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En América Latina y el Caribe las mujeres representan apenas un 28,7% de los gabinetes ministeriales. Al ritmo actual, llegar a la paridad en las jefaturas de Estado y de gobierno mundiales tomará 130 años

La mayor parte de la región de América Latina y el Caribe vive “una recesión democrática”, según el informe de Latinobarómetro de julio de este año. Esta recesión se expresa en “el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos”. Varios países de la región tienen democracias “en estado crítico”, afirma el documento, mientras otros, simplemente, ya no la tienen. Al mismo tiempo, la región transita un camino marcado por crisis ambientales y las consecuencias del cambio climático. En abril de este año recibimos una alerta: al ritmo actual, en América Latina y el Caribe se alcanzarían solo un cuarto de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) previstas para 2030, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La semana pasada, gobernantes de todo el mundo coincidieron en la Asamblea General de Naciones Unidas precisamente para revisar la implementación y ver cómo acelerar los ODS. Se trata de la oportunidad perfecta para reafirmar, al más alto nivel, ese compromiso con la sostenibilidad, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas como objetivo y eje transversal de toda la Agenda 2030.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado en repetidas ocasiones: “La igualdad de género es una cuestión de poder, poder que los hombres han guardado celosamente durante milenios”. Transformar y redistribuir ese poder lleva tiempo, y precisa del más amplio compromiso político y personal de toda la ciudadanía. Al ritmo actual, a nivel global llegar a la paridad en las jefaturas de Estado y de gobierno tomará 130 años. Hoy, en América Latina y el Caribe las mujeres representan apenas un 28,7% de los gabinetes ministeriales. En los legislativos nacionales, la participación de las mujeres es un poco más alentadora, aunque muy lejana a la paridad: representan el 35,8%, respecto a un 26,5% a nivel global. Y es preocupante en niveles subnacionales y locales, con apenas el 25,5% de los escaños en los gobiernos locales y el 15,4% de las alcaldías.

Solo nueve países en la región han adoptado medidas legislativas para la representación y participación paritaria; y otros nueve tienen aún medidas afirmativas temporales (las cuotas de género). Nuestro horizonte es que se instale la paridad como principio de representación democrática, y que ya no sean necesarias medidas afirmativas o cuotas para corregir esta exclusión histórica de las mujeres en el ejercicio del poder. Pero hay otro aspecto para que las mujeres puedan ejercer sus derechos de forma plena: sin autonomía económica, sin corresponsabilidad de toda la sociedad —es decir, de los hombres, el Estado, el mercado y las comunidades— en torno a sistemas nacionales de cuidados, sin acceso al financiamiento con transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos, y sin una nueva cultura política libre de violencia basada en género, las mujeres no podrán participar en igualdad de condiciones, aunque sus derechos estén reconocidos formalmente en todas nuestras Constituciones.

Este año, los parlamentos regionales de América Latina y el Caribe, las ministras y altas autoridades de la Mujer del Mercosur, parlamentarias y parlamentarios a nivel global reunidos en el marco de la iniciativa Derechos Humanos 75, y las representantes del grupo FFP+ (+Política Exterior Feminista), reafirmaron su compromiso con la paridad en la política. Pero son tiempos difíciles para el avance de las instituciones democráticas, la integración regional y el multilateralismo. Por eso necesitamos una gobernanza que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI, es decir, instituciones democráticas robustas. Para que la igualdad de acceso y oportunidades de participación y liderazgo dejen de ser un tema únicamente de mujeres y sean una prioridad pública para el avance de sociedades más inclusivas, más justas e igualitarias, que consoliden sus democracias, la paz y la seguridad, y erradiquen de la pobreza y la desigualdad.

Es hora de pisar el acelerador hacia la igualdad y la democracia paritaria.

EL PAÍS