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Abogado y exjuez supremo de 83 años, el octavo presidente peruano en diez años ha llegado a la jefatura del Estado con denuncias de corrupción.

Por Carlos Noriega

En su primer día de gobierno, el nuevo presidente peruano, el congresista José María Balcázar, ha recibido una carta enviada desde prisión por el exmandatario Pedro Castillo solicitándole un indulto. Castillo, preso desde que fue destituido el 7 de diciembre de 2022, ha sido sentenciado a once años por conspiración para una rebelión por su fallido intento de cerrar el Congreso controlado por la derecha que lo quería destituir, sin estar habilitada legalmente para hacerlo. Castillo le recuerda a Balcázar que antes de ser elegido presidente se pronunció a favor de su indulto. Pero después de asumir como presidente, Balcázar declaró que la sentencia de Castillo se encuentra en apelación, lo que debe resolverse en las instancias judiciales.

Balcázar es congresista de la bancada de Perú Libre (PL), partido que llevó a Castillo a la presidencia, pero de quien se ha distanciado. PL se proclama de izquierda marxista y gusta de un lenguaje radical, pero se ha aliado a la coalición de derecha y ultraderecha que controla el Congreso. La derecha grita que la llegada de Balcázar al gobierno implica el regreso de la izquierda al poder después de la destitución de Castillo, pero por sus vínculos parlamentarios en los últimos años, se trata, más bien, de un continuismo del gobierno controlado desde el Congreso por la coalición de derecha y ultraderecha, llamada “pacto mafioso”, instaurado cuando Dina Boluarte asumió en reemplazo de Castillo. Para ganar la votación en el Congreso que eligió al presidente, con 64 votos de 113 legisladores que votaron, Balcázar tuvo un importante respaldo entre congresistas de esa coalición derechista.

Abogado y exjuez supremo de 83 años, Balcázar, el octavo presidente peruano en diez años, ha llegado a la jefatura del Estado con denuncias de corrupción, apoyo a leyes en favor de la criminalidad y la impunidad, y declaraciones que califican como normales y “beneficiosas” las relaciones sexuales de adultos con menores. Fue elegido congresista en 2021 por PL, pero un año después abandonó el partido y formó un nuevo grupo parlamentario, Perú Bicentenario, con otros disidentes de PL. En 2024 ese grupo se disolvió y Balcázar regresó a la bancada de PL.

En el Congreso ha votado, junto con la bancada de PL y la coalición de derecha y ultraderecha, para aprobar leyes que limitan la capacidad de investigar organizaciones criminales, ponen trabas a los procesos de colaboración de acusados para declarar contra estas organizaciones, reducen significativamente la posibilidad de aplicar la extinción de dominio para decomisar los bienes producto de actividades delictivas, entre otras normas, conocidas como leyes pro crimen. También ha votado a favor de leyes que favorecen la impunidad de la corrupción política.

Encabezó la comisión parlamentaria que seleccionó a los candidatos para el Tribunal Constitucional, proceso que terminó con la elección de magistrados funcionales a los intereses de la derecha parlamentaria, que en entre otros fallos avaló en 2023 el ilegal indulto al dictador Alberto Fujimori y archivó en octubre pasado el proceso judicial a Keiko Fujimori por organización criminal y lavado de activos.

Siendo presidente de la Comisión de Educación del Congreso se opuso en 2023 a una ley, finalmente aprobada, que prohíbe el matrimonio infantil. En ese debate declaró que era normal que adultos tengan relaciones sexuales con menores, que los profesores las tengan con sus alumnas del colegio. Refiriéndose a niñas de 14 años, dijo que “siempre que no haya violencia” las relaciones sexuales a temprana edad “favorecen el futuro psicológico de la mujer, eso está demostrado”.

Cuando era juez fue acusado por liberar en 2005 a dos empresarios propietarios de un medio de comunicación denunciados por recibir sobornos de la dictadura de Fujimori para poner su línea editorial al servicio de ese régimen. En 2006 fue suspendido de la magistratura, separación confirmada como definitiva en 2011. Entre 2019 y 2020 fue decano del Colegio de Abogados de la región de Lambayaque, cargo del que salió con una denuncia penal por apropiarse de fondos de la institución. En 2022 fue expulsado de este Colegio de Abogados. Tiene una denuncia penal por cohecho, acusado de negociar el cierre del proceso judicial que le abrió el Colegio de Abogados de Lambayaque con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a cambio de respaldarla con su voto en el Congreso.

Balcázar inauguró su gobierno, que es de transición hasta el 28 de julio, enviando mensajes para tranquilizar a la derecha y al empresariado. Ha ofrecido no tocar la política económica neoliberal, ha dicho que no existe ni izquierda ni derecha, que “eso es un invento francés”. En su primer día de gestión, se reunió con el director del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, figura clave de la política macroeconómica, con altos jefes militares y policiales, y con congresistas de distintas bancadas. Ha convocado a un diálogo a “todas las fuerzas políticas” y a los gremios. Ha indicado que mantener el modelo económico, enfrentar la creciente delincuencia y garantizar las elecciones presidenciales y parlamentarias del 12 de abril, serán los tres ejes centrales de su gestión.

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