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Un informe de la Secretaría de Inteligencia filtrado a la prensa revela seguimientos a referentes políticos, sindicalistas y también grupos de jubilados

La Secretaría de Inteligencia (SIDE) del Gobierno de Javier Milei espía a dirigentes políticos opositores, sindicatos e incluso a grupos de jubilados que reclaman un aumento de las pensiones, según reveló la prensa local. Las operaciones de espionaje se enmarcan en un plan nacional de inteligencia diseñado por el Ejecutivo que, de acuerdo con la denuncia de organismos de derechos humanos, infringe las leyes vigentes. Este lunes, uno de los dirigentes presuntamente espiados hizo una presentación judicial para que se investigue la denuncia.

“Hechos previstos 09JUL25″ se titula el informe de la SIDE que dio a conocer el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. El reporte filtrado consta de nueve carillas y detalla horarios y lugares de actividades públicas y privadas realizadas el pasado 9 de julio por referentes políticos, sociales y sindicales de distintos partidos opositores al Gobierno ultraderechista.

Por ejemplo, incluye datos y precisiones de una reunión celebrada en la ciudad de La Plata por los dirigentes peronistas Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Sergio Massa, excandidato a presidente; y Máximo Kirchner, hijo de la exmandataria Cristina Kirchner. También informa sobre un encuentro que, en su domicilio particular, mantuvo el diputado de origen radical Facundo Manes con Néstor Grindetti, exintendente del municipio bonaerense de Lanús. En otro apartado, cita las protestas que realizan cada miércoles grupos de trabajadores jubilados ante el Congreso, en reclamo de un incremento de sus pensiones.

“Milei sigue la peor tradición de la casta, espiar a los que piensan distinto. Se ve que para eso el Estado no le molesta: desfinancia al Hospital Garrahan, pero les aumenta el sueldo a los ‘servicios’ [espías]”, señaló el diputado Manes, quien presentó una denuncia penal ante los tribunales federales.

La denuncia se sumó a otra causa ya iniciada por el legislador contra el asesor presidencial Santiago Caputo por “amenazas coactivas”. La SIDE es uno de los sectores del Gobierno que están bajo el control político de Caputo, quien increpó públicamente a Manes durante la apertura de sesiones parlamentarias de este año.

La Ley de Inteligencia Nacional estipula que los organismos del área no pueden “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”. Sobre esa base normativa se apoya la impugnación a las tareas que estaría realizando la SIDE.

“Hacer informes como el que se filtró es ilegal y sobre todo antidemocrático”, advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), este lunes. Para el organismo defensor de los derechos humanos, es el propio plan de inteligencia nacional elaborado por el Gobierno el que habilita “la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicos, artistas y cualquier voz crítica”. El CELS planteó ante la justicia, en junio pasado, que el plan de inteligencia es ilegal y denunció por abuso de autoridad al titular de la SIDE, Sergio Neiffert.

Mientras el Gobierno no se pronunció aún sobre el informe de espionaje filtrado, la oposición busca enfrentar la iniciativa desde el Congreso: se presentó un pedido para que sea interpelado el secretario Neiffert y se anunció la pronta convocatoria a sesionar de la comisión bicameral de control de los organismos de inteligencia para analizar las denuncias contra el accionar de la SIDE.

La Secretaría de Inteligencia fue rediseñada y relanzada por Milei el año pasado. Fue, también, motivo de un dolor de cabeza para el presidente ultra: su decisión de aumentar el presupuesto de la SIDE por decreto, mientras la motosierra recortaba otras áreas de la Administración pública, fue rechazada por el Congreso. Aquella fue la primera vez desde el regreso a la democracia, en 1983, en que el Parlamento tumbó un decreto presidencial de necesidad y urgencia.

EL PAÍS