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Con una población de aproximadamente 40.000 personas privadas de libertad (PPL), la emergencia sanitaria por el covid 19 o coronavirus, amenaza con profundizar la crisis carcelaria en los centros de reclusión del país. Hacinamiento, alimentos que no aportan los nutrientes suficientes, situaciones insalubres de existencia en el encierro, impiden mantener la vida en condiciones dignas a los más olvidados entre los olvidados.

Hace pocos días circulaba en las redes sociales el comunicado redactado por PPL´s “La vida debe prevalecer”, donde se solicitaba la liberación de aquellos “presos que no constituyen un peligro para la sociedad y que son aquellos que no tengan antecedentes penales, no violentos, con primera sentencia, con voluntad de reivindicación por su conducta intachable mientras pagan su condena, tercera edad, enfermedades catastróficas, discapacidad o mujeres embarazadas.” Acorde a los llamados de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la población PPL propone una salida humanitaria ante el inminente peligro que significa el coronavirus. El comunicado alertaba que en el caso de “hacer caso omiso a la población carcelaria hacinada sin ninguna protección ante el coronavirus, en un futuro se estaría cometiendo un acto de lesa humanidad ya que constituimos un pueblo tras las rejas.”

Para nadie es un secreto que la rehabilitación es imposible en un sistema carcelario que reduce a los PPL a condiciones infrahumanas, sin las garantías de reinserción ante una problemática de raíces socioeconómicas profundas. La gran mayoría de personas presas en el Ecuador provienen de los sectores populares, el preso por ende forma parte del pueblo empobrecido, hiperexplotado y vejado de casi todo derecho, “impulsado” a la “criminalidad” por un sistema que lo domina y explota desde temprana edad, reproduciendo un ciclo de violencia y pobreza resultado del sistema capitalista.

Pocos días atrás era noticia en varios medios de comunicación la fabricación de ataúdes por PPL´s de diferentes centros de detención, destinados a las víctimas mortales del virus en Guayaquil; caricatura morbosa de la realidad penitenciaria, “muertos en vida fabricando ataúdes para muertos por coronavirus”. Acto seguido y según fuentes oficiales, se daba por conocido el primer caso de covid 19 en un guardia penitenciario del Centro de Detención Provisional “El Inca” en Quito. Poco después se iniciaba una huelga de hambre pacífica en los diferentes pabellones de dicho centro, cuya respuesta fue la presencia de varios efectivos de la Policía Nacional so pretexto de un “posible amotinamiento”. Esta medida pacífica fue respondida con una de carácter intimidatorio, pese a que la acción de hecho de los PPL no contemplaba otra de ningún otro tipo, tal como numerosos videos y fotografías tomadas por los mismos internos lo demuestran.

¿El Gobierno Nacional atenderá a la población PPL en el marco de los derechos humanos, tal como ordena la Constitución, garantizando y velando la vida e integridad, o los abandonará a su suerte? Los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos deben estar atentos a esta problemática antes de que adquiera proporciones dramáticas e insostenibles. La crisis carcelaria en medio de la emergencia sanitaria es un bomba de tiempo que nos dice a gritos que la vida debe prevalecer.

*Escrito junto a Nuestroamericano.

REVISTA CRISIS