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Balance anual del gobierno de Castillo

Perú

Castillo y Perú Libre -partido que lo llevó al gobierno actual- son una decepción más para el pueblo peruano.

1. Para Pedro Castillo debe haber transcurrido el año más largo de toda su vida. Desde hace semanas, se encuentra arrinconado por la fiscalía que investiga actos de corrupción del presidente y su entorno familiar y amical; ya que algunos municipios, especialmente de la región de Castillo, y algunos empresarios, habrían sido beneficiados con la concesión de obras públicas. A cambio, el entorno del presidente peruano habría recibido ingentes cantidades de dinero. Aunque es evidente que el Ministerio Público está influenciado por la derecha (que busca bajarse a Castillo) y también que ni la Fiscalía ni la prensa jamás fueron tan acuciosos en sus investigaciones por corrupciones de los anteriores gobiernos, lo cierto es que las evidencias contra el presidente peruano, su entorno y algunos de sus ex-ministros son más que abundantes.

Castillo y Perú Libre -partido que lo llevó al gobierno actual- son una decepción más para el pueblo peruano. Después de la elección presidencial y luego de más de doscientos años de historia republicana caracterizados por un rancio conservadurismo, parecía que se empezaba a vivir una primera experiencia gubernamental por un bloque político que al menos se autocalificaba de izquierda, e incluso marxista-leninista. Muy pronto quedó en evidencia que el actual gobierno peruano era un embuste más de los tantos que ha sufrido el pueblo.

El discurso de 28 de julio de Castillo es fiel reflejo de su gobierno, ya que parecía hecho para las galerías de la CONFIEP y otros dueños del Perú. No anunció ninguna medida que implique algún cambio importante, ni pensar en alguno que suponga una transformación de las estructuras de poder económico y político en dicho país. Dio algunas cifras del bendito “éxito económico”, como lo hubiera hecho cualquier presidente de la derecha rancia. El balance de su gobierno fue tan pobre como el mismo.

El perfil de Castillo, cuando era candidato, encandiló a una parte de la población. Su imagen de profesor de escuelita rural de una de las zonas más pobres del Perú, combinada con la de agricultor además de rondero. Su repetitiva frase “no más pobres en un país rico”, evidentemente sacada del repertorio reproducido en las aulas y horas cívicas de las escuelas públicas peruanas más modestas, generó expectativa más que confianza. Exponer a su humilde familia frente al país ayudó mucho para consolidar aquel perfil de hombre sencillo de cara al pueblo peruano.

Mientras que el sello izquierdista de su propuesta de gobierno estaba representado por la organización partidaria, Perú Libre, que le respaldaba cuando se autoproclamaba con una línea marxista-leninista. Aunque cualquier persona acuciosa que haya leído el programa de gobierno de su agrupación habría identificado que —más allá de las etiquetas y rótulos— su propuesta tenía dos puntos centrales: la reforma constitucional y el desmontaje del neoliberalismo. Estos dos puntos no son para nada propuestas ni socialistas ni mucho menos comunistas. Y, para colmo, Castillo no ha hecho nada para alcanzar estas metas.

De hecho, la reforma constitucional viene de un planteamiento contractualista de los albores del liberalismo. Es decir, se centra en el rediseño estatal a partir del establecimiento de un nuevo contrato social planteado por pensadores políticos de los siglos XVII y XVIII. Resulta ingenuo pensar que el mero cambio de las reglas de juego de la política estaría refundando el país. Para que ello ocurra, el cambio constitucional debe ir aparejado de cambios estructurales en la sociedad, en la economía y la política de una nación. Pues no es lo mismo un cambio en el modelo constitutional de un país, que una reestructuración de su régimen económico y de propiedad.

Por otro lado, el desmontaje del neoliberalismo puede encarrilarse en formas de desarrollo del capital donde el Estado asuma mayor protagonismo: una situación experimentada en la década de 1930, y que llegó a aplicarse en el mundo hasta la década de 1980. En toda Latinoamérica, se aplicó bajo distintos rótulos como el modelo cepalino o la llamada teoría de la dependencia. Se trata de una experiencia en la que los estados latinoamericanos experimentaron su mayor crecimiento. Mas fue una experiencia de corte nacionalista más que socialista; aunque algunos partidos de “izquierda”, en Latinoamérica, por alguna razón injustificada la asocian con el socialismo.

