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La elección por delegados, aunque legal, reduce la participación de la militancia y concentra el poder en las cúpulas partidarias, profundizando la crisis de representación en el Perú.

María Fernanda Valenzuela Castillo

En los últimos años, la crisis de representación política ha evidenciado las debilidades de los partidos en el Perú. En ese contexto, preocupa que muchos de ellos hayan optado por la elección de candidatos mediante delegados. Si bien este mecanismo no es intrínsecamente antidemocrático, en la práctica nacional se ha distorsionado al ser utilizado principalmente por partidos personalistas, donde funciona como un filtro que concentra el poder en pocas manos y reduce la participación real de la militancia. ¿Puede considerarse democrático un sistema donde unos pocos deciden por todos?

La respuesta corta es que, aunque legalmente sea un proceso válido bajo la Ley de Organizaciones Políticas, en términos de legitimidad social la elección por delegados es un retroceso. Mientras que en la modalidad cerrada —conocida como “un militante, un voto”— todos los afiliados habilitados en el padrón tienen derecho a elegir directamente a los candidatos, en la modalidad de delegados la decisión final recae en un grupo muy reducido que, en ocasiones, ni siquiera representa el 0,1 % del total de afiliados. Esta desproporción no es una casualidad logística, sino una dinámica que facilita el control del proceso.

Como señala el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, este mecanismo funciona como un “embudo” que asfixia la renovación. Cuando el poder de decisión se traslada de miles de ciudadanos a un pequeño círculo, la posibilidad de disidencia desaparece. En la práctica peruana, esto ha servido para consolidar los denominados “partidos de alquiler”, donde no hay competencia de ideas, sino una puesta en escena para ratificar decisiones tomadas “a dedo”.

Si revisamos la evidencia de las elecciones primarias realizadas de cara a las Elecciones Generales de 2026, la modalidad de delegados ya no aparece como una alternativa excepcional, sino como la regla. De las 39 organizaciones políticas participantes, 37 recurrieron a ella y solo dos eligieron directamente a sus candidatos mediante el voto de sus afiliados. La normativa existente tampoco establece una relación mínima entre el número de delegados y la cantidad de afiliados, permitiendo que padrones de miles de personas terminen representados por grupos reducidos, sin que exista una proporción razonable entre el volumen de la militancia y el número de quienes adoptan la decisión final.

El caso más significativo fue el de Acción Popular, un partido histórico y de masas, con más de 230 mil afiliados y presencia territorial en todo el país. A pesar de esa magnitud, la decisión final sobre sus candidaturas quedó en manos de apenas 73 delegados. Aunque el partido había presentado seis listas presidenciales y exhibía uno de los mayores niveles de competencia interna del proceso, sus primarias fueron declaradas nulas por irregularidades en la relación de delegados. Como la etapa correspondiente ya había precluido en el calendario electoral, no era posible convocar a una nueva elección, por lo que Acción Popular quedó fuera de las Elecciones Generales de 2026.

Si bien este partido no fue excluido por esta modalidad, sino por los vicios sustanciales encontrados en la conformación de la relación de delegados, el caso demuestra la fragilidad de este mecanismo para un partido de masas. Cuando esa cadena de intermediación falló, las bases quedaron sin posibilidad de corregir el resultado mediante su voto directo. El “embudo” no solo redujo su participación, sino que terminó anulándola por completo.

El riesgo aumenta en organizaciones cuya estructura gira en torno a un liderazgo personalista, donde los delegados pueden terminar ratificando designaciones previamente adoptadas. Una muestra llamativa es Fuerza y Libertad, donde tres personas representaron a más de 60 mil afiliados. Aunque esta cifra no demuestra por sí sola una imposición, sí revela una estructura fácilmente controlable y con escasa capacidad para cuestionar las decisiones.

No podemos dejar de mencionar a Fuerza Popular, la organización que ganó las Elecciones Generales y actualmente encabeza el Gobierno. Puede resultar comprensible que la candidatura presidencial recayera en Keiko Fujimori, al ser la principal lideresa del partido. Sin embargo, sus 104 delegados no decidieron únicamente la fórmula presidencial, sino también las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Además, el 37,5 % de ellos residía en Lima, mientras que el centro del país concentra apenas el 7,7 %. El problema, entonces, va más allá de la candidatura presidencial, pues un grupo reducido y concentrado en la capital definió candidaturas parlamentarias en todo el país.

Esta concentración del poder tiene consecuencias directas en la crisis de representación. El ciudadano percibe que los partidos son “clubes privados” con las puertas blindadas. Al limitar la participación real de la militancia, las organizaciones pierden su función de ser canales entre el Estado y la sociedad. Además, el sistema de delegados se vuelve un caldo de cultivo para la falta de transparencia. Es más sencillo para grupos de presión, intereses económicos o dirigencias partidarias influir sobre unas cuantas personas que obtener el respaldo de miles de afiliados.

La fiscalización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tampoco debería limitarse al ejercicio formalista de verificar actas y plazos. El caso de Acción Popular demostró que la legitimidad del resultado depende de toda la cadena previa, desde la forma en que se eligió a los delegados hasta su proclamación y la consistencia de la información entregada a los organismos electorales. No basta con supervisar el momento final de la votación si la representación que llega a las urnas se encuentra cuestionada desde su origen.

El “club de los delegados” debe abrir sus puertas. Mientras unos pocos sigan decidiendo por decenas o cientos de miles de afiliados, seguiremos teniendo candidatos sin arraigo, partidos sin alma y una ciudadanía que mira con desprecio procesos que, bajo el nombre de “democracia interna”, no son más que simulacros de participación. La verdadera reforma política empieza por devolverle el voto al militante y quitarle el poder a las cúpulas. Así podremos empezar a cerrar la brecha de desconfianza que hoy separa a los peruanos de quienes dicen representarnos.

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