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La Casa Rosada busca que sigan en sus puestos María Dora González, la camarista que avaló la reforma laboral, y Carlos Villafuerte Ruzo, fuertemente cuestionado por Abuelas de Plaza de Mayo.

El presidente Javier Milei busca premiar a la camarista que falló a favor de la reforma laboral y dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). María Dora González hizo méritos suficientes para que el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) inicie el trámite para que se quede en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) después de cumplir los 75 años, como hizo con su colega Víctor Arturo Pesino. La Casa Rosada también impulsa la permanencia de otro magistrado fuertemente criticado por las Abuelas de Plaza de Mayo: Carlos Villafuerte Ruzo.

Este jueves, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial que había iniciado el proceso para que González se quede en la CNAT después de los 75 años, que es la edad límite que establece la Constitución para que los magistrados ejerzan su función.

González cumplirá 75 años en mayo del año próximo, según dijeron fuentes judiciales a este diario. La jueza inició el trámite con tiempo, tal como establece el reglamento que el Ministerio de Justicia acaba de oficializar.

González tiene una larga carrera en la justicia del trabajo. En 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue designada jueza y, durante el gobierno de Mauricio Macri, ascendió a camarista.

Comparte la Sala VIII con Pesino. En abril, ambos encontraron un vericueto para dejar sin efecto la medida cautelar con la que la Confederación General del Trabajo (CGT) había logrado frenar más de 80 artículos de la reforma laboral. Al día siguiente de ese fallo, a Pesino le llegó la retribución: el Gobierno inició el trámite para que permaneciera después de los 75 años.

Al mes siguiente, Pesino y González intervinieron la UOM, algo que únicamente había sucedido en 1955 y 1976. González tiene otros antecedentes que le hicieron ganar algunos puntos ante la administración libertaria: fue la única camarista que votó en sintonía con lo que quería el Gobierno sobre el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70.

Pesino ya consiguió su aval en el Senado para quedarse hasta los 80 en la CNAT. Milei firmó rápidamente su nombramiento. Sin embargo, para el camarista, su tránsito por la Comisión de Acuerdos del Senado distó de ser un trámite grato. El senador peronista Mariano Recalde le preguntó si era consciente de que a él y a González los llamaban Bonnie & Clyde –en alusión a los célebres delincuentes estadounidenses de la época de la Gran Depresión– y de que había versiones de que cobraban por sus fallos.

Después de que se registraran actos de repudio a sus fallos, la Lista Celeste, que aglutina a los sectores más progresistas del Poder Judicial, salió en defensa de González y pidió que se la preservara frente a escraches o casos de hostigamiento.

González deberá ser convocada a la Comisión de Acuerdos del Senado y conseguir los votos del pleno, pero tiene tiempo para alcanzar el nuevo nombramiento. Lo mismo deberá hacer Villafuerte Ruzo para quedarse en el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, que ocupa desde hace 31 años.

Villafuerte Ruzo entró al Poder Judicial en la década del ’70 mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tenía un tío camarista que facilitó su ingreso. Por aquellos años, descubrió que había un “Carlos Villafuerte” que era buscado por las fuerzas represivas y él, rápido de reflejos, decidió agregarse el apellido materno, por lo que pasó a ser Villafuerte Ruzo.

Antes de ser juez federal de San Nicolás, ejerció como fiscal en San Isidro. Villafuerte Ruzo tuvo a su cargo investigaciones de fuerte impacto, como la muerte de Carlitos Jr. Menem, por la cual fue denunciado por Zulema Yoma. También recibió acusaciones por la pesquisa en torno a la masacre de Ramallo de 1999, que se produjo tras una toma de rehenes en el Banco Nación que derivó en una matanza orquestada por la policía.

El 6 de agosto pasado, la Corte Suprema dejó sin efecto los sobreseimientos con los que Villafuerte Ruzo había beneficiado al juez Juan Carlos Marchetti y a los otros funcionarios judiciales que en 1976 posibilitaron la apropiación de Manuel Goncalves Granada después del operativo en el que fue asesinada su mamá, Ana María Granada.

Villafuerte Ruzo coleccionó críticas por su actuación en causas de lesa humanidad. Desde la fiscalía, Juan Murray denunció que había cajoneado durante seis años un expediente para favorecer al excomisario Luis Abelardo Patti. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó impulsó un reclamo ante la Corte Suprema para que Villafuerte Ruzo fuera apartado de las causas por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.

Para Milei, González y Villafuerte Ruzo tienen pergaminos suficientes para quedarse en la judicatura. No tuvo el mismo criterio con Martín Irurzun, el camarista de Comodoro Py que está en un limbo desde que el 18 de julio pasado cumplió 75 años. Sin apoyo del Ejecutivo ni aval del Senado, Irurzun judicializó su situación, pero la Corte Suprema no da señales de resolverla por ahora.

Irurzun estuvo 32 años en la Cámara Federal porteña, pero su momento de mayor exposición fue durante el macrismo: en aquellos años quedó al frente de la oficina de escuchas de la Corte, que funcionó como una verdadera usina de filtraciones, y dio nombre a una doctrina que permitió encarcelar preventivamente a exfuncionarios kirchneristas por supuestamente gozar de un “poder residual” que podría obstaculizar investigaciones.

Milei no solamente busca moldear el Poder Judicial a través de la permanencia de algunos jueces que sintonizan con los deseos de la Casa Rosada. Tras la designación de Juan Bautista Mahiques en Justicia, el Presidente también impulsa la llegada de nuevos magistrados: jueces, fiscales y defensores.

En poco menos de cinco meses, Milei envió 203 pliegos al Senado para que sean tratados. El Presidente ya firmó más de cien designaciones y se entusiasma con ser el mandatario que más postulaciones haya promovido en tan corto tiempo desde que existe el Consejo de la Magistratura, tal como buscó resaltar su vocero Adrián Ravier en la última conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El Gobierno, por ahora, no muestra sus cartas para la Corte Suprema después del fracaso de sus designaciones en comisión. En el Ministerio de Justicia reconocen que trabajan en una reforma para achicar y concentrar el poder en los tribunales de Comodoro Py y, en paralelo, ampliar la justicia federal en las provincias.

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