2. Sin embargo, puede entenderse que si bien el planteamiento anti-neoliberal, en sí mismo, no tiene ni pizca de socialismo, ni mucho menos de comunismo, sea asociado como de izquierda; porque está referido a un país donde lo más cercano a medidas populares —sin que sean socialistas, ni de izquierda— ocurrieron durante los gobiernos de Guillermo Billinghurst, en la década de 1910, y de Juan Velasco Alvarado en la década de 1960.

Ya en el gobierno, en este último año transcurrido, Castillo no ha podido ni siquiera echar a andar la reforma constitucional, ni mucho menos ha alterado un ápice el muy bien asentado sistema neoliberal en el Perú. De manera efectista, prometió una Segunda Reforma Agraria; la cual consistía, básicamente, en otorgar créditos a agricultores, poner a su disposición semillas de alta calidad, brindar condiciones para mejorar la tecnificación del agro, y otorgar apoyo técnico para todos los agricultores. Todas estas medidas no abordan reformas en la propiedad de la tierra, aunque desde la década de 1990 muchas volvieron a manos privadas. En realidad, solo se trataba del plan fujimorista para desmontar la Reforma Agraria de Velasco (a la cual, dicho sea de paso, muchos analistas consideran la tercera reforma agraria en el Perú dado que, durante el primer gobierno de Belaúnde en la década de 1960, se ensayaron dos reformas agrarias previas de manera local, aunque sí se afectó a la propiedad de la tierra).

Las medidas de la llamada Segunda Reforma Agraria de Castillo apenas si son planteamientos de una tímida aplicación de subsidios al agro, que ni siquiera se han aplicado; por lo que resultan más fuegos artificiales que cuestiones concretas. Incluso, una medida en favor del agro, que para nada es socialista pero que hubiese sido mucho más efectiva en la ayuda estatal a este sector, pudo haber sido la compra oportuna de fertilizantes como la úrea: incluso no para regalarla, sino para venderla a los agricultores peruanos a fin de protegerlos del mercado especulativo de este tipo de fertilizante, debido a su actual escasez en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En cuanto a la gestión de la salud, en principio se garantizó la llegada de las vacunas contra el COVID-19. En lo estructural, sin embargo, el gobierno de Castillo no tocó ni con un dedo la situación de inestabilidad en la que viven miles de trabajadores del sector salud, médicos, enfermeros y personal auxiliar; quienes en todo el mundo han sido inmolados por terribles condiciones de trabajo durante la pandemia. En momentos que se está saliendo de ella, lejos de fortalecerse los sistemas de salud o de consolidar al personal fraguado en tan duras condiciones contextuales, se les está echando de sus puestos de trabajo o dejándolos en la absoluta incertidumbre laboral.

Respecto a la relación que el gobierno de Castillo ha tenido con la prensa peruana, puede decirse que los medios de comunicación enfilaron en contra de él, antes de asumir la presidencia, y ni bien asumió continuaron durante buen tiempo atacándolo como si aún hubiese continuado la campaña. Si bien estos ataques han ido minando de manera efectiva y paulatina la imagen de Castillo, paralelamente también han terminado por resquebrajar lo poco de credibilidad que tenía la prensa peruana. Cabe apuntar que, entre la falta de ingresos por la publicidad estatal y la caída de la credibilidad de la prensa, el monopolio del Grupo “El Comercio” (con canales de televisión, radios y periódicos y que tiene más de un siglo de dominar y pautar el “sentido común peruano”) atraviesa por sus peores momentos históricos. En cierta medida, quizás la falta de credibilidad de “El Comercio” se correlaciona con el mantenimiento frágil de Castillo en la presidencia, debido a cierta manipulación ante el pueblo peruano de sentirse víctima de los ataques mediáticos: algo que es cierto, aunque algunos de esos ataques tengan argumentos sólidos que ni la reiterada victimización del presidente pueden ocultar.

