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La segunda edición del Índice Global de Tortura, presentada el 25 de junio de 2026 por la Organización Mundial Contra la Tortura, incluye a Ecuador por primera vez en su categoría de alto riesgo. El reporte evalúa a 39 países y documenta una brecha persistente entre los marcos legales vigentes y la aplicación efectiva de las garantías contra la tortura. Según el informe, el deterioro de los derechos humanos en el país se vincula directamente al estado de excepción iniciado en 2024, bajo el cual la seguridad pública fue militarizada sin control civil efectivo, lo que habría facilitado detenciones arbitrarias y restricciones a las garantías judiciales y procesales. Entre 2024 y 2026, las estadísticas oficiales recogidas por el reporte registran 369 denuncias por casos de tortura.

Militarización, operativos y sistema penitenciario

El informe señala que la aplicación sistemática de estados de excepción desde 2024 amplió las facultades de las Fuerzas Armadas sin supervisión civil adecuada. Las organizaciones de derechos humanos consultadas por la Organización Mundial Contra la Tortura documentaron, durante las movilizaciones de 2025, 391 violaciones a derechos fundamentales, 206 detenciones arbitrarias, 473 personas heridas y al menos dos fallecidos como consecuencia del uso excesivo de la fuerza. En el marco del denominado Plan Fénix, entre enero y mayo de 2024 se registraron 35.000 detenciones, cifra que el reporte asocia a un posible uso discrecional de las medidas antiterroristas. El documento también consigna al menos 51 desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes del Estado durante operativos de seguridad.

En el ámbito penitenciario, el reporte indica que los 38.299 presos del sistema enfrentan condiciones de insalubridad y hacinamiento extremo, situación que derivó en más de 1.000 casos de tuberculosis en 2025 y en la muerte de 346 internos en Guayaquil durante los primeros meses de 2026. La violencia intracarcelaria incluyó un motín en la prisión de Esmeraldas con 17 víctimas mortales y una explosión en Machala con 13 decesos, hechos que motivaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares para el recinto penitenciario de Guayas. El índice además advierte que, pese a que varias jurisdicciones tipifican el delito de tortura en su legislación penal, sus definiciones no cumplen con los estándares de la Convención contra la Tortura.

Contexto regional

A nivel regional, el informe sostiene que la tortura constituye un problema sistémico en América Latina. De los ocho países evaluados en la región, siete, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, obtienen calificación de riesgo alto o muy alto. Argentina figura en la categoría de riesgo considerable, con un contexto reportado de deterioro de los espacios cívicos y violencia policial. El reporte concluye que seis de los ocho países evaluados en el continente reprobaron en las métricas relacionadas con los derechos de las víctimas y el acceso a mecanismos de rehabilitación.

Fuente: PRIMICIAS