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Ante la posibilidad cierta de terminar en la cárcel, el expresidente todavía tiene una carta en el mazo para jugar: un proyecto de amnistía que distintas fuerzas aliadas del Congreso están azuzando para que queden impunes los delitos que se le imputan.

Brasil es un hervidero político-judicial desde que el 26 de marzo el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró reo a Jair Bolsonaro y quedó camino a una posible condena de hasta 28 años de prisión. El intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 es una certeza para los cinco jueces que votaron el enjuiciamiento del expresidente de extrema derecha. Apremiado por la posibilidad cierta de terminar en la cárcel, el exmilitar todavía tiene una carta en el mazo para jugar: la amnistía que distintas fuerzas aliadas del Congreso están agitando para que queden impunes los delitos que se le imputan. Intentar deponer por medio de violencia o grave amenaza a un gobierno constituido de manera legítima; tratar de abolir el estado democrático de derecho e integrar, promover o financiar una organización criminal.

El proceso será largo. Un estudio realizado por la consultora Datafolha señala que el 62 por ciento de la población rechaza la amnistía que intentan aprobar bancadas de centro derecha y de ultraderecha, empezando por la Cámara de Diputados. Su presidente Hugo Motta del partido Republicanos es sometido a presiones para que dé rápido trámite parlamentario al perdón que beneficie a Bolsonaro y al grupo de militares y civiles que se complotaron para impedir que Lula llegara a la presidencia o una vez en ella continuara en su cargo.

La sala del STF que informó en detalle los crímenes del expresidente, votó 5 a 0 a favor del juicio en el que podría ser condenado. Su miembro informante, el juez Alexandre de Moraes, es hace tiempo el blanco del bolsonarisno más explícito que lo acusa de “persecución política”. La definición que hacen del Supremo Tribunal Federal es que se trata de un poder “comunista” que intenta instalar una “dictadura” socialista en Brasil.

Las imputaciones contra el expresidente son muy graves. Asumió el gobierno el 1° de enero de 2019 y pretendía continuar en el poder más allá de 2022. Pero Lula lo derrotó dos veces. La elucubración de un golpe de Estado comenzó a ser discutida como una posibilidad en 2021 cuando aún ocupaba el Planalto. La extrema derecha venía denunciando supuestas irregularidades con las urnas electrónicas en los comicios que el actual mandatario ganó en primera y segunda vuelta en octubre de 2022 por estrecho margen. La teoría quedó descartada de plano por la Justicia y especialistas del tema. Incluso se le volvió en contra a Bolsonaro.

El clima político se enrareció más en estos días previos a un nuevo aniversario del golpe de Estado del 1° de abril de 1964. Marchas para repudiar el hecho y otras para reivindicarlo se anunciaron en las grandes ciudades brasileñas.

En San Pablo, el líder del PSOL, una fuerza de izquierda aliada del PT, Guilherme Boulos, señaló desde el Congreso donde es diputado: “El proyecto de amnistía que presentaron acá envuelve todos los actos desde el 30 de octubre de la elección hasta después del 8 de enero de 2023. O sea, una amnistía a Bolsonaro si fuera aprobada en el Congreso Nacional, invisibilizaría la chance de juzgamiento del Tribunal Federal y esos crímenes dejarían de ser considerados por cuenta de esa ley de amnistía. La situación es grave. Está amenazando la democracia. Es muy importante que la gente se movilice para dejar claro que la sociedad brasilera no acepta la amnistía”.

Boulos también describió a Bolsonaro en un posteo de X como “muy machista a la hora de intentar derrocar la democracia del país, pero un auténtico cobarde ante la justicia” porque no se presentó ante el STF el día de la acusación.

El grupo de civiles y militares que serán juzgados lo integran el expresidente, el general Walter Braga Netto, con quien compartió la fórmula presidencial perdedora en 2022; el general Augusto Heleno, ex ministro del Gabinete de Seguridad Institucional; Alexandre Ramagem, el ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia; Anderson Torres, ex ministro de Justicia y ex secretario de Seguridad de Brasilia donde ocurrieron los hechos; Almir Garnier, el comandante de la Marina de Guerra; el general Paulo Nogueira, ex ministro de Defensa y el teniente coronel Mauro Cid, delator y ex colaborador cercano de Bolsonaro.

Esta es la primera y más importante tanda de los 34 complotados que de manera planificada intentaron deponer a Lula e incluso asesinarlo. El asalto a los tres poderes del Estado que le siguió el 8 de enero de 2023 en la capital brasileña tiene 371 condenados hasta el momento que recibieron sentencias de 3 a 17 años de prisión por delitos considerados graves.

También hay decenas de prófugos identificados, de los cuales la mayoría salió hacia la Argentina suponiendo que se les concedería la condición de refugiados políticos. Pero hasta ahora solo han sumado dificultades. La justicia nacional le pidió a Interpol la captura de 61 de ellos y hasta el momento solo cinco fueron arrestados. A dos, Joelton Gusmán de Oliveira y Joel Borges Correa, la Cámara de Casación Penal les confirmó la detención y rechazó los recursos que habían presentado.

En el país también se encuentra un sobrino de Bolsonaro. Leonardo Rodrigues de Jesús, el indio Leo, condenado por el STF. Es un ex consejero adjunto de Cascavel, en el estado de Paraná al sur de Brasil. Huyó hacia Argentina y pidió asilo por “persecución política”. Es hijo de Rosemeire Nantes Rodrigues, hermana de la primera esposa de Bolsonaro, Rogéria. La madre de los tres hijos mayores del expresidente: el diputado Eduardo, el senador Flávio y el concejal Carlos.

El de mayor visibilidad, Eduardo Bolsonaro, huyó hacia Estados Unidos. También tiene miedo de lo que lo alcance la Justicia y sigue alegando que no hubo intento de golpe de Estado. Muy activo en las redes sociales continúa desparramando diatribas contra Alexandre de Moraes y el STF que dejó a su padre más cerca de ir a prisión.

La única salida que le queda al expresidente es recibir una amnistía que no tiene consenso en la población. Sus chances de evitar ir a la cárcel se redujeron y la posibilidad del perdón reinstalaría temas del pasado como la Ley de Amnistía de 1979 que el propio STF – con otra integración – evitó revisar en 2010 durante el segundo gobierno de Lula. Hace quince años, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) había pedido que se estudiara su derogación que privó de juzgar los crímenes cometidos por la dictadura (1964-1985). Hasta el propio gobierno del PT se había pronunciado en contra de su anulación.

En el Congreso todavía no hay señales ostensibles sobre su posible tratamiento más allá de que agiten su fantasma los sectores más reaccionarios. El presidente de la Cámara de Diputados, Motta, por ahora juega a dos puntas. Acompañó a Lula a la gira reciente por Asia que realizó el presidente y se mostró cercano a él. Pero asimismo cuando asumió el cargo en febrero declaró que la conducta de los partidarios de Bolsonaro fue “grave” en el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, pero “no un intento de golpe de Estado”. Por esa razón, no parece un personaje del que Lula podría fiarse.

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