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El presidente profundiza su batalla contra los jueces mientras su partido lucha por no perder la mayoría absoluta en la Cámara

México enfila la recta final de la campaña de las elecciones del 6 de junio con un horizonte político marcado por el choque del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el poder judicial y las autoridades electorales y el intento del presidente de sentar las bases para fortalecer su proyecto en la segunda mitad del sexenio. Las encuestas arrojan unos pronósticos generalmente favorables para Morena, aunque el partido oficial se enfrenta a una probable pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, según una encuesta elaborada por SIMO Consulting para EL PAÍS, y va camino de fracasar en Nuevo León, una de sus principales apuestas. La caída en el Congreso se debe, en esencia, al diseño de los comicios legislativos y a la nueva forma de reparto de los escaños entre las fuerzas que concurren en coalición, pero la formación debe lidiar también con el desgaste y el peso de la gestión del mandatario.

Los ciudadanos están llamados a las urnas en la movilización electoral más grande de la historia del país para renovar la Cámara baja, las gubernaturas de casi la mitad de los Estados y unos 20.000 cargos locales. La campaña ha girado en torno a la figura de López Obrador como eje polarizador de todas las discusiones y el hecho de que la oposición -de las alianzas entre PRI, PAN y PRD a Movimiento Ciudadano- carezca de liderazgos fuertes a escala nacional contribuye a desdibujar su presencia. El presidente tiene una ventaja estructural. Esto es, una exposición constante, desde el púlpito cotidiano de las conferencias de prensa matutinas, que utiliza para librar sus batallas contra sus adversarios e incluso las instituciones federales que, en su opinión, se interponen en su camino.

El cuerpo a cuerpo que más críticas y preocupaciones ha despertado es el que enfrenta al Gobierno y el estamento judicial. El mandatario anunció hace meses una reforma de la justicia que, de momento, se ha traducido en la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, un magistrado progresista que goza de su confianza, y en una campaña de descrédito contra los jueces. La primera decisión, tramitada por Morena en el Congreso, está rodeada de dudas sobre su constitucionalidad. La segunda maniobra ya es parte del proyecto político de la autodenominada Cuarta Transformación.

El argumentario oficialista es sencillo. López Obrador ha apelado a una supuesta lucha contra la corrupción para presionar o cargar abiertamente contra el Poder Judicial cuando sus resoluciones no le convienen. Con ese fin justifica su intromisión en la separación de poderes, al igual que ha ocurrido con el INE o el Tribunal Electoral. El mandatario ha llegado a señalar con nombre y apellidos algunos magistrados, como Juan Pablo Gómez Fierro, que suspendió la reforma eléctrica y la ley de hidrocarburos. “Yo soy muy respetuoso del equilibrio entre los poderes, de la autonomía y la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial, urge una reforma en el Poder Judicial”, manifestó.

A esta operación de desgaste se han sumado algunos representantes del Gobierno. El viernes lo hizo el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán. “Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”, afirmó el jefe de la Armada mientras informaba sobre unas operaciones contra el narcotráfico durante la mañanera del mandatario. En la misma conferencia de prensa, el presidente instó abiertamente a la Suprema Corte a resolver “lo más pronto posible” el caso de Francisco García Cabeza de Vaca.

La investigación contra el gobernador opositor del Estado de Tamaulipas es uno de los episodios que está sobrevolando esta campaña electoral y que ha elevado el tono de la confrontación política. Sobre él pesa una orden de arresto, concedida la semana pasada por la Fiscalía General de la República (FGR), por un supuesto delito de lavado de dinero. El político, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), fue despojado de su inmunidad por la Cámara de Diputados federal, pero el Congreso local rechazó la decisión y votó a favor de mantener el fuero. Esta circunstancia, el choque entre los dos legislativos, dio pie a un cortocircuito institucional que aún no está resuelto. Pero sí ha profundizado la brecha entre Morena y una parte de la oposición, que considera a Cabeza de Vaca víctima de una persecución política.

La Fiscalía también abrió expediente a los dos principales candidatos opositores en Nuevo León, Adrián de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por presuntas prácticas de compra de voto, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), por la financiación de su campaña. Aun así, la candidata de Morena en el Estado norteño, Clara Luz Flores, no ha conseguido remontar en las encuestas desde que el pasado mes de marzo se filtrara el vídeo de una reunión que mantuvo hace cinco años con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, condenado a más de 120 años de cárcel de Estados Unidos por tráfico sexual.

El partido en el poder sí mantiene, en cambio, una sustancial ventaja en el Estado de Guerrero, donde su precandidato, Félix Salgado Macedonio, fue sustituido por su hija Evelyn Salgado Pineda tras ser inhabilitado por el INE y el Tribunal Electoral por no haber justificado los gastos de precampaña. El político guerrererense enfrentaba, además, dos denuncias por violación y otras acusaciones de acoso sexual. La cancelación de su lista enfureció al presidente, que lo había defendido a ultranza tratando de presentarlo como una víctima de persecución, y profundizó su pulso con las autoridades electorales, al igual que con todas las instituciones que han frenado sus planes.

EL PAÍS