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Con apoyo de organizaciones gremiales y sociales, la viuda y los hijos de Santiago Leguizamón piden una ley de protección para la prensa y que se investiguen los crímenes de 22 periodistas

“Hay dos clases de muertes, Humberto. Una es la muerte material, la muerte física. Y otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo”, dijo en su programa de radio el periodista Santiago Leguizamón, director de la emisora Mburucuyá, en la ciudad Pedro Juan Caballero, a 451 kilómetros de Asunción. Fue en la mañana del 26 de abril de 1991, cuando su colega Humberto Rubín le pedía que se cuidara, debido a las muchas amenazas de muerte que recibía por sus investigaciones sobre la mafia fronteriza.

No sabía que esas serían sus últimas palabras. Apenas salió de la radio al mediodía para ir a festejar con sus compañeros el Día del Periodista Paraguayo, tres sicarios le cerraron el paso en la avenida internacional que separa Paraguay de Brasil y lo acribillaron con 21 balazos de pistolas y escopetas. Su mensaje quedó resumido en un mural de homenaje en el mismo sitio donde lo mataron: “Prefiero la muerte física a la muerte ética”.

Tras la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), aquel crimen iniciaría un ciclo con 22 periodistas asesinados y más de 700 ataques contra trabajadores y medios de prensa por parte de grupos criminales y sus cómplices, bajo los sucesivos gobiernos de la transición y la consolidación democráticas.

A más de 35 años del asesinato de Leguizamón, su viuda Ana María Morra, sus hijos y familiares, activistas por los derechos humanos y organizaciones periodísticas reclaman el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2022, condenó al Estado paraguayo por no haber investigado debidamente el caso, permitiendo que quede en total impunidad. Todos ellos se manifestaron el pasado lunes en el lugar donde se cometió el crimen.

Dante Leguizamón, hijo de Santiago y a la vez secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, contó que propusieron a las autoridades hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional ante la sentencia de la Corte IDH en el mismo lugar donde ocurrió el asesinato, pero recibieron una rotunda negativa. En su lugar, les plantearon hacer un acto protocolar en la sede del Poder Judicial, en Asunción, el 27 de julio.

“Ante la negativa, decidimos nosotros como familia y como organizaciones de derechos, venir por nuestra propia cuenta a este sitio de memoria, con el propósito de constituir una acción colectiva para la justicia, los derechos humanos y la libertad de expresión en nuestro país”, explicó Dante.

La región del Amambay, separada apenas por una calle o un camino del estado brasileño de Mato Grosso do Sul, es considerada una “zona roja”, dominada por grupos políticos y económicos que operan con estrechos vínculos con el crimen organizado, principalmente en actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y otras actividades ilícitas. De los 22 asesinatos de periodistas en Paraguay, 9 de ellos ocurrieron en Amambay. Solo 3 casos de los 22 tuvieron una resolución judicial acabada, mientras la mayoría sigue impune.

“Aunque el Gobierno paraguayo se ha allanado y ha reconocido su responsabilidad por no haber investigado el asesinato de Santiago, se ha negado a aplicar varias medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH. No se ha mostrado interesado en reabrir de forma efectiva la investigación penal del homicidio y menos en aprobar un proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, como en crear un fondo destinado a la financiación de programas de prevención y protección a comunicadores. De este modo, permiten que sigan los ataques contra los periodistas y defensores, limitando la libertad de expresión”, indicó el hijo del comunicador asesinado.

El proyecto de ley recomendado por la Corte IDH fue presentado al Congreso el 26 de abril de 2023 por un grupo de legisladores de la oposición, con patrocinio del Sindicato de Periodistas y de la Coordinadora de Derechos Humanos, pero la mayoría del oficialista Partido Colorado ha obstaculizado su tratamiento. En cambio, los legisladores gubernamentales presentaron en 2025 otro proyecto de ley que excluye a los defensores de derechos humanos, buscando proteger solo a los periodistas, eliminando la propuesta de crear una mesa interinstitucional y dejando su aplicación solo en manos del Ministerio del Interior. Este proyecto fue ampliamente rechazado por los sindicatos periodísticos y, desde entonces, se encuentra empantanado en las comisiones parlamentarias.

El asesinato de Santiago Leguizamón es una cuestión incómoda para el Gobierno del presidente Santiago Peña. En el expediente tratado en la Corte IDH se menciona que el crimen habría sido ordenado por el entonces poderoso empresario fronterizo Fahd Jamil Georges, investigado y condenado en la justicia brasileña por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y evasión fiscal.

El denominado “padrino de la frontera” era compadre y socio comercial del entonces presidente paraguayo, el general Andrés Rodríguez, el militar que derrocó al dictador Alfredo Stroessner en 1989 y permitió la transición democrática. Pero el capo también tiene una historia de relación comercial fronteriza con el empresario Horacio Cartes, que fue presidente en el periodo 2013-2018 y actualmente se mantiene como líder del Partido Colorado, el principal dirigente político por detrás del actual mandatario paraguayo.

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