3. Llama la atención el control al que tanto Castillo y sus familiares vienen siendo sometidos por los medios de comunicación. Prácticamente son equipos de inteligencia privados —van más allá de periodistas de investigación— que tienen vigilados los ingresos a Palacio de Gobierno y también la casa de la calle Sarratea, en Breña, donde los primeros meses de gobierno, Castillo hizo reuniones políticas aparentemente para eludir el control mediático. Su entorno tiene los chats de WhatsApp intervenidos (o chuponeados, como dicen en el Perú). Misteriosamente, aparecen las intervenciones telefónicas cada domingo en las revistas noticiosas dominicales de un puñado de canales de televisión. Es decir, al mejor estilo de lo que mostraba la película “La vida de los otros”, cuando se trataba de evidenciar cómo funcionaba la agencia de inteligencia de la Alemana Oriental, STASI, cuando sometía a persecución política a sus ciudadanos. Sino, cómo se explica que de manera efectiva, justo en una intervención al Palacio de Gobierno, la Fiscalía haya encontrado 20 mil dólares norteamericanos en un baño al ex Secretario del presiente, Bruno Pacheco. Si bien resulta loable que se marque a fuego las actividades corruptas, también resulta muy extraño tanta efectividad: la sensación es que hay un grupo de inteligencia que está encima de Castillo y la gente de su entorno. Tal encono de la prensa contra la corrupción no se dio en los anteriores gobiernos, que robaron durante años a su antojo.

Ese mismo acoso se repite cuando se analiza cómo interactúa el gobierno de Castillo con el Congreso. Hasta el momento, durante un año ha habido alrededor de una decena de intentonas de vacancia presidencial, y aproximadamente unas tres veces se llegó hasta la votación de manera infructuosa. Asimismo, ya se perdió la cuenta del número de veces que el Congreso ha intentado retirar la confianza a los gabinetes ministeriales de Castillo, así como las censuras que han estado a la orden del día. En doce meses, ha habido siete ministros del Interior y el Congreso, como nunca antes, ha sido muy diligente en abrir un sinfín de comisiones de investigación por denuncias de casos de corrupción del gobierno de Castillo, donde se han visto involucrados sus familiares más cercanos y su entorno. Lo cierto es que, al parecer, no fue difícil que el aparato de inteligencia privado se haya enfocado en lo que hacía o no el Ministerio de Transportes (el ministerio que maneja mayor cantidad de proyectos de obras públicas), para encontrar signos de actividades corruptas en el gobierno de Castillo. Ya no se trata solo de un vínculo con el llamado Club de la Construcción: los sospechosos comunes de todos los gobiernos y que se mantenían pese al escándalo con Odebrecht, sino que están bajo sospecha los acuerdos con firmas constructoras de provincias: una suerte de nueva élite emergente que se beneficia de las inversiones públicas estatales, bajo los tradicionales mecanismos corruptos que forman parte de la cultura de las contrataciones públicas del Perú desde su fundación republicana.

4. El epílogo momentáneo de esta historia gris es que el partido que llevó al gobierno a Pedro Castillo ha fragmentado su bancada congresal hasta en tres bloques: Perú Libre, Cambio Democrático y Bloque Magisterial, sin contar los que se han declarado independientes. En algunos casos, algunos bloques han ingresado en negociaciones con bancadas ultraconservadoras, no para garantizar la gobernabilidad, sino para transar beneficios recíprocos. Asimismo, la bancada de Perú Libre se unió a la fujimorista para votar una ley que debilite la Superintendencia Nacional de Educación, SUNEDU, (aunque cinco congresistas de esta bancada votaron en contra). Hay varios congresistas, entre ellos el derechista César Acuña que son dueños de universidades privadas y no quieren un ente regulador como la SUNEDU.

El hermano de Vladimir Cerrón, Waldemar, no tuvo vergüenza alguna de posar en un homenaje que el Congreso le hizo al breve y ultraconservador presidente Manuel Merino (alrededor de 7 días en la presidencia), pese a que este se halla bajo sospecha para ser procesado por la responsabilidad de las muertes de los jóvenes Bryan Pintado e Inti Sotelo, en las manifestaciones masivas de noviembre del 2019. Todo lo cual evidencia hasta qué punto Perú Libre tiene consecuencia con su profesada convicción marxista-leninista.

En suma, el gobierno de Castillo, en contubernio con Perú Libre de Vladimir Cerrón, hace todo para mantenerse vigente. Con tal objetivo, no le hacen asco a pactar con la derecha. Desde El Diario Internacional habíamos adelantado que este gobierno sería más de lo mismo. Pero resulta escandaloso que el mismo no haga ni siquiera la “finta” de llevar a cabo alguna medida de corte popular. Pedro Castillo es un presidente neoliberal como sus antecesores. Solo resta confiar en que de esta nueva decepción aprenda mucho el pueblo peruano; ya que solo la masiva movilización y organización de las masas, que generen una vanguardia realmente revolucionaria, podrá llevarnos a un camino de transformación autentico, perdurable y constante. ¡Como antes y siempre, hoy más que nunca no queda más que movilizarse y organizarse!

Fuente: http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article4519

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