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Cuando los Noboa encuentran límites republicanos para su negocio familiar, ajustan la república, no el negocio. Por ello llaman candados constitucionales a lo que el pueblo entiende como derechos

n la mañana del 23 de diciembre de 2024, a una semana de terminar el año como el país más violento de la región, el presidente Daniel Noboa trastabilló en Radio Democracia al hablar sobre la necesidad de “refundar Ecuador” mediante una Asamblea Constituyente. Luego indicó que buscarían a las “personas más preparadas” -quizás académicos cooptados, magnates agroexportadores y expertos en derecho corporativo; insolentes recaderos de la oligarquía, en palabras del presidente Jaime Roldós- para diseñar la nueva Carta Magna. Con esa declaración, Noboa revela la intención de violar la Constitución incluso para cambiarla; expresa la urgencia de la élite bananera por reconfigurar las reglas del juego antes de que estallen las contradicciones de su gobierno.

Solo el planteamiento ya presenta ilegalidades. La Constitución de Montecristi -a la que Noboa juró lealtad al asumir el cargo en noviembre de 2023- exige que los constituyentes sean elegidos por votación popular. El artículo 444 es claro: consulta popular para decidir si hay proceso, elección de asambleístas constituyentes y, finalmente, referendo aprobatorio. Invocar erudición para saltarse la voluntad popular es una confesión sobre la incompatibilidad del nuevo texto con el escrutinio ciudadano. Noboa, reelecto bajo acusaciones de fraude -y en contra de la apertura de urnas-, inaugura una nueva tensión en la ilegalidad: alterar la Constitución violándola desde el primer minuto.

Preguntas urgentes para un proceso innecesario
Pero en dado caso de que la Corte Constitucional apruebe su pedido -una Corte que ha correspondido a las necesidades de los tiempos jurídicos del presidente Noboa-, deben responderse algunas preguntas: ¿para qué necesita una nueva Constitución si dispone de mayoría legislativa -incluyendo alianzas anunciadas en los últimos días- para reformar leyes ordinarias?; ¿qué artículos de Montecristi interfieren con su agenda de modernización, eufemismo que suele ser utilizado para precarización, privatizaciones y tratados corporativos?; ¿cuáles son los diques jurídicos que la Carta de 2008 impone a la acumulación familiar –derechos de la naturaleza, consulta previa y control estatal de sectores estratégicos, prohibición de bases militares extranjeras- que tanto le incomodan?; y, ¿por qué sustituir un pacto social de convivencia aprobado de 2008 por otro redactado a puerta cerrada, si no es para blindar privilegios y administrar la muerte bajo ropaje de seguridad?

La Constitución de 2008 es quizás uno de los últimos diques de contención que todavía frena la conversión del país en una Narcorepública Bananera

La deriva constituyente parece una revancha de clase que intenta desmontar los derechos sociales que sobrevivieron al neoliberalismo del siglo pasado y otros que se obtuvieron después. La Constitución de 2008 es quizás uno de los últimos diques de contención que todavía frena la conversión del país en una Narcorepública Bananera.

entonces ¿qué buscan cambiar?

El libreto es viejo y ha funcionado en otros países: un caso de éxito para los grupos de poder económico y un fracaso para el pueblo. Primero, desbloquear la inversión privada y el control en sectores estratégicos como la electricidad, las telecomunicaciones y la minería, los cuales la Constitución reserva al Estado o exige mayoría pública. A pesar de que la gestión neoliberal provocó apagones de hasta catorce horas, el “hábil” manejo comunicacional -o el control casi absoluto de los medios públicos y privados- logró convencer de que se necesitaba más enfermedad para curar los síntomas. Es decir, fue el momento perfecto para acusar a las empresas estatales de ineficientes y rogar por más libre mercado. Un libre mercado tan dogmático que ignora la tendencia monopólica de los Noboa.

Segundo, reinsertar el arbitraje internacional. Las compañías Noboa, registradas en parte como inversión extranjera, podrían demandar al Estado ecuatoriano si se atreve a cobrar la deuda en el SRI, eliminar las exenciones tributarias o revisar la explotación laboral en los latifundios bananeros.

abrir la puerta a bases militares extranjeras. La prohibición vigente desde 2009 fue una piedra en el zapato para Washington

Tercero, imponer el contrato laboral por horas, negado en la consulta popular de 2024. Noboa necesita flexibilizar las jornadas para reducir costos y expandir la agroindustria, en perjuicio de las condiciones de vida y trabajo de los empleados.

