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El Gobierno de Brasil dio a conocer el programa social denominado “Renta Ciudadana”, que utilizará dinero del presupuesto para educación y del fondo precautorio (algunos de ellos de juicios por ajustes previsionales). El anuncio se realizó durante una reunión entre Bolsonaro y Guedes con otros ministros.

A un mes y medio de las elecciones municipales y pensando en una posible reelección, Bolsonaro busca mantener de alguna manera lo único que le dio popularidad en medio de la gestión desastrosa del Covid: la ayuda social masiva.

A pesar de contradecir su discurso de austeridad y promesas de campaña, Bolsonaro quiere convertir la llamada ayuda de emergencia, que llegó a 65 millones de personas, el 30% de la población y elevó su popularidad, a un plan permanente al que puso el nombre de «Renta Ciudadana» y que reemplazaría al plan «Bolsa familia» que viene de la época del Gobierno del PT.

Sin embargo, para mantener este «giro populista» Bolsonaro enfrenta dos problemas, el primero es la negociación con su ultraliberal ministro de Economía, Paulo Guedes, y el segundo las restricciones presupuestarias que se votaron tras el golpe a Dilma Rousseff, bajo el Gobierno de Temer y afirmadas por Bolsonaro, que congelan el gasto estatal durante 20 años.

Es por esto que la negociación para extender un plan de ayuda social incluiría recortar en otros sectores. Uno sería el Fundeb (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de Profesionales de la Educación) y el otro los fondos precautorios (que supone lo reservado por juicios previsionales o de otra índole contra el Estado). Por otro lado el gasto no podría ser incluido como parte del presupuesto, por lo que se debería incluir en forma de enmienda, lo que ya se empezó a discutir.

De Renta Brasil a Renta Ciudadana

Según informó el senador Marcio Bittar, el programa se incluirá en la Propuesta de Enmienda Constitucional de emergencia (PEC), para seguir pagando las ayudas de emergencia y reemplazando al plan Bolsa Família. Para esto se planéa utilizar hasta un 5% del nuevo recurso para el Fundeb.

Hasta ahora la ayuda extraordinaria en el marco de la pandemia fue de 600 reales (unos 100 dólares), que superaron ampliamente los 190 reales que las familias más pobres recibían en concepto del plan de ayuda «Bolsa Familia». Esta ayuda le significó a Bolsonaro una súbita popularidad, incluso en el nordeste del país (la región más pobre y bastión del Partido de Trabajadores), que no quiere perder, por lo que inicialmente planificó continuar con programa que se iba a llamar «Renta Brasil» por unos 300 reales mensuales.

Sin embargo, el equipo económico, con Guedes a la cabeza, lo vetó y le exigió que haga recortes en otros planes sociales, lo que fue descartado por Bolsonaro que quiere mantener el «éxito» de la ayuda de emergencia, ya pensando en las elecciones de 2022. Ante los cortocircuitos con el equipo económico por la propuesta de «Renta Brasil», Bolsonaro la eliminó sin más y planificó esta nueva «renta ciudadanía» que también sería de 300 reales, pero los fondos provendrían de recortes en otros sectores que no implica ayuda social, como este ajuste en educación y a los fondos para cubrir juicios al Estado.

Si bien en la actual situación desesperante que vive el país los 600 reales de la ayuda de emergencia y el 50% de ese valor que implicaría el nuevo plan, fueron bien recibidos en los sectores más vulnerables, aún están muy lejos de los mínimo necesario para que una familia pueda estar por arriba de la línea de pobreza. Según el departamento de estadísticas (DIEESE), en una encuesta realizada en diciembre del año pasado, el salario mínimo debe ser de 4.342,57 reales para sustentar un familia de 4 personas.

Cortocircuitos

Este anuncio demuestra un conflicto que existe hoy en el Gobierno. Por un lado, Bolsonaro logró mantener su popularidad a través de medidas de asistencia, como la ayuda de emergencia. Por otro lado, el capital financiero exige respetar el techo de gasto presupuestario y el pago de la deuda pública.

Por ahora Bolsonaro hizo lo suyo para mantener tranquilo al sector. Entregó a los bancos prácticamente 1,2 billones de reales, valor muy superior al destinado a las ayudas de emergencia. Por otro lado la negociación en curso busca recortar el presupuesto educativo para mantener la ayuda, sin aumentar el gasto.

Pero Bolsonaro también tiene otras políticas para seducir al capital financiero y a los empresarios: su plan de tarjeta laboral verde y amarilla, extinguirá los derechos laborales, y la Reforma Administrativa, busca eliminar derechos de los funcionarios públicos.

Por otra parte, este martes la Cámara de Diputados aprobó en forma urgente la Medida Provisional 977/20, creando un crédito de mil millones de dólares para empresarios y banqueros, otorgando 20 mil millones de reales en garantía de la Unión para préstamos bancarios a empresas con ingresos brutos entre 360 mil y 300 millones de reales.

El dinero para el pago de este crédito provendrá de la emisión de bonos públicos por parte del Fondo de Garantía de Inversiones (FGI), que es administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El 75% de estos fondos ya han sido liberados en el FGI por decisión del Gobierno, según el informe de seguimiento de ejecución presupuestaria de la Asesoría Presupuestaria de la Cámara de Diputados.

Esta celeridad y colaboración entre el Gobierno y el Congreso, a través de la Cámara de Diputados y el Senado, contrasta fuertemente con el proceso de decisión y aprobación de las ayudas de emergencia, cuyo monto ya bajó de 600 a 300 reales, haciendo que 4,2 millones de familias en el país se vieran afectadas, con una ayuda reducida. Además, alrededor de 15 millones de personas recibirán solo tres, dos o una porción de la asistencia de extensión de emergencia, cuyo valor ya se ha reducido de acuerdo con el tiempo que tardaron en la lista de espera hasta que se aprobó el programa.

LA IZQUIERDA DIÁRIO