de la protesta. El gobierno logró disuadir así la expresión de la solidaridad mediante el miedo. Es muy probable que los gigantescos despliegues militares y la brutalidad de la represión, que provocó dos muertos en Imbabura y costó la vida de una mujer en Saraguro, en la Sierra sur, fueran lo que desató la indignación popular e indígena en la provincia del norte, en una dinámica de retroalimentación entre la intervención gubernamental y la protesta social. Pero ¿por qué la participación en el paro nacional fue dispersa y esporádica, sin convocar a las multitudes ni abarcar la extensión geográfica de las protestas anteriores de 2019 y 2022?

Es común atribuirlo a las divisiones internas de la Conaie, que acababa de cambiar su dirigencia en un conflictivo congreso a fines del mes de julio. Por primera vez desde que existe la organización, un presidente en funciones que se presentaba a la reelección, Leonidas Iza, perdió la votación. El ganador fue Marlon Vargas, indígena achuar de la Amazonía sur. La cercanía de Iza a Revolución Ciudadana, el partido del ex-presidente Rafael Correa, y las acusaciones de ser sectario e intolerante dentro del movimiento indígena le pasaron factura. Pero esta no es una explicación convincente o, al menos, suficiente.

Las organizaciones y los líderes indígenas pueden estar muy divididos, pero en el tema que motivó la convocatoria al paro estaban todos de acuerdo. Además, el protagonismo de la provincia de Imbabura desmiente que las divisiones organizativas cuenten mucho para explicar la respuesta de las bases: las comunidades de Cotacachi y de Otavalo, bastiones de la conmovedora resistencia de un mes, tienen profundas y antiguas diferencias entre sí. De hecho, las primeras pertenecen a la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y las segundas a la Conaie, y son conocidos los conflictos y discrepancias ideológicas y políticas entre ambas organizaciones. No solo eso. Mientras Imbabura apoyó a Vargas en el pasado congreso, las vecinas comunidades de Cayambe, que lucharon tenazmente durante el mes de protestas, habían apoyado a Iza. Las rupturas entre dirigentes no cuentan para explicar la participación o la no participación en la calle.

Hay que buscar las principales razones de las características del paro en la forma en que se expresa la indignación en las bases indígenas y populares. Aunque hay diversas motivaciones para la convocatoria a la movilización social, y las reivindicaciones han variado con los días, es claro que la chispa que galvaniza las demás es el alza del precio del diésel, utilizado para el transporte de pasajeros y carga, de gran efecto inflacionario. Mientras en octubre de 2019 el alza fue de 123%, de un día para otro y sin compensación ninguna, en 2025 fue de 55% y con compensaciones en efectivo a través de un bono por seis meses para transporte de carga y de ocho meses para transporte de pasajeros. Los sucesivos gobiernos aprovecharon la pandemia para realizar un alza progresiva, que fue resistida tenazmente pero que pudo imponerse de manera progresiva. Además, junto al acostumbramiento, es posible que fuera también determinante el cálculo: los poderosos levantamientos anteriores, a pesar de su masividad y larga duración, no fueron capaces de impedir la obstinación de tres sucesivos gobiernos.

Es posible que entre las bases muchos consideraran que se trataba de una batalla perdida, por más rechazo que provoque. Aunque la economía vive un ciclo de estancamiento desde 2014, durante el último año ha experimentado una leve mejoría, como rebote de la pandemia. La mejora modifica el contexto, que es menos propenso a alentar la expresión de la indignación, con sus altos costos humanos.

Un segundo factor tiene que ver con la activa decisión del gobierno de Daniel Noboa de convertir casi toda su política pública en la concesión de una serie de bonos en efectivo. Los hospitales y centros de salud públicos están paralizados por la falta de medicamentos, las obras públicas de infraestructura se habían ejecutado solo en 29% para fines de agosto, mientras se multiplican las deudas del Estado central con los gobiernos locales. Incluso las fuerzas armadas y policiales han ejecutado solo una pequeña parte de su presupuesto (10% y 18% de lo presupuestado en el primer semestre de 2025), pese a la peor crisis de seguridad pública de la historia ecuatoriana.

En medio de ese caos, las transferencias de bonos en efectivo son prioritarias. La masa de bonos -ya utilizados por todos los gobiernos anteriores desde 1998- alcanzó ahora los 1.686 millones de dólares. Solo en 2025, el gobierno de Noboa creó bonos por 755 millones adicionales, la mayoría desembolsados en el periodo electoral del primer trimestre. Se trata de transferencias intermitentes, pero muy apreciadas por los sectores más pobres de la población. Durante las épocas electorales, se priorizaron los bonos a jóvenes, mientras que durante el paro fueron decisivos los bonos a transportistas y agricultores. Noboa heredó la técnica de las campañas electorales de su padre, el empresario bananero Álvaro Noboa, y la ha aplicado con persistencia.

