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Un nuevo frente de batalla en la arena política se ha abierto en México. El proyecto para reformar la Ley de Telecomunicaciones devuelve al Ejecutivo la facultad de regular y administrar el espectro radioeléctrico, la gran autopista de la que dependen la radiodifusión, el internet y la telefonía. Para la oposición, el retorno a una rectoría gubernamental del espectro, tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el órgano independiente que cumplía esa función, esconde un ánimo de censura y control del Gobierno. Un artículo referente a la posibilidad de bloquear plataformas digitales a discreción del Ejecutivo ha alimentado esas sospechas. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha negado intenciones censoras y ha pedido al Senado, donde se discute la iniciativa, cambiar la polémica redacción. La fracción morenista, la mayoritaria, busca aprobar la ley en el pleno el lunes, pero la propuesta ya ha comenzado a sacar chispas durante su tránsito por las comisiones legislativas.

La iniciativa restituye al Ejecutivo la facultad de administrar el espectro radioeléctrico a través de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Su principal poder será el de otorgar las concesiones para la explotación del espectro, lo que incluye la supervisión de su uso y la imposición de sanciones, que pueden conducir a la revocación del permiso. Es de las atribuciones que más ámpulas saca en la oposición, aunque, de acuerdo con los analistas, las causales para cancelar una concesión deben ser graves y en esencia no cambian respecto de la ley en la materia de 2014, que es la que se reformará con la propuesta de Sheinbaum. «México históricamente no ha revocado concesiones. Tiene que pasar algo muy grave. Por ejemplo, que la empresa [titular de la concesión] cambie la ubicación de su transmisor sin permiso de la autoridad, o cambie las frecuencias desde las cuales transmite», señala Gabriel Sosa Plata, especialista en política de medios.

La presidenta confiaba a inicios de semana en que su iniciativa se aprobaría sin mayores resistencias y por unanimidad, visto el rechazo generalizado que provocó la emisión en México de la polémica campaña antiinmigrante de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, a través de los canales de televisión abierta más populares. Ese fue el gran detonador de la reforma. Sin embargo, a medida que se conocen detalles de la propuesta, aumentan las resistencias, que podrían conducir a que la iniciativa no alcance a aprobarse antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Los concesionarios de radio y televisión, con Televisa y TV Azteca a la cabeza, los dos más poderosos, han comenzado a mover las aguas y han expresado al Gobierno su inconformidad por lo elevado de las multas previstas por la emisión de propaganda extranjera, como la patrocinada por Washington.

La oposición ha manifestado su preocupación especialmente por el artículo 109 de la iniciativa, que plantea que, a petición de «las autoridades competentes», la ATDT podrá «bloquear temporalmente» una plataforma digital «en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables». El proyecto indica que la Agencia determinará posteriormente cuál será el procedimiento para «bloquear» una plataforma digital. El documento no detalla qué supuestos ameritarán un bloqueo ni a qué plataformas se hace referencia, pero los críticos han señalado que en esa categoría se encuentran las redes sociales, las plataformas de streaming – desde YouTube a Netflix- o los servicios de mensajería – como WhatsApp o Telegram- .

La presidenta Sheinbaum ha reconocido que la redacción del artículo es problemática y ha pedido corregirla. La mandataria ha precisado que llegar al extremo del bloqueo únicamente procedería por asuntos de seguridad nacional, falta de pago de impuestos por parte de la plataforma o la violación de otras leyes. En todo caso, ha señalado, la ATDT avisará previamente de la decisión a la compañía en cuestión. «Pero no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas», ha puntualizado. «Jamás sería nuestra intención censurar, siempre hemos estado en contra de la censura», ha indicado. Sin embargo, algunos representantes del oficialismo no han contribuido mucho a la calma. En el Senado, durante la discusión de la iniciativa en comisiones este jueves, Lizeth García, del PT – aliado de Morena- , defendió la facultad del Gobierno de censurar contenidos por razones políticas. «La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales, tienen un poder inmenso. El Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir al pueblo», dijo.

La oposición llevó la discusión al terreno del autoritarismo. «Quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo, quieren controlar lo que se dice del radio, lo que sale en la televisión. Pero ahora no tienen límites: quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control», ha advertido Ricardo Anaya, coordinador de la fracción del PAN. Alejandra Barrales, senadora de MC, señaló que el Gobierno «pretende regular la forma en que los mexicanos vamos a acceder a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que queremos compartir». El priista Manuel Añorve repuso que «ni Maduro, ni Ortega, ni Chávez se atrevieron a tanto. Y eso es decir mucho». «El Gobierno es jugador, árbitro y dueño de la cancha», ilustró.

Fuera del ámbito institucional, el magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, ha emprendido una campaña mediática contra la iniciativa, a tono con su costumbre de usar su concesión del espectro para atacar políticas adversas y a los funcionarios que le han criticado. «Es tiempo de un gobierno controlador, que busca centralizar también la información; de un gobierno y una presidenta que podrían despertarse un día y cerrar medios como en los países más comunistas, solo porque no informan [de] lo que quieren escuchar», ha dicho un conductor de noticias de la cadena. Salinas Pliego, que ha subido el fragmento a su cuenta de X, ha complementado: «Si esto avanza, lo que les espera a los mexicanos es vivir en un país donde el gobierno les cuente cuentos todos los días, les mienta y les diga que ‘van muy bien’, cuando en realidad se los esté llevando la chingada».

El senador Javier Corral, del bloque gobernante, ha pedido abrir un periodo de mayor análisis de la reforma. «La prisa no es buena consejera», ha escrito en X. «Como todo proyecto legislativo, tiene áreas de oportunidad para perfeccionarse, y definir de mejor manera algunos conceptos e involucrar a otros actores. Y habrá que avanzar en el futuro para dotar de colegialidad, garantías de imparcialidad y neutralidad a la Agencia Digital, al asumir tal concentración de facultades y competencias». Sosa Plata considera que el hecho de que el Gobierno recupere el control del espectro radioeléctrico no es un problema por sí mismo, y que, al contrario, marca un límite al enorme poder que han acopiado los concesionarios. «La ley de 1960 la hicieron los empresarios. Es la primera vez que los grupos mediáticos más importantes de este país no regulan al sector. Esta es la enorme diferencia histórica que estamos viendo. Es obvio el enorme enojo que esta ley está causando a los dueños de las televisoras, porque ellos eran los que establecían las reglas del juego», afirma el especialista.

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