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Tras el rechazo internacional a eliminar definitivamente los comicios, el Parlamento aprueba una reforma constitucional que excluye a la oposición e intenta sortear la presión de Estados Unidos

Después de su desafiante “aquí no habrá más elecciones”, que provocó una condena generalizada, el Parlamento de Nicaragua, leal a Daniel Ortega y a su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, aprobó la noche de este 1 de septiembre una reforma constitucional que amplía un año más su periodo en el poder, al pasar de seis a siete años. Con ello, eliminan la elección prevista para noviembre de 2026 y desplazan los próximos comicios hasta 2028.

Se trata de un movimiento similar al ejecutado en 2025 para perpetuarse en el poder, cuando los diputados aprobaron una enmienda previa para instaurar la “copresidencia” y extender de cinco a seis años el mandato presidencial. Ahora lo amplían de seis a siete tras 45 días de incertidumbre, desencadenados por la pretensión expresada por Ortega el pasado 19 de julio de abolir definitivamente los comicios.

“Los períodos de las autoridades electas por el voto popular en las últimas Elecciones Generales, Municipales y Regionales vigentes, quedan ampliados a siete años”, se lee en el artículo aprobado por el oficialismo en una sesión realizada en León, ciudad del occidente de Nicaragua, al pie de la imponente catedral colonial donde descansan los restos del poeta Rubén Darío —el poeta idolatrado en este país centroamericano y cuya figura fue invocada en repetidas ocasiones por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, para justificar las reformas—. Por tratarse de una reforma constitucional, se requiere su ratificación en dos legislaturas: la segunda está prevista para el 18 de enero de 2027, según informó Murillo.

Veto a la oposición

La reforma blinda en la Carta Magna la exclusión —que ya operaba de facto— de la oposición, al vetar para cargos públicos, candidaturas o dirección de partidos a quienes el régimen copresidencial considere “vinculados a intentos de golpe de Estado, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o actos contra la soberanía”, además de los calificados como “traidores a la patria”.

El abogado opositor en el exilio Juan Diego Barberena considera que la reforma no llega a establecer “de forma taxativa, es decir, expresamente” el fin de las elecciones, aunque en la práctica produce un efecto idéntico. “Se impide la posibilidad de que el pueblo de Nicaragua pueda elegir libremente, porque únicamente podrá elegir sobre las opciones de la dictadura, las opciones que el grupo en el poder considere que son las que pueden participar en una elección”, sostiene.

La enmienda también extiende a siete años los periodos de los cargos de elección popular y las jefaturas del Ejército y la Policía, al tiempo que otorga al Consejo Supremo Electoral mayores facultades para cancelar partidos y sancionar candidatos o dirigentes por supuestas violaciones a la soberanía. Asimismo, traslada la toma de posesión del 10 de enero —fecha vinculada al asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, símbolo de las libertades hoy cercenadas en Nicaragua— al 18 de enero, en homenaje a Rubén Darío.

Más tiempo en el poder

La reforma supone, sin embargo, un repliegue frente a la amenaza lanzada por Ortega el 19 de julio de liquidar definitivamente el sistema electoral. Tras las críticas de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros actores internacionales, el régimen optó por bajar la marcha: no elimina formalmente los comicios, pero prolonga su estancia en el poder y estrecha aún más los márgenes para una competencia real.

Barberena advierte además de que el texto puede sufrir modificaciones en la segunda legislatura. “Yo creo que en la segunda legislatura pueden agregar algunas cuestiones relacionadas a la renovación de este mandato de forma automática de estos siete años, porque la experiencia indica que agregan otras cuestiones en esa etapa”, señala. Asimismo, atisba un cálculo político en la maniobra: “Ampliar a siete años y, en consecuencia, permanecer en el poder hasta el año 2028 —lo cual es una usurpación del poder, política y jurídicamente hablando— lo hacen también calculando pasar la crisis de la administración Trump”.

En esa misma línea, el exdiputado opositor Eliseo Núñez interpreta la ampliación del mandato como un movimiento estratégico para hacer coincidir la permanencia de Ortega y Murillo con el final del periodo del mandatario republicano. A su juicio, el régimen copresidencial busca ganar margen ante una eventual negociación con la comunidad internacional sobre condiciones electorales, pero postergando cualquier compromiso hasta 2028. “Así, si no cumple, ya no estará Trump para obligarlo”, sostiene, en referencia a la amenaza que representa la administración del magnate tras la captura de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó a la reforma de Ortega. Rubio dijo en la red social X que Ortega “desmanteló lo que quedaba de la democracia en Nicaragua mediante la segunda reforma constitucional en dos años. Estados Unidos implementará medidas en la próxima reunión de cancilleres de la OEA para garantizar que nuestro hemisferio deje de tratar con normalidad a esta dictadura”.

La reforma se ratificó mientras la OEA mantiene en suspenso una reunión de consulta de cancilleres para abordar la situación de Nicaragua, convocada tras las amenazas de Ortega contra los comicios. La iniciativa fue respaldada el 19 de agosto por 29 países del Consejo Permanente. Estados Unidos había presionado para celebrar el encuentro antes del 1 de septiembre, pero las delegaciones aún no logran consensuar una fecha en medio de las divergencias sobre las medidas a adoptar frente a Managua.

Brasil fue el único país que votó en contra de la convocatoria y México se abstuvo. Tras esa votación, once organizaciones opositoras y de la sociedad civil nicaragüense enviaron cartas a ambos gobiernos para solicitarles una postura más activa. A Brasil le pidieron respaldar “acciones diplomáticas y pacíficas coordinadas” que permitan restablecer las libertades y crear condiciones para elecciones libres, transparentes y observadas; mientras que a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, le demandaron ejercer el “prestigio y liderazgo” de México para contribuir a una transición democrática, pacífica y ordenada.

De aprobarse definitivamente en la segunda legislatura, la reforma elevará a rango constitucional un sistema electoral que ya operaba sin competencia efectiva. En 2021, los principales candidatos opositores fueron encarcelados antes de la votación; ahora, el nuevo texto normará la facultad del régimen para decidir quién compite, quién se organiza políticamente y quién queda excluido de antemano.

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