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Varias figuras políticas y sindicales de Colombia criticaron hoy las medidas presentadas por el gobierno de Iván Duque ‘para garantizar los derechos de la protesta pacífica’.

Para la legisladora Ángela María Robledo, el reciente decreto del Ministerio del Interior ‘es una nueva provocación a quienes se movilizan pacíficamente y se vuelcan a las calles para expresar su malestar ciudadano’.

‘Miente @IvanDuque cuando dice que respeta la protesta pacífica. Cada día la ahogan más. áOtro gesto más de autoritarismo!’, escribió Robledo en su cuenta en Twitter.

Asimismo, Griselda Lobos, senadora del partido Comunes, cuestionó en la misma plataforma por qué será que el diálogo es tan difícil para este Gobierno.

‘¿Todo lo tienen que solucionar a las patadas y a punta de violencia con la ciudadanía. Ahora resulta que modifican un decreto donde reprimen aún más la protesta social’, remarcó.

Este día, por instrucción de Duque, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dio a conocer las medidas adoptadas por el gobierno ‘para dar garantías a la protesta pacífica’.

Entre otros elementos anunció que se realiza la modificación al decreto que establece que no constituyen manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanente vías o infraestructura, así como las que se convocan con fines ilegítimos, violencia, estigmatización.

‘Se reitera el uso legítimo de la fuerza bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida, y la integridad de las personas, bienes públicos y privados’, recalcó.

Para Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, el gobierno en vez de garantizar la protesta y atenderla con los estándares internacionales de la Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo ‘la judicializa’.

Es de corte fascista este actuar. Es violar los derechos humanos, subrayó el dirigente sindical.

En el contexto del paro nacional iniciado el 28 de abril, considerado el estallido social más grande de los últimos 70 años, el Comité Nacional de Paro pidió al gobierno firmar un preacuerdo para las garantías a la protesta pacífica.

La exigencia surgió ante la violencia de la fuerza pública contra las manifestaciones pacíficas, pero la administración de Duque no firmó.

Ante esta actitud, el Comité suspendió el paro de manera temporal para evitar más muertes a manos de los uniformados. No obstante, siguen las movilizaciones en Colombia, y también la represión policial.

PRENSA LATINA