Cuarto, abrir la puerta a bases militares extranjeras. La prohibición vigente desde 2009 fue una piedra en el zapato para Washington, y se resolvió con la llegada de Lenín Moreno, la lealtad de Guillermo Lasso y la sumisión de Daniel Noboa. Pero, además, esta pérdida de soberanía le funciona al gobierno como moneda de cambio para redoblar el discurso bélico que justifica el estado de excepción permanente. Esta postura no es nueva en la historia ecuatoriana: otro presidente también pensó que la soberanía era una mercancía; precisamente, el tatarabuelo de Daniel Noboa.

Es sabido que la historia familiar respalda esta maniobra. Diego Noboa intentó vender las islas Galápagos a Gran Bretaña en 1851 para solventar la deuda externa. Siglo y medio después, Daniel ofrece el archipiélago como plataforma logística, disfrazando la cesión de soberanía como lucha contra el narcotráfico. Las élites económicas y políticas más conservadoras responden igual -independientemente del siglo- cuando perciben amenazas en su tasa de ganancia: subastan el patrimonio nacional como si fuera hacienda privada.

Un nuevo fraude, el Constituyente

Para acelerar el proceso, y a sabiendas de que se requiere elegir asambleístas constituyentes, el gobierno propone reducir de tres a dos los comicios establecidos por la ley. Para ello, argumenta que los asambleístas ya electos podrían ampliar sus funciones y convertirse en constituyentes, con lo cual se ahorrarían tiempo y dinero. En la práctica, el Ejecutivo se beneficiaría al contar con el bloque mayoritario en el Congreso, además de las voluntades compradas de los tecnócratas que redactarían la nueva Constitución. En otras palabras, el golpe ya no sería electoral, sino constituyente.

En Ecuador, esta fachada de mano dura ejecuta un plan de purga social que busca ser respaldado constitucionalmente

Noboa y la administración de la muerte

Es cuando menos lógico que un gobierno que administra la muerte busque una Constitución que la normalice. Hace poco, Noboa legitimó el exterminio en Gaza durante su visita a Israel, donde reafirmó su apoyo al genocidio mientras estrechaba la mano de Netanyahu. En paralelo, el hallazgo de los cuerpos torturados de los niños de Taura expuso la complicidad militar en crímenes de Estado, los cuales el gobierno intentó minimizar y, además, defendió públicamente. En Ecuador, esta fachada de mano dura ejecuta un plan de purga social que busca ser respaldado constitucionalmente. Pretenden que la administración de la muerte sea codificada para blindar a las Fuerzas Armadas, retroceder en derechos, reducir garantías procesales y habilitar el ingreso de mercenarios que mercantilizan la violencia.

Solo el pueblo salva al Pueblo

En un país donde más del 20 % de niños sufre desnutrición crónica y la mitad de los trabajadores vive en la informalidad, la discusión sobre cláusulas constitucionales puede parecer abstracta. Sin embargo, es en ese plano donde se decide si la riqueza se distribuye o se concentra, si la naturaleza se preserva o se explota, si el Estado es garante de derechos o administrador de la muerte.

Una Constituyente diseñada para perfeccionar el instrumento de acumulación por despojo no sanará la crisis; por el contrario, la profundizará en tanto beneficia a las élites cercanas a Noboa. No obstante, el guion neoliberal atenta contra la vida y olvida que las respuestas históricas del pueblo ecuatoriano han sido implacables. La gran movilización de octubre de 2019 demuestra que Ecuador no es una hacienda bananera, aunque los Noboa no lo comprendan.

La última palabra no la tendrán los “eruditos” que trabajen para Noboa, sino las calles y los barrios que reconocen en la Constitución de 2008 un horizonte de dignidad. Solo el pueblo salva al pueblo

La defensa de Montecristi va más allá del respaldo al correísmo como fuerza política que la impulsó; es una causa de campesinos que temen perder el riego comunitario, de comunidades que protegen los manglares, de una ciudadanía que se opone a la venta de la soberanía, y de trabajadoras y trabajadores que rechazan la precariedad como fórmula disfrazada de modernización.

Porque la dignidad no se puede decretar ni mercantilizar. La última palabra no la tendrán los “eruditos” que trabajen para Noboa, sino las calles y los barrios que reconocen en la Constitución de 2008 un horizonte de dignidad. Solo el pueblo salva al pueblo. Y cuando llegue ese momento, el intento de refundar el país como una narcorepública bananera quedará archivado en la misma repisa que la venta frustrada de las islas Galápagos: otro capítulo vergonzoso de las oligarquías ecuatorianas que la soberanía popular supo arrancar y enterrar.

DIÁRIO RED