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Nicolás Maduro pacta con sectores opositores minoritarios y centra su apuesta en el desarrollo armónico de unas elecciones parlamentarias organizadas en sus términos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha anunciado que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro convocado de forma unilateral e impuesto por la fuerza por el chavismo en la crisis política de 2017, cesará sus funciones en diciembre de este año. La medida se ha discutido y aprobado en el seno de la propia ANC, a partir de una propuesta hecha por el legislador Pedro Carreño. Diosdado Cabello, jerarca del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente del foro deliberante chavista, manifestó que la Asamblea “seguirá cumpliendo con sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2020”.

Maduro, por su parte, ha comentado que el organismo estará encargado de emitir “un conjunto de decretos” antes de las elecciones parlamentarias organizadas por el régimen para diciembre de este año. El mandatario hizo la declaración en cadena nacional durante una reunión del PSUV organizada a través de Zoom, que marcó el regreso público de Diosdado Cabello, quien está recuperándose del contagio de la covid-19 desde casa.

El anuncio de Maduro ha sido interpretado como una huida hacia adelante: aunque todavía no hay nada firme, la oposición cree que puede ser un intento del chavismo de organizar un referéndum para aprobar una nueva Constitución producto de los debates constituyentes -o modificar la actual para fortalecer sus intereses hegemónicos-, mientras organiza, en sus términos, las nuevas elecciones parlamentarias con sectores minoritarios y moderados de la oposición dispuestos a participar. Una jugada para estabilizar el país, aliviar la presión internacional y recobrar credibilidad interna y externa.

Hace pocos días, 21 organizaciones opositoras vinculadas a la presidencia interina de Juan Guaidó anunciaron su decisión de no participar en una consulta electoral que consideran fraudulenta, ventajista y asimétrica, similar, según afirman, a la que hizo posible la reelección presidencial de Maduro el 30 de mayo de 2018. Los comicios de aquel entonces fueron desconocidos por Estados Unidos, Europa y la gran mayoría de las naciones latinoamericanas, además de la propia oposición, de la cual muchos partidos fueron impedidos de participar.

El chavismo ha pactado con la denominada Mesa de Diálogo Nacional la conformación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, cediendo a estos pequeños partidos algunos espacios en su seno. En este contexto, la renuncia de uno de ellos, Rafael Simón Jiménez, abrió paso a la inmediata designación de Leonardo Morales. Este acuerdo ha excluido a la Asamblea Nacional, la única instancia con facultades constitucionales para adelantar ese proceso, dominada en este momento por la oposición leal a Juan Guaidó, el presidente del organismo opositor.

Con ese acuerdo “ganar-ganar” con Maduro que no ha sido anunciado formalmente, los pequeños partidos de la Mesa de Diálogo podrían abultar sus diminutas dimensiones actuales e incluso intentar algunas modificaciones en la gestión chavista “desde adentro”, como muchos de ellos suelen afirmar. En un escenario de alta abstención, el chavismo podría retener el control del nuevo parlamento, afincado en su poderoso aparato organizativo político militar. Se trataría en esta ocasión de calzarse el sombrero democrático, argumentando haber celebrado una consulta plural.

En su declaración televisada, Nicolás Maduro se dedicó a destacar “lo que mucha gente desconoce” sobre la realidad venezolana. “Más de 100 organizaciones de todo el espectro ideológico” van a participar en esta consulta parlamentaria, dijo. Además, argumentó que históricamente el chavismo “ha organizado 21 consultas electorales, de las cuales ha salido ganador en 19, ganando además limpiamente la presidencia de la república y la mayoría de las gobernaciones y las alcaldías de este país”.

La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 fue convocada unilateralmente por el chavismo en medio de la grave crisis de orden público de aquel año, cuando durante cuatro meses hubo multitudinarias protestas en contra de Maduro en todas las calles del país, con un saldo de 117 muertos y miles de heridos. El estallido se desencadenó luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el chavismo, emitió, el 30 de marzo de 2017, asumió funciones legislativas y anuló todas las atribuciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Para la Constituyente, convocada por Maduro en mayo, el Gobierno redactó sus propias bases comiciales, inaceptables para la óptica opositora. Llamó a unas elecciones sin organizar un referéndum consultivo para tal efecto, como lo obliga la Constitución de 1999 y como hizo en su momento el propio Hugo Chávez. El día en el cual se celebró la consulta, hubo 19 muertos en protestas.

Un poder paralelo

Asumida como “plenipotenciaria y supraconstuticional” por la militancia del PSUV y la cúpula militar, la Constituyente ha devenido en una especie de Poder Legislativo paralelo, tutelando el marco regulador del país y emitiendo algunas “leyes constitucionales”, como la famosa Ley contra el Odio, que criminaliza a la disidencia porque establece penas severas, de entre 10 y 20 años de prisión, contra todo lo que sea considerado una incitación al odio.

Los contenidos y debates del hipotético nuevo proyecto constitucional chavista han tenido muy poco relieve, y la propia ANC ha bajado notoriamente su incumbencia pública en este tiempo. El constituyente chavista Hermann Escarra llegó a afirmar hace unos meses que el nuevo texto constitucional del chavismo ya está listo y solo espera su oportunidad para ser aprobado.

EL PAÍS