BLOG

La presidenta Dina Boluarte adopta la medida para los próximos 30 días en medio de unas movilizaciones a favor de Castillo que han dejado siete muertos

Perú transita por una cartografía incierta. El Gobierno ha extendido este miércoles el estado de emergencia a todo el país debido a la intensidad de las protestas, que por el momento han dejado siete muertos. Los manifestantes piden la disolución del Congreso y la convocatoria de unas nuevas elecciones, seis días después de que el presidente Castillo diera un autogolpe poco exitoso y acabara detenido. Su sucesora, Dina Boluarte, no ha logrado aplacar el descontento de la ciudadanía, lo que ha provocado cada vez más enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades.

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, ha informado de que la medida se extiende durante los próximos 30 días. “Debido a los actos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos que, ciertamente, ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad por parte del Gobierno”, dijo el ministro. Con el estado de emergencia, los militares se hacen cargo de la seguridad pública y quedan suspendidos algunos derechos básicos, como la libertad de tránsito y de reunión. El Gobierno puede decretar un toque de queda.

Las protestas se desencadenaron el pasado 8 de diciembre, un día después de que Pedro Castillo intentara disolver el Congreso sin éxito. Boluarte trató de calmar la mecha inicial presentando una propuesta de elecciones para abril de 2024, pero resultó insuficiente. El sur del país se declaró en rebeldía. Se cortaron carreteras, aeropuertos y se sucedieron imágenes de vandalismo. Los manifestantes exigen a la presidenta que zanje la crisis actual con una convocatoria inmediata de elecciones. En la ciudadanía ha calado el mensaje de “que se vayan todos”, un grito de hartazgo ante la inestabilidad. En los últimos cuatro años ha habido seis presidentes distintos.

El expresidente Castillo está detenido por tramar una rebelión, pero eso no ha impedido que otros presidentes de la región se solidaricen con su causa. Gustavo Petro está siendo especialmente activo. “La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez ni defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”, escribió el presidente colombiano en Twitter. Días atrás, López Obrador, Alberto Fernández y Luis Arce se habían juntado con Petro para lanzar una carta en defensa de Castillo. Llamaban a “quienes integran las instituciones a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en el libre sufragio”. Fue una forma de desconocer la autoridad de Boluarte.

Castillo ha abrazado este discurso desde su lugar de detención. Se considera todavía el presidente legítimo de Perú, a pesar de que fue destituido por el Congreso después de su maniobra para deshacerse de la cámara. Con la Constitución en la mano, Castillo es un ciudadano más. La Fiscalía trabaja en una acusación que suma más de 50 años de prisión por el intento de autogolpe, a lo que hay que sumar otras 54 causas por corrupción que le abrieron durante su etapa como jefe de Estado del país.

Desde que ha sido privado de libertad, el profesor de escuela ha desarrollado una frenética actividad epistolar. Cada día escribe alguna carta que su gente de confianza difunde. “Fui elegido por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo, por los desposeídos postergados por más de 200 años. Desde que asumí mi mandato, no dejaron ni un minuto en rechazar tal decisión del pueblo. Actitudes nefastas como negarme salir a los hermanos países de Colombia y México. En este contexto difícil, el sector golpista, explotador y hambreador, hoy quieren callar a mi pueblo”, escribió este miércoles.

Su tesis es que el continuo pulso que mantuvo con el Congreso imposibilitó su mandato de 18 meses. Eso es cierto, en parte. Pero también lo es que gobernó desde la improvisación y el descontrol, sin rumbo fijo. No hay ninguna medida de su Gobierno que haya beneficiado a los más pobres. En sus gabinetes se sucedieron ministros, colaboradores, asesores. Más de 100 nombres desfilaron por palacio. Acabó rodeado de políticos conservadores y de extrema derecha. Los presidentes que ahora le respaldan hace meses se cuidaron mucho de incluirlo en lo que llamaban el nuevo eje progresista latinoamericano. Fue tan así que fue queja recurrente de los embajadores peruanos.

La nación se encuentra a la deriva. Boluarte no ha conseguido enderezar el rumbo. El estado de emergencia puede ser una de sus últimas oportunidades para restablecer la calma sin que la represión de las autoridades se le escape de las manos. De no conseguirlo, sus horas estarán contadas. La silla presidencial peruana no deja a nadie bien librado.

EL PAÍS