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Es difícil estar de acuerdo con el árbitro siempre: muchas de sus decisiones caen en el terreno de la controversia y la indignación. El árbitro a veces acierta en condiciones muy adversas y a veces se equivoca escandalosamente. Pero cualquier liga, amateur o profesional, tiene un árbitro y todos acuerdan que no puede ser designado por uno de los equipos. En México el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contra toda las reglas del juego, prefiere que el árbitro sea nombrado por él. O él mismo ser el árbitro.

En las elecciones que se realizarán este 6 de junio se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. En este proceso electoral, el presidente y su partido, Morena, sostienen una campaña de asedio contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el árbitro de los comicios. Está en juego la mayoría parlamentaria que hoy tienen y el control de los gobiernos de casi la mitad del país.

La animadversión de AMLO hacia el INE no es nueva. Los ataques y acusaciones a todos los organismos autónomos que arbitran o vigilan al gobierno han sido permanentes desde que llegó al poder, e incluso antes, y el INE ha estado entre los objetivos principales. Atentar contra las instituciones que han permitido el lento y difícil paso del autoritarismo a la pluralidad democrática es grave.

Según la narrativa oficial, todos esos organismos fueron diseñados por “la mafia del poder” (así llama a los cinco gobiernos que lo antecedieron) como meros instrumentos de simulación para aparentar una democracia que no es real. Una de las frases en esta narrativa, y uno de sus objetivos, es borrar toda huella de la “larga noche del neoliberalismo”, como se refiere a esos 30 años previos a su gobierno.

Ese regreso de las manecillas del reloj incluye desaparecer la transición democrática que comenzó en ese periodo y que colocó al INE como uno de los pilares institucionales que permitieron caminar de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante 80 años del siglo XX, a la alternancia que ha sido el símbolo del siglo XXI: desde el año 2000 tres partidos se han turnado en la presidencia.

Los gobiernos de esa era, en el relato pretendidamente heroico de AMLO, significaron un periodo de degradación moral y política que debe terminar “en el basurero de la historia”.

No incluye en este periodo “neoliberal” el gobierno priista de Miguel de la Madrid (1982-1988), a pesar de que en él se aplicaron severos ajustes de política económica de corte “neoliberal”. El motivo de esa omisión podría ser que AMLO ocupó cargos públicos cuando De la Madrid gobernaba, y no dejó su militancia al PRI sino hasta finales de 1988.

Más allá de esa licencia que se concedió al reescribir la historia nacional para no quedar atrapado en el lado “incorrecto”, su proyecto busca regresar a esa época priista en la que la oposición era testimonial. En esa época, el árbitro de las elecciones estaba “vendido”: el secretario de Gobernación, el funcionario de más alto rango después del presidente, fungía como organizador y garante de los comicios. Esto permitió aniquilar y arrinconar a las oposiciones.

Un caso especialmente escandaloso fue el de la elección presidencial de 1988, cuando el secretario era Manuel Bartlett —hoy uno de los funcionarios estrella del gabinete de AMLO— y “se cayó el sistema” de conteo de votos. Cuando se restableció, la ventaja que la oposición tenía se había diluido y el candidato priista resultó ganador en medio de acusaciones de fraude. No fue sino hasta el año 2000, cuando las elecciones presidenciales fueron organizadas por un instituto autónomo ciudadano, que el PRI finalmente perdió.

Los dirigentes del movimiento lopezobradorista, que durante años enarbolaron el discurso democrático y de repudio a las prácticas fraudulentas del pasado priista, hoy se empeñan en atacar y desacreditar al INE, amenazan con hacerlo desaparecer y someter a juicio político a los consejeros electorales que lo integran. El pretexto es que el árbitro inhabilitó a dos candidatos a gobernadores de Morena por violar la ley al no presentar adecuadamente el reporte de sus gastos de precampaña.

Pero la embestida contra la institución autónoma que garantiza elecciones libres viene de tiempo atrás y tiene más fondo: a AMLO solo le gustan las elecciones democráticas cuando gana. Nunca ha aceptado una derrota en las urnas. Todas las veces que ha perdido una elección, ha denunciado que fue víctima de un fraude.

Hoy que ya está en la presidencia, manda a los líderes de su partido a hacer plantones afuera del INE, como si fueran opositores atropellados por el poder y desde su conferencia mañanera diaria atiza el fuego: se lanza contra el presidente del INE y contra los consejeros que no controla, dice que el instituto no ha servido, que ha fallado, que ha sido cómplice de fraudes, que cuesta mucho dinero, y se proclama él mismo como el mejor garante de que no haya fraudes electorales. Es el paquete completo de regreso al pasado antidemocrático.

El presidente ya logró someter a otra autoridad electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tiene una influencia decisiva entre los magistrados que lo conforman. Desde ahí presiona para revertir las decisiones del INE. En futbol, es como si un equipo no lograra comprar al árbitro en la cancha, pero tuviera bajo su control al árbitro asistente de video (VAR, por su sigla en inglés).

AMLO llegó al poder con el voto mayoritario de los mexicanos en una elección libre organizada por el árbitro al que hoy ataca. Su gobierno es producto de la democracia que construyó la sociedad mexicana, pese a múltiples obstáculos. Por eso debe someterse a las reglas democráticas, aunque no le gusten. Aplastarlas para afianzar un poder autoritario es colocarse en una ruta que lleva a rupturas constitucionales, la cual México no puede ni debe caminar.

El presidente debe entender que correr al árbitro para ponerse su uniforme y asegurarse de que gane su equipo, solo terminaría poniéndolo a él y su gobierno en el “basurero de la historia”.

THE WASHINGTON POST