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A casi 50 años del golpe, el Estado asume responsabilidad por crímenes de la dictadura

Uruguay

En la madrugada del 21 de abril de 1974 –a las 02:45–, un grupo de integrantes de las Fuerzas Conjuntas (el Ejército y la Policía) golpearon en la puerta de la casa de Washington Barrios en Brazo Oriental preguntando por su hijo.

Al darse cuenta que habían llegado a lo de su padre, se alejaron y fueron al apartamento de enfrente. Dispararon directamente contra la puerta. Washington Javier Barrios no estaba.

Los vecinos escucharon una ráfaga de metralletas y gritos. Adentro estaban Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio. La primera estaba embarazada. Tenían entre 19 y 21 años.

Ocho meses después, en la madrugada del 13 de diciembre, miembros de las Fuerzas Conjuntas detuvieron a Luis Eduardo González González. Lo trasladaron junto a Elena Zaffaroni –su esposa– al Regimiento de Caballería n°6 en San Ramón donde lo torturaron hasta la muerte. Su cuerpo está desaparecido.

Tres años más tarde, el 19 de julio de 1977, tres personas armadas –también de las Fuerzas Conjuntas– detuvieron a Óscar Tassino Asteazu cuando llegaba a una casa en Carrasco. Lo trasladaron al centro de detención La Tablada donde se presume que murió cinco días después. El cuerpo aún permanece desaparecido.

Con un acto en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el Estado uruguayo –en voz de la vicepresidenta Beatriz Argimón– reconoció este jueves su responsabilidad en estos crímenes y desapariciones forzadas, un evento con el que cumplió con una sentencia del año 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aunque multitudinario –y emotivo– el evento a dos semanas de cumplirse 50 años del golpe de Estado, y algunos días después del hallazgo de restos de un desaparecido en el Batallón 14, no estuvo ajeno de polémica y se desarrolló en un clima de tensión que se extendió hasta el final.

Ausencias y restricciones

La sentencia señalaba que el acto debía ser público, pero el Parlamento dispuso un ingreso por invitación, lo que provocó críticas previas aunque el cumplimiento luego fue laxo y la mayoría de las personas pudieron entrar. Se dispuso una pantalla gigante en la Plaza 1° de Mayo –donde se reunieron centenares de familiares– y el evento también pudo seguirse por la pantalla del IMPO en 18 de Julio.

El presidente Luis Lacalle Pou delegó –sin explicaciones públicas– su responsabilidad en Argimón y optó por recibir en esos momentos al senador colorado Adrián Peña en la Torre Ejecutiva, lo que molestó a los familiares y la oposición que lo reclamaron durante el evento.

“Lamentamos la ausencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay”, alcanzó a leer Karina Tassino cuando fue interrumpida por aplausos y silbidos.

“Siempre propusimos definir la fecha del acto en función de su agenda porque entendimos que su presencia era fundamental en su carácter de supremo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para dar cumplimiento a la resolución”, agregó la hija de Óscar Tassino y encargada de la oratoria por parte de los familiares.

Si bien Argimón asumió la responsabilidad en nombre del Poder Ejecutivo, hubo una participación minoritaria de integrantes del oficialismo. El ministro de Defensa, Javier García, los senadores Jorge Gandini y Raúl Batlle, y los diputados Sebastián Andújar, Álvaro Viviano, Rodrigo Goñi, Iván Posada y César Vega fueron de los pocos que dijeron presente en los Pasos Perdidos.

En el salón retumbó el canto de “tiranos temblad” durante el himno y tiempo después, cuando Tassino terminó su discurso, un aplauso cerrado acompañado de un grito a coro de ¡nunca más! resultó estremecedor.

Emocionada y con la voz entrecortada, la representante de los familiares humanizó –aún más– el hallazgo del Batallón 14 con una pregunta breve: ¿sos vos papá? Tras unos segundos, aseguró “con las tripas” que “más tarde o más temprano” encontrarían a todos los desaparecidos.

También manifestó que el terrorismo de Estado “afectó a toda la sociedad” y que los crímenes “por su magnitud” eran irreparables, pero que el gobierno debía aportar en la búsqueda y la información.

Sobre el final, tras su oratoria, Argimón volvió a tomar el micrófono para hacer un “exhorto”, algo que también establecía la sentencia de la CIDH. “Exhortamos, solicitamos y pedimos a toda aquella persona que tenga conocimiento sobre el posible paradero de restos humanos, por favor, que brinden información”, dijo cuando fue interrumpida por aplausos pero también por gritos de “¡cobardes!”. La vicepresidenta lamentó no poder terminar de decir las palabras y señaló que estaba haciendo el pedido por solicitud de Tassino.

La ausencia de Cabildo Abierto

A pesar de que la participación del oficialismo fue minoritaria, algo que contrastó con una presencia masiva de dirigentes del Frente Amplio, solo Cabildo Abierto cuestionó el acto y señaló que era un “bochornoso episodio” en el que el Estado uruguayo se sometió al “dictamen de un grupo de juristas que vaya a saber con qué sesgo mira las cosas para decidir dentro de nuestro país”, en palabras de su líder Guido Manini Ríos.

El senador había asegurado, como segundo motivo, que los hechos “no ocurrieron como se presentan en la opinión pública” y que no compartían el “relato que se ha impuesto” sobre las “Muchachas de Abril” –como se conoce al asesinato de Reyes, Raggio y Maidanik–.

Aunque la versión fue desestimada por la Justicia, los tres militares acusados (Juan Rebollo, José Nino Gavazzo y Eduardo Klastornick) dijeron que fueron atacados desde adentro de la vivienda. Rebollo resultó herido mientras que el capitán Julio César Gutiérrez murió abatido. Para la fiscalía que investiga los delitos cometidos durante la dictadura, “no cabe lugar a dudas” de que Gutiérrez murió, al igual que las jóvenes, por las balas del Ejército.

La resolución de la Justicia, incorporada en la causa, dice que el ataque interno no concuerda con lo informado por los peritos ni los testimonios de los vecinos, quienes señalaron que los disparos fueron realizados por militares apostados en las azoteas que se confundieron de personas.

“Más allá de si las jóvenes se resistieron o no al allanamiento (realizado sin orden judicial y en horas de la noche) lo real es que estas fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna”, señaló en su pedido de procesamiento el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

El Observador

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