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La medida enciende el debate político interno y descoloca a oficialismo y oposición «No es un tema de imagen, es de acción, hay que resolver». Así respondió el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a los cuestionamientos surgidos dentro de su propio partido político esta semana tras conocerse que el Gobierno habilitará el uso de vehículos blindados militares para patrullajes de seguridad pública.

La medida se hizo pública el lunes 22, difundida por el semanario Búsqueda, luego de que el ministro del Interior, Carlos Negro, la comunicara durante una sesión sobre seguridad pública la semana pasada en la que se debatía su gestión desde el inicio del gobierno, en marzo de 2025. En ese momento, ningún diputado – del oficialismo ni de la oposición- pareció otorgarle mayor relevancia al anuncio, aunque no era un detalle menor.

Uruguay es uno de los pocos países de América Latina donde las Fuerzas Armadas han permanecido prácticamente al margen de la seguridad interna desde el retorno de la democracia, en 1985. La separación entre defensa nacional y orden público se convirtió en uno de los consensos más sólidos de la transición posterior a la última dictadura cívico-militar.

Aunque el país continúa siendo una de las democracias más estables de la región, hace tiempo dejó de ser aquella pradera de tranquilidad que aún habita parte del imaginario global.

En los últimos años, organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional han utilizado el puerto de Montevideo como plataforma logística para el envío de cocaína hacia Europa, y a Uruguay como centro para el lavado de dinero. Paralelamente, el microtráfico local se ha consolidado en decenas de barrios periféricos de la capital, Montevideo, donde pequeños grupos familiares disputan territorios en la venta de pasta base, como se denomina localmente a la cocaína de baja pureza. Para mantener el control de las zonas donde operan, estas bandas ejercen una violencia constante que se traduce en enfrentamientos armados y homicidios por «ajustes de cuentas».

Ambos fenómenos han desembocado en un aumento sostenido de la población carcelaria, hoy en torno a las 16.000 personas, lo que sitúa a Uruguay entre los 15 países con mayores tasas de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes del mundo. La tasa de homicidios duplica también el promedio mundial, aunque está por debajo del promedio de América Latina, la región más violenta del mundo.

La expansión del crimen organizado también produjo hechos sin precedentes para la sociedad uruguaya: atentados contra fiscales, ataques a dependencias policiales y una creciente influencia de organizaciones criminales – locales y extranjeras- dentro de las cárceles para reclutar y capacitar integrantes.

En ese contexto, la seguridad pública se consolidó como el eje principal de la disputa política. Su gestión es un terreno que se debate de forma permanente entre el gobernante Frente Amplio y la coalición opositora formada por el Partido Nacional y el Partido Colorado, de orientación más conservadora.

Frente al avance del crimen organizado, el Gobierno optó por una medida que puede considerarse radical para un partido de raíces de izquierda, cuya interna alberga desde sectores comunistas hasta corrientes socialdemócratas.

«Para la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa», cuestionó el ministro de Trabajo, Juan Castillo, perteneciente al Partido Comunista.

Más allá de algunos cuestionamientos puntuales, como el de Castillo, la noticia fue recibida en el oficialismo con sorpresa y cautela por parte de dirigentes que aún no tienen claro cómo se implementará la iniciativa.

Por ahora, el gobierno únicamente ha informado que la Policía Nacional utilizará doce blindados Mamba MK7, donados por Estados Unidos en 2024 al Ejército uruguayo para misiones de paz. Serán conducidos por dos militares – los únicos que recibieron instrucción estadounidense sobre su manejo- durante operativos dirigidos íntegramente por la Policía en los barrios más conflictivos de Montevideo.

Se trata de procedimientos de alta intensidad que implican el despliegue de múltiples unidades policiales durante varios días y en distintos horarios, con el objetivo de reducir la violencia. Las zonas en cuestión suelen estar dominadas por grupos criminales que atacan a las fuerzas del orden, en ocasiones con armas de fuego. Un punto en el que Orsi no está dispuesto a ceder: desde el inicio de su administración ha insistido en que en Uruguay, a diferencia de otros países de la región como Brasil, no existen territorios fuera del control del Estado.

«El narcotráfico no tira piedras, tira balas», argumentó Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia y hombre de extrema confianza de Orsi.

Refuerzo contra el crimen organizado

Vista en perspectiva, la iniciativa no debería resultar sorprendente. Por un lado, el gobierno actual ha desarrollado un enfoque académico y técnico de la seguridad pública que incluye la mediación entre grupos criminales para evitar represalias y el alivio del hacinamiento carcelario mediante medidas alternativas a la prisión para delitos menores. Por otro, Orsi ha manifestado públicamente la necesidad de avanzar con mayor firmeza ante el crimen organizado: impulsa la creación de una agencia de inteligencia más potente e incluso dijo que la estrategia de seguridad de El Salvador, encabezada por el presidente de ese país Nayib Bukele, es un modelo que Uruguay debe debatir.

En la oposición hubo unanimidad en el respaldo a la medida y, al mismo tiempo, en atribuírsela: distintos dirigentes señalaron que se trata de una propuesta que han planteado desde hace tiempo, incluso a través de una reforma constitucional impulsada por el Partido Nacional que fracasó en las urnas en 2019 y que proponía la creación de una Guardia Nacional integrada por militares para tareas de seguridad interna.

La coalición del Partido Nacional y el Partido Colorado gobernó el período anterior, de marzo de 2020 a marzo de 2025, pero ante una situación igualmente urgente en materia de seguridad prefirió evitar estas medidas, tanto por reparos de algunos militares como por el temor a una reacción adversa de la opinión pública.

Queda por ver si la nueva disposición será bien recibida por una ciudadanía para la cual la seguridad se ha convertido en la principal preocupación, por encima de la economía, el empleo o la salud. El interrogante no es menor ya que, a un año y medio de gestión, el gobierno de Orsi enfrenta niveles significativos de desaprobación.