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Costa Rica enfrenta un creciente deterioro de la independencia judicial a la vez que el Gobierno impulsa políticas de mano dura que los votantes no han respaldado.

Orlando J. Pérez

El 30 de julio, la Sala Constitucional de Costa Rica votó por cuatro votos contra tres prorrogar los mandatos de sus magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa vote sobre la lista de candidatos que la Corte Suprema le envió hace más de un año. La presidenta Laura Fernández calificó a los cuatro magistrados de la mayoría de «golpistas». Tres días después, su Gobierno y los diputados de su partido presentaron una denuncia penal contra los jueces por prevaricación. Las instituciones que hacen funcionar la democracia costarricense se están deteriorando más rápido de lo que sugieren las cifras constitucionales.

Cuando Fernández obtuvo el 49 % de los votos en febrero y su Partido Pueblo Soberano consiguió 31 de los 57 escaños legislativos, la interpretación tranquilizadora sostenía que los mecanismos de control de Costa Rica absorberían el impacto, ya que al partido le faltaban siete escaños para alcanzar los 38 votos necesarios para reformar la Constitución o nombrar magistrados. Controlar la Corte requiere 38 votos, pero bloquear la renovación requiere solo 20, una aritmética que el Gobierno viene utilizando desde mayo. Las mismas reglas que impiden a Fernández copar la Corte permiten a su partido mantenerla con una composición incompleta. La Asamblea ha celebrado once rondas de votación sin conseguir esos votos y ha devuelto tres veces la lista de la Corte sin ofrecer razones de fondo. Los magistrados suplentes ocupan el puesto cuando un juez titular se abstiene o se ausenta, por lo que una sala sin ellos finalmente no puede funcionar.

La batalla se ha librado también a través del presupuesto del Poder Judicial. A petición del Ministerio de Hacienda, la Corte devolvió 13.200 millones de colones al presupuesto de 2026 el 29 de junio. El 13 de julio, el Ministerio retuvo otros 3.000 millones. En agosto, propuso recortar otros 23.700 millones, aproximadamente 52 millones de dólares, de los cuales 9.500 millones afectarían al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la policía de investigación del país. El presupuesto de 2027 contempla otra reducción del 5 %, que el Poder Judicial asumió proponiendo no sustituir ningún vehículo; el 51 % de esa flota pertenece al OIJ. La Corte autorizó emprender acciones legales para impedir los recortes el 24 de agosto. Nada de esto requirió reformar la Constitución. Requirió un ministro de Hacienda dispuesto a enfrentarse a la Corte, y Fernández tiene uno poco habitual: Rodrigo Chaves, su predecesor y mentor, ocupa simultáneamente las carteras de Hacienda y Presidencia y conserva la inmunidad frente a las investigaciones penales que este mismo Poder Judicial ha abierto contra él.

El 15 de junio, Fernández envió seis proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. El principal, la Ley Gerson Rosales Cascante, establecería que la respuesta armada de un agente de policía o de un guardia de seguridad privada durante el ejercicio de sus funciones se presume legítima defensa, dejando en manos de los fiscales demostrar lo contrario. Un segundo paquete llegó el 27 de julio, con otros cinco proyectos y una reforma constitucional que ampliaría los delitos susceptibles de extradición. La Sala Constitucional determinará, mediante consulta obligatoria, si estos textos afectan las garantías constitucionales y, en caso afirmativo, su aprobación requerirá 38 votos. La sala que deberá responder a esa pregunta es precisamente la que el partido de Fernández ha mantenido por debajo de su composición completa desde mayo, lo que significa que la disputa por los nombramientos y la disputa por el paquete de seguridad son, en realidad, la misma disputa.

La Comisión de Asuntos Penales del Colegio de Abogados encontró defectos técnicos y vulneraciones de principios constitucionales en cinco de los seis proyectos, incluidos el proyecto contra las asociaciones criminales y el relativo a la reincidencia, y recomendó una revisión profunda o su retirada definitiva. La comisión advirtió que el programa es inviable sin reformar al menos otras ocho leyes y que, tal como está redactado, corre el riesgo de violar las Reglas Nelson Mandela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En un intento de desacreditar estas conclusiones, Fernández respondió que el informe no representaba la posición oficial del Colegio, sino el trabajo de un comité formado por abogados progresistas. Un Gobierno que interpreta como partidista el análisis técnico del Colegio de Abogados está transmitiendo al país que cualquier organismo profesional que llegue a una conclusión incómoda está actuando políticamente.

