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El presidente de Argentina Alberto Fernández anunció, en la apertura de la Asamblea Legislativa, que dentro de los próximos diez días presentará «un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo«.

En este sentido, remarcó: «En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos». Y cuestionó: «La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva».

Luego, destacó que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas con la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos. «Por lo que esta amenaza penal no sólo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma sino que, también, ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma», afirmó el Presidente.

En su discurso, Fernández se refirió a la situación de las mujeres gestantes y a la necesidad de satisfacer las necesidades tanto de aquellas que deciden tener sus hijos como las de aquellas que desean interrumpir su embarazo. «Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollen accediendo al sistema de salud«, sostuvo.

Simultáneamente, el Poder Ejecutivo lanzará un programa de Educación Sexual Integral y Prevención de Embarazos no deseados.

También anunció que junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviará un proyecto para instaurar el «Plan de los mil días», una iniciativa que, durante dos años, garantizará la atención y el cuidado integral de las mujeres embarazadas de bajos recursos y de sus hijos o hijas.

«Por esa via queremos reducir significativamente las tasas de mortalidad y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el neurodesarrollo y la salud de madres e hijos de manera integral», destacó Fernández.

Durante su gira por Europa, el presidente Fernández confirmó su voluntad de impulsar un proyecto de ley para tratar de que el Congreso apruebe la despenalización del aborto y permitir así que cualquier interrupción del embarazo pueda llevarse a cabo en los centros de salud públicos.

«El problema de Argentina es que todo aborto es clandestino. Yo no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer, que tal vez necesite practicar un aborto, no tiene las condiciones económicas necesarias para pagar ese tratamiento y termine en manos de un curandero, que la acaba lastimando y a veces matando», dijo Fernández.

La iniciativa oficial la diseñaron de manera conjunta los ministerios de Salud, a cargo de Ginés Gonzáles García;  el de Mujeres, Géneros y Diversidad, que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, y el de Desarrollo Social que lidera Daniel Arroyo.

Desde las asociaciones feministas y otras agrupaciones a favor del aborto criticaron que el proyecto del Gobierno recoja la posibilidad de que los centros de salud privados y sus profesionales puedan justificar su negativa a practicar interrupciones del embarazo alegando objeción de conciencia.

Un reclamo social vigente

La demanda para despenalizar el aborto es uno de los reclamos sociales con mayor vigencia y ese fenónemo se confirmó con la masiva movilización que se realizó el pasado 19 de febrero frente al Congreso para reclamar los cambios en las leyes.

La despenalización del aborto se frustró cuando en agosto de 2018 el Senado rechazó un proyecto que logró media sanción en la Cámara de Diputados.

«Nos parece bien que el Ejecutivo presente un proyecto, pero ellos hablan de salud pública y nosotras hablamos del derecho de las mujeres. No penalizamos a las mujeres sino a quienes obstaculizan el acceso. Nuestro proyecto no habla de objeción de conciencia y jamás aceptaremos la objeción de conciencia institucional. El acceso debe ser en centros públicos y privados«, opinó Nina Brugo, una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

La masiva movilización frente al Palacio Legislativo la protagonizaron miles de personas y fundamentalmente militantes de agrupaciones de toda índole, desde grupos feministas, pasando por sindicatos médicos, docentes y estudiantiles.

«Educación sexual para decidir», «Anticonceptivos para no abortar» o «Aborto legal para no morir» fueron algunas de las consignas que más se han escuchado en aquella marcha, no sólo a las puertas del Congreso, sino también en otras ciudades argentinas.

«El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo es el resultado del consenso de cientos de organizaciones feministas junto a organizaciones políticas, sociales, sindicales, artísticas, académicas y de Derechos Humanos», indicó la organización detrás de estas movilizaciones.

Clarín