La violencia delincuencial sigue asolando las calles de las principales ciudades del país, especialmente en la Costa. El primer semestre de 2025 ha superado en 41% los homicidios intencionales de 2024 y está por encima del peor año de la historia, 2023. En septiembre pasado, dos masacres carcelarias en seguidilla en Machala (14 muertos), al sur, y Esmeraldas, al norte (17 muertos), pusieron en entredicho el control militar de los centros de detención.

La estrategia de «mano dura», militarización, obscena defensa de la impunidad en la represión y violencia verbal contra los opositores no está funcionando. Faltan los resultados. Pero no faltan los golpes de efecto: el gobierno bombardeó campamentos de la minería ilegal en la parroquia de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, en pleno paro nacional, justificándolo por la supuesta asociación criminal entre las protestas y el dinero ilegal. La extensión de la criminalidad tiene el efecto de reforzar el cansancio, el desaliento y el miedo, y contribuye a minar el ambiente de la protesta popular.

Aunque el gobierno ha celebrado el fin del paro como una prueba de su músculo y de su capacidad de vencer a la Conaie allí donde dos gobiernos anteriores fallaron, sin ceder en las alzas de precios de los combustibles, sus problemas de legitimación emergen constantemente. En paralelo a las protestas, Noboa venía sosteniendo un conflicto con la Corte Constitucional, a la que acusaba de proteger a los criminales y obstaculizar su política de orden a patadas.

En lo que se parece mucho a un arranque de ira irreflexiva, el mandatario conservador, reelecto en abril de 2025, convocó a una consulta popular para organizar una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución en los mismos días en que subía el precio del diésel. Entre sus promesas de campaña figuraba una consulta sobre reformas menores a la Constitución (permitir bases militares extranjeras, reducir el número de legisladores y eliminar la financiación pública a partidos políticos), pero había dejado de lado la Constituyente.

La cómoda mayoría de que dispone en la Asamblea Legislativa lo había disuadido de arrojarse a las turbulentas e inciertas aguas de una Asamblea Constituyente, que exige no solo una consulta popular previa y la elección de asambleístas, sino un referéndum ratificatorio al final del nuevo texto constitucional. La mejor receta para la inestabilidad política.

El paro nacional que se alargó sin diálogo por un interminable mes, la represión desmedida, la violencia delincuencial que el gobierno ha sido incapaz de controlar a pesar de todos los despliegues propagandísticos y la patente ineptitud en la administración de los servicios públicos amenazan gravemente su capital político. En las contadas entrevistas que ha concedido, el presidente Noboa se ha negado a explicar con detalle su propuesta de nueva Constitución. Parece que no la tiene todavía. No es tanto la actual Constitución de 2008 y sus incómodos derechos lo que quiere cambiar, sino aquellas instituciones, como la Corte Constitucional, que no puede destituir, y que todavía no puede controlar cómodamente.

Tal como ha ocurrido con otros gobiernos conservadores, la popular política de seguridad sin importar los costos humanos o la anulación de derechos civiles le estaba permitiendo a Noboa imponer una agenda económica de liberalización que, por el contrario, es muy impopular. Abrazado a la «mano dura», que la mayoría de la gente imagina como la única opción de salida a la demencial crisis de seguridad que vive el país, como su ancla de popularidad, es natural que los discursos políticos del poder sobre cualquier tema se vuelvan obsesivamente securitistas. Pero, desde abajo, otros temas también importan. En abril de 2024, en una consulta popular, el pueblo ecuatoriano se negó a respaldar la flexibilización de la contratación laboral «por horas» y a permitir los arbitrajes internacionales de contratos con empresas extranjeras. En agosto de 2023, 59% de los votantes apoyó imprevistamente la agenda ambiental de dejar el petróleo del Parque Nacional Yasuní bajo tierra, algo que el candidato Daniel Noboa apoyó electoralmente y luego dejó de lado. En septiembre de 2025, una gigantesca marcha ciudadana en defensa del agua y en contra de la minería en la sureña ciudad de Cuenca obligó al gobierno a revocar la licencia ambiental que había otorgado ilegalmente en una zona en la que una consulta popular municipal la había prohibido.

La «mano dura» no es lo único que apoyan las mayorías. Existe la posibilidad de un vuelco en la consulta popular del 16 de noviembre. Quizá podamos, en los meses que vienen, mirar hacia atrás y reconocer que el paro nacional y la defensa de los derechos consagrados en la Constitución actual se volvieron el punto de inflexión que marque el fracaso de este proyecto político autoritario.

NUSO