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La dispersión de candidaturas, la incertidumbre en los resultados y la desconfianza en los partidos tradicionales marcan las elecciones que se realizarán la próxima semana en Chile en medio del pico de la pandemia y en un contexto de debilidad del Gobierno encabezado por Sebastián Piñera.

El 15 y el 16 de mayo, 14,9 millones de chilenos están convocados a votar 345 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores regionales, aunque la mirada está particularmente atenta a los 155 ciudadanos que ese día también serán elegidos para integrar la inédita Convención Constituyente que redactará una nueva Carta Magna.

En total, más de 22.000 candidatos se disputarán 2.768 cargos, lo que convierte a este proceso en la elección más grande de la historia del país sudamericano. Será, además, el antecedente de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre que pondrán fin al Gobierno de Piñera, quien enfrenta su último año de gestión con un magro 9,0 % de popularidad.

Para los 155 puestos de convencionales constituyentes se registraron 1.191 candidatos (603 mujeres y 588 hombres), de los cuales el 62 % no está afiliado a ningún partido político, solo el 23 % tiene experiencia política previa y el 27 % alguna experiencia pública.

Esta será la primera elección con paridad de género en Chile, ya que el debate rumbo a la Constituyente logró que se estableciera la obligatoriedad de que las listas de las candidaturas estén alternadas por una mujer y un varón y que ningún género supere en más de un escaño al otro.

Además, 17 de los 155 asientos constituyentes están reservados para representantes de pueblos indígenas chilenos (mapuche, aimara, rapa nui, quechua, atacameño, diaguita, colla, chango, yagán y káwesq) que tendrán voz y voto para diseñar una Constitución que, a diferencia de la que rige actualmente, no los discrimine.

Retrasos

La elección de la Convención Constituyente es resultado del estallido social que se registró en Chile en octubre de 2019 y que marcó el inicio de una crisis que, desde entonces, el Gobierno de Piñera no ha logrado revertir.

Después de las masivas protestas de ese año, el Gobierno aceptó convocar a un plebiscito para que la ciudadanía votara si estaba a favor de una nueva Constitución que sustituyera a la actual, que es una herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet.

La consulta, que tuvo un par de postergaciones debido a la pandemia, finalmente se llevó a cabo el pasado 25 de octubre y el resultado fue una contundente victoria del 78 % para el ‘Apruebo’, lo que abrió la puerta a una nueva Carta Magna que los convencionales que sean elegidos la semana próxima tendrán que elaborar en el plazo de un año.

El coronavirus ha seguido impactando en el calendario electoral chileno, ya que los comicios se iban a llevar a cabo el 11 de abril; luego se desdoblaron al 10 y 11 de abril para evitar aglomeraciones en los centros de votación, pero finalmente se postergaron para mayo.

En estas últimas semanas, Chile enfrentó la paradoja de liderar la campaña de vacunación en América Latina y, al mismo tiempo, padecer un brusco aumento en los contagios y muertes y con el sistema sanitario desbordado, por lo que Piñera endureció las restricciones que incluyeron un nuevo toque de queda para evitar la circulación.

A pesar de la crisis sanitaria, las jornadas electorales del 15 y 16 de mayo sí están confirmadas, pero la fragmentación de listas y candidatos, más el hecho de que sea una elección sin antecedentes, ha complicado la realización de encuestas que puedan anticipar algún escenario, ya que por el perfil de cargos y de postulantes, no se puede equiparar a una legislativa.

Pactos

La izquierda, centroizquierda y el progresismo no lograron conformar un solo bloque, así que se presentan por separado en las coaliciones Listas del Apruebo y Apruebo Dignidad, más el Partido Humanista, Partido Ecologista, Unión Patriótica y Partido de Trabajadores Revolucionarios.

En la derecha, en cambio, sí llegaron a un acuerdo para unificarse en la alianza conservadora Vamos por Chile (que incluye a Chile Vamos y al Partido Republicano). Las postulaciones se completan con múltiples listas de candidatos independientes.

Después del 16 de mayo, las y los ganadores contarán con un lapso de 30 días para ser proclamados como convencionales. Luego, Piñera convocará a la sesión inaugural de los trabajos de la Convención Constituyente, lo que podría ocurrir en la segunda quincena de junio.

A partir de ese momento, los convencionales trabajarán durante un año en el Palacio Pereira, ubicado en Santiago, para redactar la nueva Constitución en medio de una fuerte presión por parte de los sectores sociales que influirán con reclamos y protestas para que los derechos que defienden sean incluidos.

Cada convencional recibirá un salario mensual promedio de 2,5 millones de pesos chilenos (unos 3.500 dólares). Su trabajo debe terminar a más tardar en junio del próximo año. Una vez que concluyan su propuesta constitucional será sometida a un nuevo plebiscito para que la ciudadanía la avale o la rechace.

De esa etapa ya se encargará quien sustituya a Piñera luego de ganar las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, o la segunda vuelta prevista para el 19 de diciembre, y que asumirá en marzo de 2022.

Expectativas

Más allá de que los resultados hoy son una incógnita, diversos analistas han advertido que los debates de la Convención serán ásperos debido a que difícilmente algún bloque contará con los dos tercios necesarios que se requieren, como mínimo, para avalar cada artículo. Hay temores de que la discusión se empantane o que sea ensombrecida por violentas protestas cada vez que un derecho sea puesto a discusión.

Otro factor es que comenzarán a trabajar en medio de las campañas presidenciales. El clima político chileno estará así en su máxima efervescencia, y con un Gobierno que ya va de salida y es reprobado por más del 90 % de los ciudadanos y que acaba de sufrir una dura derrota política, ya que las protestas lo obligaron a aceptar el tercer retiro de fondos de pensiones al que se había negado.

A ello se suma la reciente demanda que diversas organizaciones interpusieron en la Corte Penal Internacional de La Haya para que Piñera sea investigado por delitos de lesa humanidad cometidos bajo su orden por las fuerzas de Seguridad en las represiones de 2019.

En medio de la efervescencia política, la consultora Ipsos reveló en una de sus últimas encuestas que el 57 % de las y los chilenos espera la elección de la Convención Constituyente con esperanza y el 46 % con alegría.

En contraste, el 40 % tiene desconfianza, el 36 % incertidumbre y el 23 % miedo. Solo el 16 % se declara indiferente, porque el 49 % está “muy interesado” en los comicios y el 86 % votará, pero sólo el 20 % ya tiene decidido su voto.

El desprestigio de la clase política chilena se traduce en que únicamente el 11 % confía en el Congreso, y el 6,0 en los partidos tradicionales. Bajo esa desilusión acudirán a las urnas la semana próxima.

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