BLOG

La Administración de extrema derecha tiene una instalación “caótica”, aunque ganó las elecciones con la promesa del orden

El presidente de Chile, José Antonio Kast, líder de la derecha extrema que formó Gobierno con la derecha tradicional, en sus 50 días de mandato ha tenido dos problemas prioritarios, justamente en los asuntos que fueron vertebrales en la campaña presidencial: la economía y la seguridad. Por una parte, está presionado por el alza mundial del precio del combustible y por la decisión de no contener el aumento y de cargarlo a los consumidores chilenos. Pero, además, incluso sectores de la derecha lo acusan de improvisación en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. En paralelo, el Gobierno ha echado a andar innumerables cambios de diferente intensidad y en muy distintos ámbitos. “El problema de Kast es que está llevando a cabo una contrarrevolución en un país como Chile que nunca ha tenido una revolución”, ejemplificaba hace unos días el socialista Juan Gabriel Valdés, que fue embajador de Chile en Estados Unidos durante el Gobierno de Gabriel Boric.

La oposición de izquierda acusa a Kast de llevar adelante una Administración “refundacional”, como defendió hace algunos días la que era ministra del Interior de Boric, la socialdemócrata Carolina Tohá. El oficialismo lo niega, con el argumento de que fue elegido para llevar adelante su programa de Gobierno que estaba basado fundamentalmente en el cambio respecto de la gestión anterior. Ejemplos de virajes hay muchos: Kast quitó el respaldo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, busca sacar adelante una gran ley que rebaja el impuesto corporativo a las grandes empresas de 27% a 23% sin compensaciones (lo que no solucionará el problema del déficit que se arrastra hace 18 años, al menos en el breve plazo), apuesta por el pleno empleo como la principal política social, empuja que el Parlamento apruebe una invariabilidad de 25 años para los nuevos tributos y todo con el fantasma de la disminución de programas sociales de ayuda, que el Gobierno negó en campaña y sigue negando. A las sospechas de la ciudadanía no ayudó la filtración de un oficio del ministerio de Hacienda, liderado por el todopoderoso Jorge Quiroz, donde se proponía descontinuar políticas públicas de tal importancia y alcance como el sistema de alimentación escolar de los niños chilenos. Fue tal la polémica que finalmente Quiroz tuvo que echar pie atrás y luego precisó que el plan era reformular más que descontinuar.

Una de las preguntas que sobrevuela en la política chilena es la intensidad del cambio que buscan los electores, en un país que entre 2022 y 2023 rechazó dos proyectos de nueva Constitución, de los radicales de izquierda y los radicales de derecha respectivamente. Pero el actual presidente sigue convencido de que Chile necesita un gran golpe de timón para cambiar el rumbo, ya no solo del último Gobierno liderado por Boric sino, incluso, en determinadas políticas que se han ido cimentando en Chile desde el retorno de la democracia en 1990. Un ejemplo nítido es lo que sucede en política exterior, donde el presidente Kast, en un mensaje grabado desde el Palacio de La Moneda, apoyó al candidato ultra Viktor Orbán en las últimas elecciones húngaras. Representa un giro dado que las Relaciones Exteriores chilenas son una política de Estado, al margen del Gobierno de turno, y de esta forma se ha desarrollado en los últimos 35 años.

Kast fue un opositor duro del Gobierno de Boric, al que trató con descalificativos como “inepto” o “fracasado”. Pero en los primero 50 días de sus cuatro años de mandato no ha mostrado un despliegue cuidadoso en la gestión del Estado, sino más bien desorden. El exdiputado Jorge Schaulsohn en una columna de este fin de semana aseguró: “En los albores de su gestión este Gobierno no tiene nada que envidiarle al triste desempeño de los primeros meses caóticos de Gabriel Boric”. La Administración que prometió orden a Chile, con un presidente que ganó La Moneda en su tercer intento -por lo que se supone un aterrizaje preparado- ha mostrado un llamativo caos interno. La ciudadanía ha sido testigo de disputas públicas entre ministros o de las tensiones que existen del Partido Republicano, fundado por Kast, Arturo Squella, y el asesor más estrecho del jefe de Estado, Alejandro Irarrázaval. Es una incógnita cómo el Gobierno chileno administrará las diferencias internas desde el Poder Ejecutivo, dado que antes, en el propio partido y desde la oposición, se resolvían de una forma pragmática que casi siempre terminaba con la salida del díscolo. Con el Gobierno anterior el propio presidente ha sido claro: a propósito de la polémica por el recorte de la alimentación escolar, Kast los invitó a quedarse callados.

En la misma derecha tradicional se preguntan por el momento en que Kast decidirá transparentar ante la ciudadanía que no podrá alcanzar sus ambiciosas metas en solo cuatro años y todas a la vez: déficit fiscal 0%, crecimiento de un 4% a 2030, sacar del Estado a 100.000 funcionarios, entre otras medidas, y todo ello bajando los impuestos a las empresas (sin compensar los menores recursos fiscales que ello conllevará) y sin tocar los derechos sociales. Una de las principales incógnitas está en el momento que elegirá el presidente para dar vuelta sus cartas con realismo y quizás con algo de gradualidad. En cualquier caso, la ciudadanía ha comenzado a castigar al Gobierno y el respaldo a la Administración de Kast ha bajado en torno a 15 puntos desde el 11 de marzo cuando asumió, según diferentes encuestas. La desaprobación supera a quienes lo apoyan. Han caído abruptamente las expectativas de que el Gobierno cumpla con controlar la inmigración irregular, hacer crecer la economía y reducir la delincuencia, de acuerdo al último sondeo de la encuestadora Cadem.

EL PAÍS