El argumento de seguridad utilizado para justificar todo esto tampoco resiste un análisis detenido. Los homicidios alcanzaron un máximo de 905 en 2023, descendieron a 876 en 2024, se mantuvieron cerca de 870 en 2025 y disminuyeron aproximadamente un 15 % durante el primer semestre de 2026, según las propias cifras del Gobierno. El descenso comenzó dos años antes de que Fernández asumiera el cargo. Su ministro de Seguridad, Gerald Campos, ha declarado públicamente que lo que sigue faltando son condenas, que dependen de fiscales y jueces. La respuesta del Gobierno ha sido recortar el presupuesto del OIJ más que el de cualquier otra dependencia judicial.

El giro de América Latina hacia la mano dura suele atribuirse a la disposición de los votantes a intercambiar garantías legales por la promesa de seguridad. Los datos de las encuestas costarricenses no respaldan este argumento. Al plantearse una pregunta abierta en el informe del panel de marzo del CIEP-UCR sobre qué influyó más en su voto presidencial, el 23 % mencionó la continuidad y el 14 % las propuestas programáticas, mientras que la seguridad se situó en un 4 % o menos, al mismo nivel que la tradición partidista y la lucha contra la corrupción.La esperanza superó al miedo como motivación declarada por 76 % frente a 20 %, y el 60 % eligió a un candidato en lugar de a un partido. Los costarricenses eligieron a un sucesor personalista que prometía continuidad, un mandato más limitado de lo que Fernández ha pretendido.

Entre abril de 2025 y mayo de 2026, mientras el Gobierno actual y su predecesor atacaban al Poder Judicial, los costarricenses aumentaron su valoración de todas las instituciones jurídicas analizadas por la encuesta: la Sala Constitucional pasó de 6,0 a 6,5; el Poder Judicial, de 5,6 a 6,0; la Fiscalía, de 5,4 a 5,8; y el OIJ, de 7,0 a 7,2. La inseguridad continúa siendo la principal preocupación, con un 49,5 %. El resultado más revelador es que el 65 % apoya un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, mientras que el 55 % se opone al acuerdo sobre deportaciones desde terceros países que su Gobierno firmó. Esto demuestra que la población distingue entre la cooperación y el acuerdo concreto alcanzado en su nombre. Querer seguridad y culpar al Poder Judicial son dos afirmaciones distintas, y las evidencias solo respaldan la primera.

El modelo de Bukele llegó a Costa Rica sin la arquitectura jurídica ni de seguridad existente en El Salvador. Costa Rica no tiene ejército que desplegar, y es probable que un estado de excepción no superara el examen de la Corte, que ahora está siendo vaciada de contenido. Lo que sí cruzó la frontera fue el espectáculo. El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), que se está construyendo junto a la prisión La Reforma con planos donados por el Gobierno de Nayib Bukele, está completado en un 64 % y tendrá capacidad para 5.100 presos, con un coste cercano a los 35 millones de dólares. Son muchos más reclusos de los que justificarían las condenas penales de Costa Rica. Fernández incluso ha planteado la posibilidad de llevar a visitarlo a escolares de barrios con altos niveles de delincuencia. Esto se parece a lo que Christine Wade ha denominado «punitivismo performativo»: un Gobierno que no puede reproducir el modelo policial salvadoreño sí puede reproducir su imaginería por el precio de un edificio.

La política estadounidense bajo la denominada «Doctrina Trump» está ahora financiando y recompensando la adopción de políticas de mano dura y la construcción de megacárceles en toda la región. Costa Rica se incorporó al Escudo de las Américas durante la cumbre de Doral de marzo y aceptó recibir hasta 1.300 deportados de terceros países al año. Marco Rubio felicitó a Fernández y enumeró las prioridades que comparten ambos Gobiernos; la independencia judicial no estaba entre ellas.

La presidenta Fernández probablemente terminará su mandato en 2030 y entregará el poder a un sucesor elegido democráticamente. El Tribunal Supremo de Elecciones no está amenazado y la oposición política todavía conserva capacidad de influencia. Lo que está en juego es la independencia judicial: si los investigadores judiciales tendrán vehículos para trabajar en casos de homicidio; si la Fiscalía contará con fiscales suficientes para convertir esas investigaciones en las condenas que el Gobierno dice querer; y si una Corte Constitucional con una composición incompleta podrá absorber la carga de trabajo que llegará cuando abra el CACCO.

Las instituciones costarricenses todavía no están colapsando. Pero ninguna Constitución se hace cumplir por sí sola, y el poder ejecutivo ha decidido que no responderá ante nadie más.

Orlando J. Pérez
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Profesor de ciencia política en la Universidad del Norte de Texas en Dallas. Estudioso cubanoamericano de las relaciones civiles-militares y de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.

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